Elecciones

La falta de una mayoría garantizada y la sombra de un adelanto electoral dificulta la reforma del voto exterior

Una mesa de votación durante la jornada electoral andaluza.

En las elecciones generales celebradas en 2011, 2015 y 2016, menos del 10% de los españoles residentes en el extranjero solicitaron el voto. Antes, en los comicios de 2008, el porcentaje de quienes votaron fue mucho más elevado: 32%. Esta diferencia tiene una explicación. El Congreso de los Diputados aprobó, con los votos del PSOE y el PP —y el respaldo de CiU y el PNV—, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Fue en 2011, justo el año en el que la participación electoral de los españoles que emigraron descendió tan abruptamente. Lo hizo por la modificación del artículo 75, que se redactó de la siguiente manera: "Los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero deberán formular mediante impreso oficial la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral". De este modo se introdujo el denominado voto rogado: en vez de recibir directamente las papeletas y los sobres para votar, los emigrantes españoles tenían que solicitarlas. Esa figura podría estar ahora a punto de desaparecer.   

Es lo que pretenden PSOE y Unidos Podemos. El pasado viernes presentaron en la Cámara Baja una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral para que esta figura, tan controvertida por sus efectos sobre la participación, desaparezca. Y quieren que lo haga, además, antes de los comicios del 26 de mayo, cuando se celebrarán elecciones autonómicas, municipales y europeas. Para ello, la Mesa del Congreso aprobó este martes tramitar por el procedimiento de urgencia y de lectura única la propuesta, un sistema que permitirá acortar a la mitad los plazos ordinarios de debate y votación en el Pleno.

De este modo, la reforma podría ser aprobada si el PSOE se asegura los apoyos que le valieron durante la votación de la moción de censura. A partir de este miércoles empieza el proceso de negociación para que las matemáticas vuelvan a ponerse del lado de los socialistas —y de Unidos Podemos—, pero el debate y la votación de los Presupuestos que se celebra esta semana en la Cámara podría ralentizar todo, según informan fuentes del PSOE a infoLibre.

De hecho, la Marea Granate, la plataforma en torno a la cual se han agrupado algunos emigrantes españoles, no ve tan claro que la reforma esté lista para el próximo 26 de mayo. "No estamos seguros de que la reforma llegue a tiempo, los trámites van a ir demasiado justos", explica María Almena, portavoz de la organización. 

Desde Unidos Podemos, en cambio, se muestran optimistas y creen que saldrá adelante. Si Ciudadanos ha apoyado la tramitación de urgencia, dicen fuentes del partido, no se opondrán a que se apruebe la reforma. "En principio contamos con que va a salir porque Ciudadanos también parece dispuesto a apoyarlo. Vamos a ver qué hacen, pero confiamos en que, tras su decisión de hoy [por este martes] de apoyar en la Mesa aprobar la tramitación urgente y por lectura única, se posicionen también a favor y se lleve a cabo una reforma que ellos también venían pidiendo desde hace tiempo", aseguran desde Unidos Podemos. 

No obstante, las mismas fuentes admiten que, en caso de que las elecciones generales se adelantaran al próximo mes de abril como se vino barajando estos días, la reforma no estaría lista. Para que lo esté el 26 de mayo, el Pleno tendrá que aprobarla antes del 2 de abril, la fecha en la que se convocarán oficialmente las elecciones municipales y autonómicas. 

El PP se aparta y Ciudadanos duda

Por ahora, la posición que está clara es la del Partido Popular. El pasado mes de octubre, el PSOE trasladó al Congreso un informe con algunas sugerencias para suprimir el voto rogado. Y algunas de ellas han sido ahora incluidas en la proposición. Los conservadores ya criticaron entonces lo propuesto y, además, condicionaron la supresión de la fórmula del ruego del voto a que la nueva alternativa que se aprobara ofreciera garantías equivalentes a las que se aplican en España para el voto por correo o la delegación de trámites. De hecho, el pasado jueves, un día antes de que PSOE y Unidos Podemos registraran su proposición, los conservadores presentaron otra propuesta, tal y como informó El País: que los españoles residentes en el extranjero que opten por votar por correo deban presentar un "certificado acreditativo de su identidad", en el que conste su voluntad de acogerse a esta fórmula. Lo tendrían que obtener antes de cada cita en las urnas y de manos de un fedatario público. 

Ana Belén Vázquez, diputada del PP, explica que la iniciativa que firman PSOE y Unidos Podemos plantea propuestas que ya habían lanzado los conservadores. "Nosotros queremos que se elimine el voto rogado", asegura en conversación telefónica. Pero discrepan en la forma. "Nosotros apostamos por el voto en urna, por facilitar a la gente que pueda acceder a los centros de votación, y el que no pueda hacerlo, que vote por correo", afirma. Pero para ello, insiste en la necesidad de que se emita un certificado "de un notario o un funcionario" con el objetivo de evitar fraudes. 

Sobre este punto concreto, explica, han pedido opinión a la Junta Electoral Central. Pero si no diera tiempo y el Pleno se celebrara antes, no apoyarán la propuesta. 

Todo esto, a juicio de Unidos Podemos, no son más que trabas que evidencian el poco interés de los conservadores en llevar la reforma adelante. "Con el PP nunca hemos contado, por supuesto", aseguran. "Nunca dijeron que no quisieran explícitamente, pero por los hechos han demostrado y demuestran que no quieren", añaden. 

Ciudadanos, por su parte, no lo tiene claro. Fuentes del partido aseguran a preguntas de este diario que están "empeñados en acabar con el voto rogado" y en hacerlo, además, antes del 26 de mayo. Pero no creen que la fórmula elegida por PSOE y Unidos Podemos sea la mejor. "Nos suscita dudas por dos temas: la papeleta en blanco, sobre todo, en el Senado, por cómo puede afectar a las únicas candidaturas abiertas; y dudas sobre las garantías de la identificación del votante, para evitar posibles fraudes", explican. 

"Ante estas dudas, creemos que las tiene que resolver la Junta Electoral Central, ya que es el órgano técnico que se pronuncia sobre estos temas", explican. Y reiteran: "La reforma ha de hacerse, pero hay que hacerla bien. No nos oponemos a la tramitación urgente". 

Papeletas en blanco y más días para votar

Para Almena, en cambio, lo que plantea la reforma ya es correcto. "Nos parece una reforma positiva, es un primer paso muy esperado y que tiene bastantes elementos que van en la buena dirección", celebra. Esos elementos son, por ejemplo, la utilización de las papeletas en blanco y la ampliación de los plazos para emitir el voto. 

La proposición de ley parte de la eliminación del voto rogado, lo que permitirá que todos los españoles residentes en el extranjero reciban la documentación en su domicilio. Pero además, para que se agilicen los trámites, recibirán una papeleta en blanco, lo que facilitará que los electores dispongan de la documentación en plazo. "Se ganarán 16 días", precisó el pasado viernes el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, según informó Europa Press. Concretamente, lo que plantean PSOE y Unidos Podemos en esta reforma es que los electores ya no tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, sino que recibirán una papeleta en blanco donde escribir el sentido de su voto y una documentación con las instrucciones sobre cómo podrán conocer las candidaturas proclamadas, de las que se informará en la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular. 

"Se da la circunstancia de que este modelo de papeleta es bien conocido por los electores en el extranjero, ya que se utilizó en las elecciones municipales hasta 2011 y desde entonces se ha seguido utilizando para el voto en las elecciones municipales de los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero", recuerda la propuesta presentada en la Cámara. 

Y los electores seguirán teniendo, como hasta ahora, dos opciones para emitir su voto: bien acudir presencialmente al Consulado, para lo cual se amplía de tres a siete días los plazos, o hacerlo por correo ordinario o certificado. En ambos casos, se certificará la emisión del voto con un sello.

Todo esto es positivo, pero hay que seguir insistiendo en otras dos cuestiones, a juicio de Almena. La primera, detalla, es la "barrera consular". "Son un problema enorme. En nuestras encuestas, cuando preguntamos a la gente por qué no ha votado, muchos dicen que ha sido por los consulados: porque están lejos, porque tienen horarios restrictivos…", explica. 

"La segunda es un método alternativo a los envíos postales", añade. Y es que habrá personas, dice, que no recibirán la documentación aunque esta se envíe antes. "Porque los servicios postales no funcionan bien o porque son lugares muy lejanos", especifica. Lo que piden, asegura, es un "sistema mixto" que permita descargar las papeletas o, incluso, delegar el voto como ya se hace en Francia. 

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