La estrategia del PP

Feijóo cultiva la imagen “de Estado” del PP apoyando la reforma de la Seguridad Nacional que Casado vetaba

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante la sesión de control al Gobierno.

Una de cal y otra de arena. Apenas 24 horas después de convocar de urgencia a la prensa para acusar a Pedro Sánchez de “erosionar los cimientos de nuestra democracia” y haber “dañado a España” con el relevo de la directora del CNI, el PP de Alberto Núñez Feijóo apoyó este jueves en el Congreso la tramitación de la reforma de la ley de Seguridad Nacional de 2015 propuesta por el Gobierno y que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, rechazaba frontalmente.

El supuesto giro tiene una explicación. El nuevo líder de la oposición, que acaba de completar su lento abandono de la Presidencia de la Xunta, quiere transformar la imagen de intransigencia que el PP lleva cultivando casi cuatro años ofreciéndose a pactar, e incluso brindando su apoyo sin un acuerdo previo, en todas las materias que considera “de Estado”, desde el blindaje de la monarquía a la seguridad nacional. 

Si hace apenas dos semanas Feijóo no tuvo ningún problema en ordenar votar en contra de las medidas económicas y sociales del Gobierno para paliar los efectos negativos de la invasión rusa de Ucrania, entre ellos el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como una rebaja de los impuestos asociados al recibo de la luz, esta vez decidió votar a favor de otra propuesta del Ejecutivo en nombre, esta vez, de la seguridad nacional.

La votación supone dar un giro copernicano a la estrategia de Casado. El antecesor de Feijóo tardó apenas unas horas en descalificar íntegramente el proyecto de reforma del Gobierno en cuanto tuvo noticia de su contenido a través de la prensa. 

“Es un auténtico disparate que nos lleva a un sistema que todos queremos evitar. Un sistema que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos”, declaró tajante en julio de 2021. Es una reforma que, según él, permitiría “expropiar bienes” y pedir “casi un servicio obligatorio para la comunidad”, denunció.

No fue el único en usar palabras gruesas. Su portavoz de entonces en el Congreso, Cuca Gamarra, que no sólo sigue en ese puesto sino que Feijóo la ha convertido en la secretaria general del partido, decía en las mismas fechas que el proyecto de reforma dejaría el poder “al arbitrio” de un presidente y de su director del Departamento de Seguridad Nacional que tendrían máximos poderes —suspensión de actividades, requerimiento de bienes, ocupación transitoria e imposición por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos— y mínimos controles. Sánchez “el totalitario”, decía, pasaría a tener “capacidad de expropiar y el control de los medios de comunicación”, por lo que el PP no sólo se disponía presentar “una enmienda a la totalidad” sino que, anunciaba, la recurriría al Tribunal Constitucional en cuanto saliese del Congreso.

Un año después, ni enmienda a la totalidad ni voto en contra. Todo lo contrario. El PP ha respaldado la reforma en una votación que, gracias a Vox y Ciudadanos, el Gobierno ha conseguido sacar adelante con 302 votos a favor y apenas 34 en contra. Ahora Gamarra dice que es una reforma “necesaria” porque permitirá desarrollar aspectos de la ley vigente, sobre todo en un contexto de guerra como la de Ucrania.

Paradójicamente, el PP ha acabado apoyando, sin negociación conocida, la tramitación parlamentaria de una de las reformas que el presidente Sánchez planteó a Feijóo en la entrevista que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado mes de abril. Ahora tendrá la oportunidad de negociar la incorporación de enmiendas que confirmen o desmientan la capacidad de ambas partes de alcanzar acuerdos.

Vox, en línea

El cambio de posición del PP le hubiese permitido marcar distancias con Vox en nombre de los asuntos de Estado de no haber sido porque los ultras también han cambiado por completo de postura. Ellos también anunciaron hace un año que se opondrían y que denunciarían la reforma ente el Tribunal Constitucional, pero en vez de eso este jueves votaron a favor. Según su portavoz, Javier Ortega Smith, por votar en contra de lo que querían los independentistas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió la reforma argumentando la necesidad de mejorar los mecanismos que permitan hacer frente a crisis y emergencias y de incorporar las “lecciones aprendidas” durante la pandemia.

La modificación incorpora siete nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 para regular la contribución de recursos en caso de crisis y crear una reserva estratégica que permita al Estado hacer frente a emergencias como la del covid-19. “No se trata de contar con un instrumento por si llega otra crisis, sino para cuando llegue otra crisis que seguro que vendrá”, avisó.

Bolaños se adelantó a las críticas por invasión de competencias y reivindicó que la norma prevé la participación de las comunidades autónomas en todos los procesos. Lejos de haber “menoscabo” de competencias autonómicas, aseguró que incluso “se refuerzan” en materia de contribución de recursos.

El debate en el Pleno del Congreso se contaminó de las polémicas abiertas en torno al espionaje reconocido por el CNI a dirigentes independentistas y la decisión del Gobierno de destituir a la directora de ese centro después de que se conociese el robo de información de los teléfonos móviles del presidente y de los ministros de Defensa e Interior utilizando el programa Pegasus.

La modificación de la ley de Seguridad Nacional de 2015 que persigue el Gobierno trata de superar siete años en los que la falta de desarrollo ha dejado la norma en papel mojado regulando y organizando la contribución de recursos de las diferentes administraciones públicas y de las comunidades autónomas en situación declaradas de “seguridad nacional”. 

Como ya preveía la norma original, la ley permitirá elaborar un Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional integrando los que tendrán que elaborar los ministerios, las comunidades autónomas y las entidades del sector público y serviría de base a la elaboración de planes de preparación y disposición de esos recursos.

Otro de los cambios hará posible que, cuando detecte un escenario que pudiera derivar en una “situación de interés para la seguridad nacional”, el Consejo de Seguridad Nacional pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicación puedan ejecutarse lo más rápidamente posible.

La última modificación promovida por el Ejecutivo, resultado de la experiencia acumulada durante la emergencia sanitaria de la covid, regula una reserva estratégica basada en las llamadas capacidades nacionales de producción industrial enfocada en el suministro de recursos esenciales.

En los próximos meses los partidos de la coalición de Gobierno tendrán que seguir apoyándose en las formaciones de la derecha si quieren conseguir que la reforma culmine su tramitación con éxito.

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