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El 'escándalo Oxfam' pone en el punto de mira los protocolos de las ONG contra el acoso sexual

Peatones pasan delante de una tienda Oxfam en Londres.

El escándalo de los casos de prostitución y abusos sexuales de ONG como Oxfam y Save The Children no cesa. Este mismo miércoles, Médicos Sin Fronteras hizo público que su organización detectó durante 2017 un total de 24 casos de acoso o abuso sexual dentro de la organización, una revelación que se suma a las que han publicado varios medios británicos que ponen en el punto de mira a un sector, el de la cooperación internacional, que depende en buena medida de la financiación pública y las cuotas de sus socios.

El primer caso en salir a la luz lo hizo el viernes pasado, cuando el diario The Times publicó que varios de los trabajadores de Oxfam destinados en Haití contrataron prostitutas, algunas de ellas menores de edad, para realizar orgías en las dependencias de la organización. El escándalo se ha llevado por delante a la directora adjunta de la ONG, Penny Lawrence, después de que el periódico también revelase que Oxfam conocía las quejas sobre la conducta anterior de dos de sus empleados supuestamente implicados en los abusos y que únicamente realizó una investigación interna cuando conoció los hechos, en lugar de recurrir a la justicia.

Desde la semana pasada, también se han conocido más casos de abusos por parte de personal de Oxfam en Chad, y el escándalo ha llevado a que organizaciones como Save The Children o Médicos Sin Fronteras reconozcan que en sus ONG también han detectado decenas de estos casos solo el año pasado: 31 en el caso de Save The Children, según publicó The Times, y 24 en el caso de Médicos Sin Fronteras, tal y como hizo público la propia organización este miércoles. Y es que, lejos de ser casos excepcionales, lo ocurrido en el seno de Oxfam era una "cuestión sistemática", según denunció Hellen Evans, que se encargó entre 2012 y 2015 de liderar el equipo encargado de investigar abusos dentro de la ONG.

En España, más de 8.400 personas trabajan de forma remunerada en ONG dedicadas al desarrollo. Pero, ¿existen mecanismos de prevención y denuncia dentro de las propias organizaciones para atajar estos comportamientos? Contactada por infoLibre, Oxfam España declinó hacer declaraciones antes de la rueda de prensa que ofrecerán este jueves para dar explicaciones sobre el escándalo José María Vera, director general de la ONG en España, y Pilar Orenes, su directora de Recursos Humanos. Por el contrario, David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save The Children, explica que su organización sí cuenta con un protocolo para evitar y denunciar el acoso sexual, aunque hace hincapié en que con "25.000 trabajadores en todo el mundo" es muy difícil evitar todos y cada uno de estos episodios.

Un buzón confidencial de denuncias

"Es una realidad que existe el acoso y los abusos sexuales, pero en nuestro sector y en todos", señala Del Campo, que afirma que la ONG es "consciente" del problema y por ello tiene mecanismos para tratar de atajarlo. El responsable explica que Save The Children cuenta con un "buzón electrónico anónimo" al que cualquier trabajador víctima de acoso por parte de otro miembro de la organización se puede dirigir de manera anónima y del que se recibe respuesta "en 24 horas".

Las denuncias recibidas, señala Del Campo, se estudian y "se elevan a una comisión que estudia el caso" y decide si adoptar medidas: de hecho, según los datos de la propia ONG, solo durante el año 2017 tuvieron que despedir a 16 trabajadores por acoso sexual, ninguno de ellos en España, como recuerda el responsable. Aunque eso, apunta Del Campo, solo ocurre cuando el supuesto acoso es "entre adultos", cuando la decisión de acudir o no a los tribunales queda en manos de la víctima. Por el contrario, si se recibe una denuncia sobre abusos sexuales a menores "se lleva inmediatamente a la justicia".

Save The Children cuenta además con un protocolo específico para tratar de evitar las agresiones sexuales contra menores de edad, explica el responsable. Ese código de comportamiento establece, por ejemplo, que un responsable de la ONG no puede quedarse a solas con menores de edad si no hay otro trabajador de la organización presente. "Yo, por ejemplo, no puedo estar solo con niños, ni puedo llevarlos en mi coche a ningún lado si no me acompaña otra persona", ejemplifica Del Campo, que también apunta que todos los trabajadores –contratados y voluntarios– de Save The Children tienen que presentar un certificado que pruebe que no han cometido delitos sexuales al comenzar a trabajar en la ONG.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras explica en su página web que cuenta con buzones confidenciales de correo para denunciar "comportamientos inapropiados o abusos", y asegura que sus trabajadores alientan "a las víctimas o testigos" a que notifiquen los posibles casos de abuso. En 2017, la ONG recibió 146 "quejas formales y avisos" sobre "abusos de poder, discriminación, hostigamiento y otras formas de comportamiento inadecuado", de los que 40 fueron tomados en consideración. De ese número, "24 fueron de acoso o abuso sexual", y dos de los casos "fueron situaciones de abuso sexual u hostigamiento por parte del personal de MSF contra" pacientes o ciudadanos ajenos a la organización". "En total, de estos 24 casos de acoso o abuso sexual, 19 personas fueron despedidas; el resto recibieron sanciones, advertencias o suspensiones", explica la organización.

La práctica a la hora de denunciar los hechos es muy similar a la que sigue Save The Children. Según su web, Médicos Sin Fronteras "siempre respeta la decisión que tome la víctima en cuanto a si desea llevar o no un asunto ante la justicia" en el caso de los adultos, mientras que si el abuso sexual es contra menores "la política de MSF es informar del caso a las autoridades judiciales siempre que se considere que esta medida resulta la más adecuada para los intereses del niño y dependiendo a su vez de la disponibilidad de dichos procedimientos judiciales".

La fiscalización pública

Las organizaciones no rinden cuentas ante ninguna institución sobre las malas prácticas de sus empleados, pero sí que tienen que cumplir requisitos sobre protocolos de actuación para combatirlos si quieren recibir subvenciones públicas. Así lo explica Del Campo, que señala que una de las instituciones más exigentes en sus evaluaciones es la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO, en sus siglas en inglés), la agencia de la UE que se encarga de coordinar la ayuda europea a las ONG dedicadas a la cooperación internacional. 

Cada dos años, explica el responsable de Save the children, la UE audita tanto las cuentas como las políticas seguidas por las organizaciones a las que entrega fondos públicos. Y no vale únicamente con que la ONG en cuestión tenga protocolos: tiene que "demostrar que los implementa", asegura Del Campo. 

Además, las principales organizaciones españolas son inspeccionadas cada cuatro años por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que evalúa "criterios cualitativos y cuantitativos relativos a la experiencia, solvencia financiera, transparencia o recursos humanos" de las organizaciones y les otorga una suerte de sello de calidad si pasan su examen. Según un informe de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, a la que pertenecen las 76 principales ONG españolas dedicadas a la ayuda internacional, en 2015 estos colectivos recibieron casi 500 millones de euros: 300 procedentes de aportaciones privadas y 198 de fondos públicos.

Oxfam pierde 1.200 socios solo en España

Pero pese a esta fiscalización, los escándalos ocurren, y el hecho de que se hayan destapado ha sido un golpe para las ONG afectadas. Solo en España, Oxfam –que, además de los abusos, ha visto como su presidente a nivel internacional, Alberto Fuentes, ha sido detenido acusado de corrupción mientras era ministro de Finanzas de Guatemala– ha recibido la solicitud de baja de 1.200 de sus socios, una cifra que asciende hasta 4.100 en toda Europa.

Por el contrario, Del Campo afirma que el escándalo ha tenido un "mínimo impacto" en la base de socios de Save The Children España, pero sí reconoce que en los últimos días la ONG está recibiendo cientos de llamadas de inscritos pidiendo explicaciones. "Claro que afecta a la credibilidad del sector, y nos dificulta las cosas porque nos obliga a hablar de cosas que no forman parte de nuestro trabajo diario", lamenta el responsable, que sin embargo se muestra satisfecho de que su organización tenga una base de socios "muy leal".

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