El 'estraperlo' globalizado obligó al Gobierno a pagar 50 millones por batas en vez de solo uno

Eclipsada por el terror ante los efectos de la pandemia, la especulación económica con los materiales de protección sanitaria ha disparado la factura pública hasta extremos desconocidos. En espera de los análisis definitivos, lo ejemplifican tres contratos suscritos a finales de marzo, es decir, en plena escalada de las cifras de contagio y muerte. Los tres quedaron sellados para la adquisición de batas desechables. Con el primero, rubricado con una empresa española el día 23 de ese mes, cada prenda salía a 0,28 euros. Sumando aranceles (el 10% del importe sin IVA), con el segundo y el tercero, cada unidad subió a 15,58 euros y 22,06 respectivamente. Ambos habían sido firmados respectivamente también por la vía de emergencia con compañías chinas los días 26 y el 27, es decir, menos de una semana después.

En total, se adquirieron 3.606.200 batas. Pero si todas hubiesen podido ser obtenidas al precio de las 606.200 que entregó la primera mercantil de la lista, la española Suministros Hospitalarios SA, el coste total habría sido de un millón de euros en números redondos. En cambio, esa triple operación superó los 50 millones. ¿Cambió el Ejecutivo de interlocutor porque por alguna razón prefería como proveedores de batas desechables a las compañías China National Instruments Import&Group Corporation y Weihai Textile Group Import@Sport Co. Ltd, las dos con sede operativa en el gigante asiático? No. Acudió a ellas porque, según fuentes del Ministerio de Sanidad, Suministros Hospitalarios SA había aportado "todas sus existencias en batas, guantes y mascarillas".

El ministerio confirma así lo que la cifra de unidades adquiridas en aquel contrato de batas –606.200– ya anticipaba. Encontrar suministros dentro en España se había vuelto misión imposible aunque desde semanas antes de la declaración del estado de alarma –14 de marzo– el Ministerio había mantenido conversaciones con las empresas del sector, aseguran fuentes conocedoras de aquella carrera contrarreloj. 

Hasta ahora, y según una información publicada hace 10 días por el diario El País, Sanidad ya lleva gastados 1.012 millones en compra de material sanitario. Cuando vio la luz ese número, el paradigma de precios inflados ya eran las mascarillas: el Gobierno había pagado hasta 28 veces más por algunas con la misma protección que otras más baratas. Uno de los contratos, firmado con la compañía HongKong Travis Asia,  Limited, domiciliada en esa región administrativa especial, implicó el pago de 196,58 millones a cambio de 56,2 millones de mascarillas FPP2.

Lo que, incluso sin vulnerar las reglas del libre mercado y a falta de datos totales, cabría denominar como estraperlo globalizado a tenor de ejemplos como los citados en el primer párrafo, ya había hecho acto inmediato de presencia nada más estallar la crisis del coronavirus. Pero otros contratos, entre ellos tres más recientes y para el suministro de gel desinfectante de manos,  ilustran el patrón de comportamiento en cuanto a la abrumadora diferencia de precios impuesta por la búsqueda forzosa en el mercado internacional.

Aquí, la secuencia fue opuesta a la anterior:  el primer contrato, cuando en las farmacias no había forma de encontrar solución hidroalcohólica, fue suscrito el 26 de marzo con la empresa china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co., Ltd para que facilitase 260.000 envases de medio litro. El precio: 2,99 euros por unidad sin tener en cuenta el IVA ni los aranceles, factores que elevaron la cifra final a 1.020.885 euros. Un mes más tarde, el Gobierno logró que dos empresas locales, Antonio Puig SA y Productos Capilares L’Oreal, SA, se convirtieran en suministradoras de ese mismo producto. Y de nuevo la altura del peldaño de los precios se hizo visible: 1,50 euros sin IVA para 265.000 envases de 400 mililitros en el caso de L'Oreal, lo que elevó la compra total a 480.975,00; y entre 1,55 y 1,65 también sin IVA y dependiendo del tipo de envase para las 263.424 unidades de 500 mililitros contratadas, lo que cerró en 525.926 euros el importe total. En resumen: el precio de la compañía asiática duplicó, literalmente, el de las dos españolas.

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En un país abocado a afrontar una crisis económica de consecuencias todavía imprevisibles, la falta de material profiláctico para evitar la expansión del covid-19 se tradujo de inmediato en que los precios habían dejado de ser negociables. Ni había ya tiempo para licitaciones mediante concursos públicos abiertos ni la bola de nieve de unos precios abusivos iba a detenerse en las faldas de las batas desechables.

Las prisas y la urgencia del procedimiento negociado sin publicidad –o sea, la adjudicación a dedo, aquí hecha a la carrera– han conducido incluso a un error del que no es posible encontrar precedentes: en apenas tres días (entre el 28 de abril y el último día del mes, el 30), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el BOE publicó 14 adjudicaciones a empresas domiciliadas en "dirección desconocida". Esos 14 contratos sumaban más de 306 millones. Y en su mayoría tuvieron como beneficiarias a compañías chinas, aunque también figuran en la lista dos españolas y una suiza con delegación al parecer abierta en el municipio barcelonés de Gavá. Entre los adjudicatarios con "dirección desconocida" se cuenta la empresa a la que España debe abonar 196 millones por las mascarillas FPP2.

Este lunes, el Ministerio ya volcó en el portal de contratación las direcciones oficiales –y al menos mercantilmente conocidas– de las empresas cuya localización no figuró en los ciados anuncios del BOE ni en el Diario Oficial de la UE (Doue).