La falta de control del Congreso sobre sus letrados lo expone a la injerencia de intereses privados

El ascenso al Tribunal Constitucional (TC) de Enrique Arnaldo, letrado del Congreso propuesto por el PP y cuya prolífica actividad privada plantea graves dudas que no han impedido su nombramiento, ha dejado al descubierto una política susceptible de ser resumida en dos palabras: manga ancha. Esa política es la que la Cámara Baja aplica a sus letrados, funcionarios de alto nivel, en lo referido a  incompatibilidades y potenciales conflictos de interés ligados al ejercicio privado de la abogacía.

De la escueta versión recabada en fuentes del Congreso se infiere que dar soporte legal a la sede de la soberanía popular no se contradice, por ejemplo, con ser apoderado de una gran empresa del sector eléctrico y representarla en los tribunales. Ni con ostentar el cargo de secretario del consejo de un gigante del mercado bursátil. Lo que los portavoces consultados en la Cámara Baja se limitan a decir es esto: que una vez concedida la compatibilidad, se entiende que el funcionario "puede ejercerla de acuerdo con las normas del Estatuto [del Personal de las Cortes Generales]". El Congreso –añaden las fuentes– la otorga  "presuponiendo el buen ejercicio de la actividad".

Según los datos oficiales, de los 36 miembros del Cuerpo de Letrados del Congreso, nueve tienen a día de hoy concedida la compatibilidad para ejercer la abogacía como actividad privada. Al frente de la lista y hasta su toma de posesión como nuevo magistrado del tribunal de garantías, fijada para este jueves, aparece el ya citado Enrique Arnaldo. Pero su forma de compaginar actividad pública y privada no constituye un caso único.

De hecho, el ejemplo de que un letrado del Congreso represente de forma simultánea a una gran compañía eléctrica es real. El de que ocupe el cargo de secretario en el consejo de administración de una empresa bursátil, también. Ambos tienen como protagonista a una misma persona: uno de los letrados del Congreso a quien distintos juristas consultados consideran de gran altura profesional, Luis María Cazorla Prieto. En los últimos años, Cazorla ha representado en múltiples litigios a Iberdrola, en la que desempeña el cargo de apoderado, según los datos actualizados del Registro Mercantil. Es asimismo secretario del consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros [pinchando aquí puedes acceder a toda la información de la compañía que obra en poder de la CNMV]. Este periódico pidió a sus interlocutores del Congreso que trasladasen a Cazorla una pregunta: la de si cree que está garantizada la independencia de los funcionarios que de forma simultánea a su trabajo al servicio de Estado mantienen vinculaciones profesionales con empresas privadas. No hubo respuesta. 

Fuentes parlamentarias aseguran que Cazorla nunca ha pedido excedencia. Sí la pidió otro letrado, Pedro Peña Jiménez. Mientras estuvo fuera, perteneció al consejo de Vodafone en calidad de secretario: desde 2004 hasta 2017. Y representó a la compañía en al menos un procedimiento judicial. Ahora –no hay constancia de en qué fecha exacta– ha vuelto al Congreso. Y ha logrado de nuevo autorización para ejercer la abogacía como actividad privada.

El bufete ligado al exministro Michavila aún existe

Atrincherado en un silencio sepulcral sobre todo lo que se ha ido conociendo sobre Enrique Arnaldo –de sus contratos públicos a su relación con involucrados en casos de corrupción, como el expresidente balear Jaume Matas y el madrileño Ignacio González–, el ya virtual magistrado del Constitucional no ha sido objeto de ninguna investigación interna. Hace 12 años, dos letrados del Congreso miembros de un bufete al que también estaba ligado el exministro de Justicia del PP José María Michavila –EIUS SL– fueron objeto de expediente disciplinario justamente por los contratos públicos obtenidos. Uno de los dos expedientados, Alberto Dorrego, pidió la excedencia. El otro, Andrés Jiménez Díaz, se quedó. 

Este martes, infoLibre confirmó que EIUS SL permanece registralmente activa. Y que Jiménez Díaz, letrado asignado cada legislatura a la comisión de Presupuestos, continúa, según la información mercantil disponible online, como administrador mancomunado. No obstante, y según las últimas cuentas de EIUS (2019), la firma lleva inactiva desde 2018, aunque mantiene activos por 173.500 euros. Por qué no ha cesado Jiménez Díaz en su cargo es una incógnita. Al igual que en lo que respecta a Cazorla, este periódico pidió a los portavoces del Congreso que le transmitieran la solicitud de que explicase por qué permanece en un bufete que terminó bajo sospecha por sus labores de asesoramiento a consistorios locales y a otras administraciones como el madrileño Canal de Isabel II. Fuentes extraoficiales consultadas aseguran que el expediente disciplinario se cerró. Ni se sabe cuándo ni las claves del cerrojazo.

El Estatuto de los funcionarios de las Cortes atribuye al Cuerpo de Letrados el asesoramiento jurídico de las funciones de asesoramiento jurídico y técnico de todos los órganos parlamentarios, así como "la redacción, de conformidad con los acuerdos adoptados por dichos órganos, de las resoluciones, informes y dictámenes, y el levantamiento de las actas correspondientes". Pero no solo eso. Los letrados del Congreso tienen en sus manos "la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas, ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional". Así que las preguntas siguen en el aire: ¿afecta o puede afectar de algún modo que un letrado del Congreso se inserte en la estructura de una empresa a la que, como ocurre con Iberdrola, el Gobierno abrió en verano una investigación por el vaciado de embalses? ¿Cómo evitar que se produzca un choque de intereses públicos y privados?

Lo único cierto es que la elástica interpretación del Congreso sobre las actividades compatibles permite así que letrados del Congreso ocupen cargos orgánicos en firmas privadas: enfrentadas al Gobierno o que obtienen contratos de distintas administraciones públicas. Lo segundo es exactamente lo que hizo Arnaldo pese a que el Estatuto del Personal de las Cortes Generales lo prohíbe. Pero el hombre que en menos de 24 horas se sentará en el tribunal que vela por la preservación de los principios constitucionales sostiene que el artículo del Estatuto que tacha de incompatible la consecución de contratos de suministros, obras o servicios (el 62.c) nunca le ha afectado. ¿Por qué? Porque la empresa de la que fue administrador solidario hasta noviembre de 2020 daba "asistencia jurídica" y no de servicios. Esa es su versión.

Un letrado del Congreso actuó en nombre de Iberdrola en 16 procesos contra el Estado y comunidades autónomas

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¿Existe algún mecanismo de supervisión, vigilancia o control? No. ¿Y cortapisas o límites al ejercicio de la abogacía para evitar que la misma persona que desempeña su labor al servicio de Estado pueda primar, voluntaria o involuntariamente, los intereses de alguna organización o persona jurídica o física de carácter privado? No. En la Unión Europea (UE) –y así lo ha confirmado bajo petición expresa de anonimato un experto que presta servicio en Bruselas–  los controles no garantizan seguridad total pero ponen serios obstáculos a que alguien se aventure en un momento dado por terrenos pantanosos. La normativa es tan estricta que incluso obliga a solicitar el cambio de puesto si el cónyuge de un funcionario realiza alguna actividad que pueda colisionar con el trabajo de su marido o su esposa. La UE mantiene incluso en su web un formulario de denuncia de hipotéticos casos de conflicto de intereses. Puedes consultarlo pinchando aquí.