ERC no da por perdida la 'ley mordaza' y busca pactar una nueva iniciativa un día después de votar en contra

Un día después de votar en contra de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) quiere presentar una nueva iniciativa que incluya los 36 puntos ya acordados y las cuatro cuestiones que, finalmente, se quedaron fuera de la ley: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

Fuentes de la dirección del partido explican que ya se han puesto en contacto con EH Bildu —que también votó en contra del dictamen de la comisión— y con Unidas Podemos para tratar de presentar esta iniciativa de manera conjunta. Sin embargo, desde la formación abertzale aseguran que "en estos momentos no hay ninguna conversación sobre esta cuestión": "Si ERC decide impulsar una propuesta, la estudiaremos como hacemos con todas", puntualizan.

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Esto contrasta con lo que señalan desde ERC. Desde el partido dirigido por Gabriel Rufián aseguran que si el acuerdo con los morados no es posible, la iniciativa se presentará con EH Bildu. Los republicanos son conscientes del coste que puede suponer el hecho de que, gracias a sus votos, se mantenga la actual ley tal y como la aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015.

Desde ERC evitan hablar de plazos, pero sí admiten que la tramitación debe ser "rápida" ya que la legislatura concluye a finales de este año. Pero lo cierto es que esta proposición de ley no tiene visos de prosperar, ya que cualquier acuerdo requiere al PSOE y los socialistas ya han dejado claro que los cuatro puntos que reclaman las formaciones independentistas quedan fuera del amparo de la ley.

La iniciativa de la formación independentista incluiría los cambios ya pactados en el seno de la negociación como la introducción de un criterio de proporcionalidad vinculado a la capacidad económica del infractor, la reducción de los tiempos de identificación en comisaría o el hecho de que ya no sea necesario comunicar con antelación la celebración de manifestaciones, entre otras cuestiones.