La financiación autonómica, el 'melón' que el PP no quiere abrir para evitar una guerra entre sus barones

El 2026 ha arrancado con uno de los 'melones' que el Gobierno se había resistido a abrir hasta ahora: el de la financiación autonómica. La propuesta busca renovar el actual modelo que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y que está caducado desde hace doce años. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez surge de un acuerdo con Esquerra Republicana en 2024 pero supone más recursos no solo para Cataluña sino para todas las autonomías, una mayor cesión de impuestos y una reducción de las brechas de financiación entre territorios.

La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que integra al Gobierno central y a los autonómicos donde se debaten y votan las cuestiones que afectan a ambos organismos, y en el Congreso posteriormente. Este último será el escollo más difícil para el Gobierno, tanto por la negativa del Partido Popular como la de Junts, que tacha de insuficiente el acuerdo.

Este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá el CPFF, con una mayoría de consejeros de ramo del Partido Popular, que acudirán a la cita pero que —como ya sucedió en el consejo que aprobó la quita de la deuda autonómica— podrían amagar con levantarse de la mesa en señal de protesta pese a que, según el reparto anunciado por Montero, las comunidades controladas por las derechas recibirán el 70% de los nuevos fondos.

Lo cierto es que la mayor parte de las autonomías del PP no están cómodas con el modelo actual, que caducó en 2014. En aquel entonces era Mariano Rajoy quien presidía el Gobierno, pero fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. En las dos primeras legislatura con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso y el complejo calendario electoral.

La propuesta que presentó la ministra de Hacienda el pasado viernes ampliaría en 21.000 millones los recursos que se reparten entre las comunidades y las principales beneficiarias serían Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Unos fondos que saldrían de una mayor cesión de impuestos a las autonomías, que pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, aunque el Estado aportaría también más. Una de las novedades pasaría por el cambio en las reglas de reparto, con el objetivo de que las autonomías dependan más de "lo que cuesta dar servicios", la llamada población ajustada, y de un mecanismo de solidaridad.

Una reforma que reduce la brecha entre comunidades: "Todas van ganar"

Con todo, todavía falta por conocer mucha "letra pequeña" de esta propuesta, tal y como subraya Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. El experto, eso sí, destaca que la propuesta "trata de salir del impás" del modelo actual. "Lo más significativo es que hay un importante volumen de recursos. Eso significa poner trabas al desequilibrio vertical, es decir, a las autonomías que se encontraban con insuficiencia de recursos. Eso es importante y se hace realizando nuevas propuestas y ajustando los problemas actuales", explica a infoLibre.

Hacienda ha planteado ajustes metodológicos en el cálculo de la población ajustada, la principal variable de reparto de los recursos del sistema. Este indicador se corresponde a la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos, como el envejecimiento o la dispersión geográfica. Pero también garantiza a Cataluña el "principio de ordinalidad", que implica que las comunidades que más aportan a la financiación común no se queden después rezagadas en el reparto de los recursos del sistema.

Esto último es lo que ha provocado el enfado de algunas comunidades del PP y de otras socialistas como Castilla-La Macha, pero a juicio de Ruiz-Huerta no es "ninguna barbaridad" ya que "es lógico que haya una redistribución" pero también tiene sentido que las comunidades que más aporten pidan un retorno similar. "La filosofía general, y es necesario que la gente lo sepa, es que ordenamos las autonomías según su capacidad de obtención de recursos", señala. El experto afirma que hay muchas "variables" a tener en cuenta y a veces hay que "ajustar" el reparto, pero que con este modelo la diferencia entre "la que mas recibe y la que menos se recorta sustancialmente".

Tal y como explicó Montero, uno de los objetivos es ese. Es decir, reformar el "mecanismo de solidaridad interterritorial" para reducir la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor, una brecha que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante y que con el ajuste diseñado se estrecharía hasta los 700 euros. Frente al discurso enarbolado por la derecha de que 'España se rompe' con este reparto, Ruiz-Huerta subraya que, según lo que conocemos, se trata de "un reparto razonable" porque "ninguna autonomía va a perder": "Todas van a ganar", zanja.

Los tres modelos del PP ante la financiación

Desde que se anunció el acuerdo en 2024, los barones autonómicos del PP han rechazado el modelo antes de conocer los detalles argumentando que únicamente iba a beneficiar a Cataluña y a conferirle unos privilegios territoriales sobre el resto. La realidad es mucho más compleja, ya que las autonomías del PP tienen intereses contrapuestos en función de las especificidades de sus territorios. Eso no ha impedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cite a sus barones este domingo en Zaragoza para "fijar una postura común". El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también prometió que su formación aprobará un nuevo sistema de financiación autonómica "en un año" si llega a la Moncloa.

Las autonomías de la derecha se quejan de manera habitual de la cantidad de recursos que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección: la de bajar impuestos.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades del PP. La que defienden Juanfran Pérez Llorca, Juanma Moreno y Fernando López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población. En el caso valenciano, se reconoce que la propuesta puede aportar un aumento "sustancial" de recursos, pero se insiste en que sin condonación de deuda ligada a la infrafinanciación —o con un fondo transitorio previo— el problema no queda resuelto. Todas ellas insisten en que el modelo debe ser multilateral y "sin singularidades" pese a que el actual reparto les beneficia.

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Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. Algunas de ellas rechazan frontalmente la "ordinalidad", ya que según ese criterio serían las que menos fondos recibirían.

El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio citado anteriormente: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos. En ese sentido, las dos comunidades presididas por Isabel Díaz Ayuso y por Marga Prohens critican que solo se aplique a Cataluña, lo que a su vez choca con lo que demandan otras autonomías del PP.

Para el director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas "es normal que los políticos de cada comunidad intenten defender sus intereses", pero cree que que es "importante romper la dinámica partidista" y califica de "lamentable" los intentos de hacer una "guerra" con esta cuestión. "En las negociaciones hay que ceder y es muy importante tener lealtad institucional, porque al final al quien acaba repercutiendo es a la ciudadanía", zanja.