Rocío Monasterio

La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio tras investigar durante un año si usó un visado falso para una obra

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

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La Fiscalía de Madrid ha presentado este lunes una querella contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por falsedad documental y estafa en relación a un visado del Colegio de Aparejadores para tramitar los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, han informado fuentes jurídicas a Europa Press. La querella ya obra en poder del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), ante el que la cabeza de lista de Vox en las elecciones del pasado martes goza de aforamiento por su condición de diputada autonómica.

La querella constituye por ahora el último eslabón en una cadena que comenzó en marzo de 2020. Entonces, la Fiscalía madrileña abrió diligencias de investigación tras la denuncia que le hizo llegar el grupo municipal de Más Madrid. El uso de un visado atribuido al Colegio de Aparejadores y supuestamente falso era la clave de la denuncia. Tal como desveló el diario El País, ese visado se utilizó en los trámites seguidos por Monasterio en el Ayuntamiento de Madrid para obtener la licencia que le permitiese reformar un local y convertirlo en loft. El inmueble fue adquirido por el actor Arturo Valls.

Aparte de la denuncia que cursó Más Madrid, se presentó otra por los mismos hechos y delitos presentada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y que se ha acumulado al procedimiento.

Las diligencias de investigación las asumió la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que la también presidenta de Vox Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica.

Más Madrid presentó el 17 de enero una denuncia contra la líder de Vox en Madrid por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en relación a la presunta "falsificación" de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas "irregularidades" que no estaría prescrito.

En la denuncia de Más Madrid se detallaba que era un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento.

"Posteriormente en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente. Si Hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos que aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años", exponían.

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