Crisis del coronavirus

Familiares de residentes aportan a la Fiscalía de Madrid los Protocolos del Gobierno Ayuso desvelados por infoLibre

Protocolo de la Consejería de Sanidad prohibiendo trasladar pacientes de residencias a hospitales.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) remitió este lunes a la Fiscalía de Madrid el Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía o limitaba el traslado de personas enfermas que vivían en residencias a los hospitales de la Comunidad. Entre los criterios de exclusión había algunos basados en el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, aspectos que no guardan relación con sus posibilidades de sobrevivir a la pandemia.

Pladigmare aportó a la Fiscalía los cuatro documentos firmados por un alto cargo de Sanidad que fueron desvelados de forma íntegra por infoLibre el pasado viernes. Se trata de un Protocolo enviado por primera vez a los hospitales el 18 de marzo y que se actualizó los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones del documento están firmadas digitalmente por Carlos Mur, quien entonces era director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

El presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez Sartí, indicó en declaraciones a este periódico que han decidido aportar a la Fiscalía esos cuatro documentos porque “demuestran claramente que se adoptaron medidas discriminatorias en razón de la edad o el domicilio de procedencia de las personas mayores. Y eso supone la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud y a la Seguridad Social”.

“Los cuatro documentos dejan en evidencia qué ha podido pasar en las residencias y entendemos que la Fiscalía debe tenerlos en cuenta para las diferentes investigaciones en marcha”, añadió Vázquez Sartí.

La mentira de Ayuso

En busca de un cortafuegos político y judicial, el Gobierno madrileño lleva diez días difundiendo una versión falsa sobre los hechos: asegura que se envió “por error” a los centros socio-sanitarios un documento que era un simple “borrador” y que el Protocolo definitivo se difundió el 25 de marzo.

Como explicó infoLibre, la Consejería de Sanidad elaboró en realidad dos Protocolos. Uno más ejecutivo, donde constan los criterios de derivación hospitalaria de las personas que vivían en residencias, que lleva el sello de la Comunidad y cuyas cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. Y otro más clínico, elaborado con las aportaciones de los geriatras de los hospitales, que no fue firmado por ningún alto cargo de Sanidad. Pues bien, Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– obvian la existencia del Protocolo firmado por el alto cargo de su Gobierno y se agarran a una versión del documento clínico para sostener que antes del 25 de marzo sólo se difundió “un borrador” que no llegó a aplicarse. [Puedes consultar aquí los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre este tema].

En relación con la aplicación o no del Protocolo de Sanidad, el presidente de Pladigmare es tajante: “Tenemos testimonios muy contundentes de familiares a los que en las residencias se les dijo que no les estaban dejando derivar pacientes a los hospitales”.

Denuncias contra 50 residencias

En su escrito a la Fiscalía de Madrid, destaca que aporta los documentos publicados por infoLibre “en aras de colaborar con las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo con motivo de las denuncias efectuadas en fechas de 31 de marzo, 11 y 12 de abril y 25 de mayo de 2020”.

Pladigmare ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid a un total de 50 geriátricos, donde el número de residentes fallecidos ha sido especialmente alto. Entre ellos están los 14 centros que fueron intervenidos por la Comunidad de Madrid dado el “exceso de mortalidad”.

La plataforma quiere que la Fiscalía investigue si se han podido cometer delitos de “homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro” por parte de las residencias. También pide que se aclare si por parte de la Administración autonómica se pudo incurrir en “omisión del deber de perseguir determinados delitos y denegación de auxilio”.

En la ampliación de su denuncia realizada este lunes 8 de junio, además de las cuatro versiones del Protocolo firmado por Carlos Mur, Pladigmare también aporta a la Fiscalía “el texto del correo electrónico remitido a los familiares de la Residencia Adolfo Suárez, con fecha de 31 de marzo, en donde se evidencia que ese día finalizan la clasificación de los residentes en función de sus posibilidades de contagio con el coronavirus en cuatro grupos, cuando esa clasificación debería haber estado hecha el 22 de marzo. Poco después entró la UME, que corrigió la clasificación realizada”.

La plataforma entiende que, además de la prohibición de derivaciones de pacientes a los hospitales, también se produjo en las residencias madrileñas un grave problema con la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs) y con el retraso en la implementación de la orden del Gobierno central que establecía la división de los geriátricos en cuatro zonas. “En la Comunidad de Madrid tardaron una semana en interpretar la orden y ahí se perdió un tiempo muy valioso”, indica Vázquez Sartí.

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