España se asoma a un año electoral decisivo sin haber hecho los deberes en la lucha contra la desinformación

Un hombre consulta las noticias a través de las redes sociales.

Gobiernos de todo el mundo implementan desde hace años medidas para evitar que la manipulación de la información en las redes sociales pueda influir en el resultado de las elecciones. Bruselas lleva pidiendo desde 2018 a los socios de la Unión Europea que actúen para prevenir tanto los incidentes de ciberseguridad como las campañas de desinformación.

Pero en España seguimos igual que hace tres años, cuando se celebraron las últimas elecciones generales. Y eso a pesar de que el Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), tiene desde hace meses encima de la mesa una completa batería de propuestas para mejorar la capacidad de respuesta de la democracia española frente a la desinformación.

Y no es porque falten evidencias del riesgo que corren las democracias. Hay constancia del fenómeno desde hace seis años. Los casos más paradigmáticos de desinformación conocidos públicamente hasta la fecha se dieron en 2016 tanto en el referéndum del Brexit del Reino Unido como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que llevaron. Donald Trump a la Casa Blanca.

Se ha comprobado que la desinformación puede tener efectos más pronunciados en contenidos políticos que en temas sobre terrorismo, desastres naturales, ciencia o información financiera y que impacta en la construcción de la realidad por parte de los ciudadanos, hasta el punto de influir en su percepción y toma de decisiones, aun a sabiendas de su origen deliberadamente ficticio. Así consta en el documento Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional publicado el pasado mes de septiembre.

Es verdad que de momento no hay evidencia científica de su influencia en opiniones, actitudes o comportamientos políticos, pero sí de sus efectos estructurales sobre el sistema democrático, “porque la desinformación afecta a la raíz de la base de la confianza, que es la legitimidad de los elegidos”. 

En España la mayor parte de la desinformación difundida durante las elecciones generales de noviembre de 2019, las elecciones al Parlament de Catalunya de febrero de 2021 y las elecciones a la Asamblea de Madrid del mismo año —cuando se redactó el informe aún no se habían celebrado las convocatorias de Castilla y León y Andalucía— entraba dentro de la categoría de contenido fabricado (100% falso, diseñado para engañar y dañar), engañoso (para incriminar a alguien o algo) o manipulado (manipulación de información o imágenes genuinas para engañar).

La experiencia recogida muestra que en la mayoría de ocasiones se trata de textos publicados en tuits, sistemas de mensajería instantánea (WhatsApp) o redes sociales, pero también capturas de pantalla de esos mismos contenidos. Aparecen además notas de voz y vídeos y fotos manipuladas o fuera de contexto.

La motivación del bulo está relacionada siempre con la política y casi siempre se dirige a desacreditar al gobierno, a un partido político o candidato y/o a la integridad y fiabilidad del propio sistema electoral, según el informe en poder del DSN.

Red estatal

En España, siguiendo las recomendaciones de la UE, funciona desde 2019 la llamada Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales, aunque sólo se activa cuando hay elecciones convocadas. Entre sus competencias está garantizar el proceso electoral, proteger el uso de datos personales, establecer procedimientos frente al riesgo de ciberataques y combatir la desinformación en línea y las llamadas noticias falsas.

Esta red permitió dar respuesta rápida a algunas incidencias detectadas, como la caída de algunas webs institucionales, así como la detección de diversas actuaciones que podrían enmarcarse en el ámbito de la desinformación, pero cuya relevancia finalmente no se consideró de la entidad suficiente como para poner en marcha acción alguna, según el informe elaborado para el DSN.

Las propuestas para combatir las campañas de desinformación en procesos electorales que el Gobierno tiene encima de la mesa están agrupadas en función de su destinatario. Hay recomendaciones dirigidas a los partidos políticos, a la sociedad civil, a las plataformas, a los medios de comunicación, a la administración pública, a la Junta Electoral Central y al Congreso de los Diputados.

El informe parte de la base de que “la lucha contra la desinformación en los procesos electorales es una labor conjunta de la sociedad civil y los servidores públicos del Estado” que pasa por la colaboración de periodistas, plataformas digitales, organizaciones de la sociedad civil, verificadores de datos, académicos, partidos políticos y poderes públicos. 

Y propone atacar el problema a partir de tres ideas básicas. La dos primeras son que la desinformación se combate con información y transparencia y que la educación cívica es el antídoto contra la desinformación. La tercera es que “ante campañas de desinformación cada vez más sofisticadas son necesarias medidas de prevención a través de la cooperación público-privada para detectar, prevenir y combatir los ataques durante las campañas electorales. Normas claras y procedimientos ágiles por parte de los poderes públicos, políticas de plataformas digitales con avanzadas metodologías de prevención contra las operaciones de influencia contra los ciudadanos y las instituciones; y un periodismo de calidad, riguroso y honesto”.

El informe propone al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para el asesoramiento y el seguimiento en la lucha contra la desinformación electoral y varias reformas de la Ley Electoral para introducir herramientas de alfabetización mediática y vigilar campañas.

También han propuesto al Ejecutivo suprimir la prohibición de publicación de encuestas durante los últimos días de las campañas y extremar los requisitos para su difusión porque “la experiencia repetida” de multitud de procesos electorales señala que la información críticas sobre los sondeos (texto íntegro de las preguntas y número de personas que no responden entre otras cosas) “se publica de manera completa”. 

Cambios legales

Los representantes de la sociedad civil consultados por el DSN apuestan también por reforzar la ley para impedir la publicación de “anuncios políticos digitales durante la jornada de reflexión” y desarrollar una nueva legislación sobre la publicidad electoral digital que incluya “una definición exhaustiva, coherente con las normas de la Unión Europea, y uniforme de lo que ha de considerarse como publicidad política digital”.

Hace falta además, subrayan, un registro de publicidad electoral que aúne en un sitio web, gestionado por la Administración electoral competente, un repositorio, de acceso fácil y libre, que permita ver todos los anuncios de carácter político publicados o emitidos en los distintos medios y plataformas digitales.

El informe propone igualmente reformar las competencias de la Junta Electoral para que pueda “recabar cuanta información y apoyo tecnológico precise de cualquier entidad, ya sea pública o privada”. Y que el Tribunal de Cuentas asuma facultades de control jurisdiccional y contable de las normas relativas a las cuentas y gastos electorales de las candidaturas, ampliando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas exigidos a las diferentes candidaturas y especificando y publicando en formato abierto los gastos realizados en publicidad electoral.

A los partidos políticos, los expertos consultados por el DSN les propone reforzar su seguridad digital, acordar un código de conducta contra la desinformación e “identificar debidamente toda publicidad electoral en cualquier medio o plataforma tecnológica, así como cualquier recurso pagado para persuadir al electorado como, por ejemplo, la contratación de personas influyentes (los llamados influencers)”.

También les exigen que cuando contraten un servicio de publicidad política digital proporcionen toda la información necesaria y veraz para que la plataforma cumpla con la ley y les recomiendan que, “en un ejercicio de transparencia, informen sobre las organizaciones o empresas contratadas para la creación, producción y gestión de la publicidad digital electoral”.

Las plataformas sociales tampoco se quedan al margen de las peticiones de los expertos. Entre las muchas recomendaciones que les hacen, les piden que distingan la publicidad política de cualquier otra, que etiqueten las cuentas automatizadas (bots), que contraten equipos específicos para combatir la desinformación en periodo electoral o que desarrollen herramientas para que lo usuarios puedan desactivar los anuncios electorales.

A los medios y a las organizaciones de verificación, el informe también les pone deberes. En primer lugar, haciendo “el esfuerzo por difundir y publicar la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada”, tal y como ya hacen algunos en la actualidad, entre ellos infoLibre. Los medios deben publicar “la información relevante sobre su propiedad, su gobierno y su información económica, así como la creación y divulgación de contenidos editoriales”.

También reclaman medidas de transparencia para “medios estatales extranjeros que operan en nuestro país a través de canales de TDT” obligándoles a advertir de su propiedad o de sus vínculos.

Este amplio y ambicioso catálogo de propuestas, que sigue en un cajón y para el que Gobierno se ha quedado prácticamente sin tiempo para implementarlas antes de las elecciones de mayo, fue redactado a petición del DSN bajo la coordinación del profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra Jordi Rodríguez Virgili. Incluyen aportaciones de organizaciones de verificación (EFE verifica y Maldita.es), plataformas tecnológicas (Twitter, Meta, Microsoft) y organizaciones de periodistas (la Red de Colegios Profesionales, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España). También participaron la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, el Real Instituto Elcano, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y académicos de las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid.

El Departamento de Seguridad Nacional evitó responder a las preguntas de infoLibre sobre este asunto.

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