Educación

FP Básica, la novedad más polémica de la ‘ley Wert’

Dos alumnos del programa PCPI en Cantabria.

Aunque se presenta como una reformulación de la ley anterior, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone, en la práctica, una reordenación de calado del sistema educativo. De los cambios que se empiezan a implantar este curso sin duda el que más quebraderos de cabeza está creando tanto en la Administración autonómica como en los centros educativos es la puesta en marcha de la FP Básica, que viene a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que cursaban más de 80.000 jóvenes en todo el país y a través de los cuales los alumnos con dificultades para completar la ESO empezaban a aprender un oficio al tiempo que seguían progresando en competencias básicas como lengua o matemáticas. 

Esta nueva vía ha sido también uno de los caballos de batalla de padres y sindicatos, que la consideran un mero instrumento para mejorar los datos de fracaso escolar. Pero si hay una palabra que, según las organizaciones sindicales, define la implantación de este nuevo itinerario formativo es caos. Carlos López, secretario general de la FETE-UGT considera que la "improvisación" y la "premura" con la que se ha instaurado la FP Básica genera "incertidumbre en la nueva etapa formativa". Su homólogo en CCOO, Francisco García, destaca la "urgencia y falta de recursos" y subraya el hecho de que el profesorado no haya recibido una formación específica sobre cómo abordar estos cambios. En el Ministerio de Educación, sin embargo, aseguran no haber detectado "por el momento" problema alguno, según señaló este jueves en rueda de prensa la secretaria de Estado Montserrat Gomendio. 

La realidad es que la mayoría de las autonomías apuró hasta casi el pasado junio para elaborar los decretos de desarrollo de esta nueva formación –estos vienen el complementar el currículo básico que elabora el departamento de Wert– por lo que los centros, con las vacaciones de por medio, han tenido poco tiempo para definir métodos y programaciones propias conforme a los nuevos criterios. Esta premura explica, por ejemplo, que aunque el Ministerio de Educación acreditara a través de dos reales decretos los currículos estatales de 21 títulos, la mayoría de las autonomías no implante todos. Las cifras fluctúan. Van de los 12 de Asturias a los 18 de Galicia, pasando por los 18 de Aragón, los 17 de Cantabria o los 16 de Castilla-La Mancha. 

Estos estudios tienen una duración de dos años y están destinados a jóvenes de entre 15 y 17 años que no han terminado la ESO, si bien para obtener la titulación tendrán aprobar la reválida que se implantará al acabar la etapa obligatoria y para la que se cuestiona si estarán preparados porque la formación recibida no está encaminada a superar esa prueba. "Es como si un arquitecto se presenta a un examen de Medicina", escenifica Jesús Sánchez, presidente del colectivo de padres CEAPA. De hecho, esta organización llama a las familias a que no matriculen a sus hijos en la nueva FP Básica y opten por continuar inscritos en Secundaria. "La improvisación es total. Sabemos que los docentes están enfadados porque en muchos casos no saben con exactitud cómo abordar esta nueva vía", se queja Sánchez. 

Desembolso económico 

Una de las cuestiones más controvertidas de este cambio ha sido la económica. De hecho, el asunto de la financiación –el ministerio calculó en 5.219,6 euros el coste medio por alumno de la implantación de este programa– provocó recelos incluso entre autonomías gobernadas por el PP, si bien estas remitieron sus tímidas críticas tras la última reunión sectorial celebrada entre el ministro Wert y los consejeros autonómicos. También se pronunció sobre este asunto el Consejo de Estado, que un informe no vinculante señaló que su implantación carecía de un cálculo específico sobre sus impactos económicos. 

Entre las comunidades en las que no gobierna el PP denuncian que el ministerio todavía no ha autorizado los convenios de financiación con las comunidades. Pero también cuestionan el fondo de la implantación, pues consideran que busca el "maquillaje estadístico" al equiparar a los alumnos que terminen la FP Básica con los que acaban FP de Grado Medio o Bachillerato y que estarán, por tanto, fuera de las cifras de fracaso educativo a pesar de no haber conseguido el título de enseñanza obligatoria. No obstante, en Asturias y Canarias sí se implantará de una forma más similar a lo que marca el departamento de Wert. En el Principado, donde habrá 1.000 plazas de estos estudios, explican que se ha procurado sustituir los PCPI por el ciclo de FP Básica más aproximado, intentando impartir en el primer curso la cualificación profesional completa más aproximada a la del PCPI correspondiente.

Tanto es así que Cataluña y País Vasco han optado por no implantarla este curso en los términos en los que marca el ministerio. Según informó la consejera catalana Irene Rigau, su intención es que los alumnos de esa comunidad finalicen la Secundaria  y que, a partir de los 16 años y si no han conseguido aprobar la ESO, puedan realizar un curso vinculado a perfiles profesionales que incluirán prácticas en empresas, una especie de PCPI pero con otro nombre, para el que se ofrecerán unas 7.000 plazas este curso, según informó El Periódico de Catalunya. En Euskadi, para cumplir la ley sin aplicarla del todo, lo que ha hecho la Administración es crear unos programas a los que ha denominado de formación transitoria integrada. Desde el Departamento de Educación dicen que "los alumnos no notarán ningún cambio" porque continuarán en los mismos centros y con los mismos docentes. 

El Gobierno andaluz, sostenido por la coalición que forman PSOE e IU, se acogió al "escaso margen de tiempo" que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso para no publicar el decreto que tendría que haber desarrollado la norma en el ámbito de sus competencias. Ante esta situación, la Junta se limitó a enviar a los colegios e institutos las instrucciones sobre ordenación educativa y evaluación. Y en estas instrucciones hay preceptos que contradicen lo que establece la Lomce. Uno de ellos es, por ejemplo, la FP Básica que según el decreto del ministerio, sólo dará acceso al título de ESO si el alumno supera la reválida que la ley también prevé poner en marcha al final de la etapa obligatoria. Sin embargo, Andalucía tiene previsto incrementar el número de horas dedicadas a la adquisición de competencias para que así los alumnos puedan obtener directamente el título de graduado en ESO sin pasar por la reválida.

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