El 'caso Ayuso'

Eva Piera Roja declaró como testigo ante la Guardia Civil por un contrato menor investigado en 'Púnica'

Uno de los documentos en los que aparece la firma de Eva Piera.

A. S. C.

Tras más de un lustro dedicándose en exclusiva al sector privado, la exviceconsejera del Gobierno madrileño Eva Piera Rojo ha saltado nuevamente a la palestra a raíz del denominado caso Ayuso. Tal y como ha revelado infoLibre, la que fuera número dos de Economía del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se encargó de mediar a favor de Isabel Díaz Ayuso ante Avalmadrid cuando formaba parte del Consejo de Administración de la entidad semipública, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la propia Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% del capital cada uno–. Ayuso quería obtener información sobre el préstamo de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica, empresa participada por los padres de Díaz Ayuso. Y sitúa de nuevo el foco sobre una exviceconsejera de Economía que el pasado 25 de octubre tuvo que prestar declaración como testigo ante la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la trama PúnicaPúnica, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. 

infoLibre ha intentado recabar la versión de Eva Piera sobre el asunto, pero ha declinado responder a las preguntas planteadas.

El pasado mes de febrero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dio un impulso a las pesquisas que salpican al PP madrileño aportando a la Audiencia Nacional un detallado informe en el que se relataban “actos de favorecimiento” por parte de cargos públicos de la Comunidad de Madrid a la firma El Laboratorio de Almagro 36 SL, una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral a los conservadores madrileños en 2011 y que, según la Guardia Civil, habría “enmascarado gastos electorales” al PP de Madrid “al objeto de facilitar la financiación por encima del techo de gasto permitido”. “Los referidos tratos de favor de los que se ha beneficiado la empresa El Laboratorio de Almagro –sostienen los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado– se circunscriben a la adjudicación de contratos y desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid y a un marco temporal concominante con los comicios electorales investigados, y en donde habrían intervenido cargos públicos de la Comunidad de Madrid”.

La UCO detalla en el informe que los responsables de la empresa contaban con “contactos” que les proporcionaban “favores y ventajas” a la hora de conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Así, la Guardia Civil recalca que la trama funcionaba con un “modus operandi muy singular” consistente en “obtener favores” de “cargos y funcionarios públicos” de la Comunidad de Madrid para adjudicarse licitaciones “de manera encubierta, empleando para ello una empresa interpuesta que hace de pantalla en la adjudicación”. “Se aseguran la obtención de beneficios sin figurar como adjudicatarios de ninguna licitación”, apunta el informe. En este sentido, el Instituto Armado recalca la existencia de una “peculiar simbiosis” entre El Laboratorio y la formación conservadora en Madrid. Por un lado, recalca que la compañía tenía una “activa participación” en el “enmascaramiento de gastos electorales” del que se beneficiaba el PP madrileño. Por otro, se “beneficiaba de la obtención de favores por parte de los cargos públicos pertenecientes” al PP de Madrid.

Las pesquisas arrancaron en marzo de 2017, después de que la Unidad Central Operativa localizase documentación sobre la participación de la firma de publicidad en “las fases de licitación y ejecución” de un contrato de la Consejería de Economía y Hacienda centrado en una campaña orientada a incentivar el pago de impuestos entre los madrileños, valorado en 212.990 euros. Así, los expertos en delitos contra la Administración consideran acreditado, por un lado, que El Laboratorio “contó con información privilegiada antes de la publicación del concurso, lo que le permitió anticiparse varias semanas en la preparación de la oferta técnica, frente a los tan solo ocho días que dispusieron el resto de licitadores por tramitarse el citado contrato público por el procedimiento de urgencia”. La investigación, por otro lado, considera demostrada la “participación encubierta” de la firma de publicidad: aunque la adjudicataria fue Thinking Forward Spain SL, la empresa que “actuaba realmente como adjudicataria en la sombra” y que ejecutó la práctica totalidad de la licitación fue El Laboratorio.

“Desvío de fondos públicos”

Pero el informe policial, en el que se incluyen numerosos correos electrónicos en los que directivos de la firma de publicidad aseguran tener “contactos” y “amigos” en la Comunidad de Madrid, no solo confirma las sospechas que existían sobre esta licitación. También permite obtener “sólidos elementos probatorios” que acreditarían que el exviceconsejero de Presidencia madrileño Borja Sarasola y el ex secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda Francisco Lobo habrían participado en “el desvío de fondos públicos” con el único objeto de “beneficiar los intereses privados” de El Laboratorio “a instancia y en concierto con los responsables de la empresa”. Así, la UCO sostiene que todos ellos “habrían planificado y ejecutado diferentes actos que conllevarían el inicio de un expediente de contratación menor” con unas “necesidades inventadas”. En concreto, el contrato tenía por objeto recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre la fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid”.

“Articulándose finalmente la emisión de una factura falseada respecto al importe de dinero público facturado y abonado –21.228,20 euros– en comparación al importe real de los costes que verdaderamente fueron ejecutados, cifrados en tan solo 1.416 euros”, sostiene la Guardia Civil, que detalla que la “finalidad pretendida” no era otra que la de “sufragar unos gastos relacionados con el aplazamiento de la ejecución” del contrato principal investigado que tenía El Laboratorio con otra compañía. En total, la UCO sostiene que se detrajeron 19.812,40 euros de dinero público “a través de una factura en la que se justificaron unas necesidades ad hoc que parten de una finalidad espuria y cuyos costes reales fueron mínimos”. Es decir, que el beneficio logrado por la principal firma de publicidad que participó en la campaña del PP madrileño para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011 fue de un 93,33% del total facturado.

Piera reconoce su firma pero no haber firmado

Fue en el marco de este contrato menor cuando se puso sobre la mesa el nombre de Eva Piera. Como viceconsejera de Economía, su firma aparecía en varios documentos del expediente. Por un lado, en una factura emitida por El Laboratorio el 31 de diciembre de 2011 por importe de 21.228,20 euros a la Consejería de Economía y Hacienda. Con esa misma fecha, la rúbrica de Piera también estaba presente en el documento ADOK obrante en el expediente de contratación, que ponía de manifiesto que la número dos de Economía “conformaba la recepción de la factura” presentada por la compañía y “firmaba la propuesta de pago y a su vez la aprobación del mismo”. “Completa la documental obrante en el referido expediente de contratación menor un certificado emitido el mismo día 31 de diciembre de 2011 –también con la firma de Piera– (…) por el cual certificaba que los trabajos realizados por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL habían sido realizados de conformidad”, añade el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Con toda esta documentación sobre la mesa, Piera declaró el 25 de octubre de 2018 como testigo ante los agentes del Instituto Armado. En su comparecencia, la que fuera número dos de Economía del Gobierno madrileño reconoció su rúbrica en los documentos pero “en ningún caso” admitió haber firmado esos papeles –es más, negó la caligrafía que acompañaba a una de estas firmas–, tal y como consta en el acta de declaración a la que ha tenido acceso infoLibre. En este sentido, Piera señaló que era “llamativo” que la firma se produjese el día 31 de diciembre y apuntó que ella “nunca hubiese firmado un ADOK en una fecha como esa”. Además, resaltó que “jamás” ha trabajado un sábado –ese 31 de diciembre caía en sábado– de forma “presencial” en las dependencias administrativas de la Consejería de Economía y aportó un correo electrónico para intentar justificar que el día de la firma se encontraba de vacaciones lejos de Madrid. Por último, señaló que no reconocía “ni el contrato menor” y que nunca se reunió con algún responsable de El Laboratorio, una compañía que no conocía y de la que aseguró no conocer a nadie.

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