En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.
En 2025, España cuenta con 50 universidades públicas y 48 privadas, una diferencia mínima que podría desaparecer ya en 2026 si prosperan los proyectos que dependen únicamente de la tramitación parlamentaria en varias comunidades autónomas. El sorpasso de la universidad privada, impensable a finales del siglo XX, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad inmediata.
Este giro se produce mientras la universidad pública arrastra una infrafinanciación estructural que limita su capacidad para ampliar plazas, contratar profesorado o reforzar la investigación. En ese vacío avanza la universidad privada, con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ante lo que el propio Ejecutivo define como una "expansión sin precedentes", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el pasado octubre un endurecimiento de los criterios para frenar lo que Pedro Sánchez denominó "universidades chiringuito".
Para Montse Rius, investigadora y portavoz de UCM por la Pública, el problema es que durante años se ha construido un "carril rápido" para la privada. "En Madrid, para montar una universidad privada, hasta ahora bastaba con el apoyo del Gobierno autonómico. No importa que los informes técnicos sean negativos y aunque prometan que en tres o cinco años lo arreglarán, luego nadie lo comprueba", señala.
Baleares busca su primera privada
La insistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Baleares, por contar con su primera universidad privada está acelerando aún más el proceso. El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por la escuela universitaria ADEMA, con 31 votos a favor de PP y Vox, siete en contra de Més per Mallorca y 17 abstenciones del PSOE. Además, el Gobierno de Marga Prohens lo ha tramitado por la vía de urgencia, alegando la necesidad de atender la demanda formativa. Una decisión que ha desatado críticas por las prisas, la falta de transparencia y la sensación de "legislación a la carta".
El proyecto sigue adelante pese a un informe técnico muy crítico del ministerio, que cuestiona su solvencia financiera, el capital social aportado, las previsiones ante un eventual cierre, la debilidad de la investigación y la ausencia de másteres iniciales y de convenios suficientes para prácticas externas en ciencias de la salud. En julio, ADEMA se desvinculó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para asociarse con la privada Isabel I, un campus online con sede en Burgos, con el objetivo de ampliar la oferta de grados de su proyecto universitario.
La urgencia política contrasta con la situación de la universidad pública. La UIB está infrafinanciada y ya sufre un grave déficit de plazas de prácticas clínicas. Mario Devis, representante de CCOO Educación en Baleares, alerta de que la competencia por los recursos y el profesorado puede agravar un problema ya existente. "En grados como Enfermería o Fisioterapia faltan plazas de prácticas. Esto aumenta la segregación, porque muchos estudiantes no pueden asumir los costes más elevados de la privada, mientras la inversión en lo público avanza lentamente o se estanca", subraya.
Extremadura: de UNINDE a la Universidad Abierta
Si Baleares se encamina hacia su primera universidad privada, Extremadura ha pasado en pocos años de no tener ninguna a manejar varios proyectos simultáneos. El que aparece mejor posicionado para convertirse en la siguiente en aprobarse es la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta y concebida como universidad a distancia. A diferencia de otros expedientes, cuenta con un informe favorable —aunque condicionado— del ministerio, que exige garantías adicionales sobre la formación del profesorado, la calidad de la plantilla y las prácticas. Este aval sitúa a Planeta a un paso de culminar el proyecto, a la espera de que se reactive la actividad parlamentaria en la región.
En paralelo, Extremadura aprobó el pasado octubre su primera universidad privada, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE). PP y Vox sacaron adelante el proyecto con la oposición de Unidas por Extremadura y la abstención del PSOE, que denunció "atajos y prisas" del Ejecutivo de María Guardiola. La Junta tramitó la ley por lectura única, sin debate en comisión ni posibilidad de enmiendas, un procedimiento que, según la oposición, vacía de deliberación parlamentaria una decisión que condiciona la estructura educativa de la región durante décadas.
Tras tres años de tramitación, la polémica reside en que UNINDE contó con un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria y con objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Además, el proyecto prevé iniciar su actividad en bajos comerciales y en el centro comercial Las Vaguadas (Badajoz). Un formato que el informe técnico considera poco idóneo y sin garantías para una universidad con ambición investigadora. El dictamen ministerial cuestiona también la solvencia financiera, la escasez de profesorado, la vaguedad del plan de investigación y la falta de garantías documentales.
Tras UNINDE, esperan turno otros dos proyectos que ya se enfrentarán al marco más exigente del Ministerio: la universidad virtual CEU Núñez de Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, y la Universidad Europea de Extremadura, con Medicina como principal reclamo. Desde CCOO Extremadura y la Universidad de Extremadura advierten de que la proliferación de privadas puede suponer la puntilla para una universidad pública ya asfixiada por la infrafinanciación, al abrir una competencia directa por alumnado, profesorado y, sobre todo, por unas plazas de prácticas claramente insuficientes.
Madrid, el paraíso de 14 privadas
Madrid es, con diferencia, el territorio donde este ecosistema está más consolidado. La Comunidad concentra ya 14 universidades privadas y recientemente ha aprobado la IE University Madrid. Al mismo tiempo, mantiene vivos proyectos con informes técnicos negativos, como la Universidad Internacional de las Artes (TAI) y la Universidad Felipe II, dos expedientes que evidencian el choque entre el criterio técnico del ministerio y la voluntad política autonómica.
En el caso de TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, los técnicos dudan de su viabilidad con el capital declarado. Consideran insuficientes los fondos para afrontar las inversiones previstas, alertan de la ausencia de convenios claros de prácticas y advierten de que la plantilla docente sería demasiado reducida para el volumen de grupos proyectado.
En el proyecto Felipe II, promovido por capital chileno y sin partir de ningún centro universitario previo, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe cuestiona su capacidad para absorber las pérdidas iniciales, la falta de garantías bancarias, la incertidumbre sobre las sedes y el incumplimiento de la inversión mínima en investigación. También pone en duda que pueda garantizar las prácticas obligatorias, especialmente en titulaciones sanitarias.
Solo cuatro comunidades restringen que haya cargos de la universidad privada en gobiernos de la pública
Pese a ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar ambos proyectos en reserva y aplazar la decisión para reactivarlos más adelante. Esta estrategia coincide con un momento especialmente tenso para la universidad pública madrileña en términos de financiación, plantillas y capacidad de absorber demanda. "La Comunidad de Madrid quiere poner todavía más fácil la creación de privadas. Se insiste en la colaboración público-privada y en que, si una privada no tiene doctorado o instalaciones, recurra a convenios con la pública. Eso no es complementariedad, es sostener proyectos privados con recursos públicos", denuncia Rius.
Los proyectos ante los nuevos criterios
Más allá de los expedientes avanzados, otras iniciativas repartidas por distintas comunidades deberán someterse a los nuevos requisitos endurecidos por el ministerio que dirige Diana Morant. En Aragón se tramitan propuestas como The Power University, la Universidad Internacional de Aragón y NCI Aragón; en Asturias, la Universidad Europea de Asturias; en Andalucía, la Universidad Internacional Antonia Guerrero, y en Canarias, la Universidad Digital. Todos estos proyectos deberán acreditar músculo financiero, capacidad investigadora y calidad docente si quieren salir adelante.
Con 48 universidades privadas frente a 50 públicas y varias aprobaciones en marcha, 2026 puede ser el año en que la balanza se incline definitivamente. El debate de fondo, coinciden sindicatos y expertos, no es solo cuántas universidades privadas puede haber, sino el riesgo de que se consolide un modelo orientado al mercado y a la rentabilidad rápida en detrimento del sistema público.
En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.