Igualdad LGTBI

Las fuerzas de seguridad contarán con grupos contra los delitos de odio e implantarán sistemas para medir el riesgo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio.

El Ministerio del Interior anunció este viernes la creación de grupos específicos para combatir los delitos de odio dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Siguiendo esta misma estrategia, los agentes emplearán herramientas para medir el riesgo al que se enfrentan las víctimas, un mecanismo similar al que se emplea en los casos de violencia machista a través de VioGén. La decisión se ha tomado tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción contra los Delitos de Odio, celebrada este viernes y presidida por el líder del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro fue convocado como reacción a la falsa agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña y se mantuvo pese a que el joven denunciante rectificara la versión inicial este mismo miércoles. Según recalca el Ministerio del Interior, los delitos de odio han experimentado un aumento sostenido de en torno al 9% anual desde 2014.

Con la mirada puesta en el incremento de este tipo de delitos –748 hasta julio–, pero especialmente en los ataques contra el colectivo LGTBI –con una escalada del 22,6% entre 2016 y 2020–, técnicos y representantes tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía, Policía Nacional y Guardia Civil, escucharon a las distintas organizaciones que ponen voz a los grupos más vulnerables. La principal apuesta tras el encuentro tiene que ver la asistencia a las víctimas y la formación de las fuerzas de seguridad, un extremo sobre el que el primer plan de acción ya incidió y cuya aplicación, señalan los expertos encargados de su evaluación, ha resultado positiva. Fuentes presentes en la reunión indican que existe el compromiso de elaborar una partida presupuestaria dedicada en exclusiva a la lucha contra los delitos de odio. 

De cara a la confección de un segundo plan, previsto para el periodo 2022-2024, se establecerán ocho líneas de acción y nuevas medidas complementarias. "La asistencia y apoyo a las víctimas constituirá el eje central del segundo plan de acción, con medidas que se concretarán en las próximas semanas", apuntó en un comunicado el departamento de Fernando Grande-Marlaska. La Federación Estatal LGTB (FELGTB), presente en el encuentro, puso sobre la mesa la necesidad de trabajar sobre un Pacto de Estado contra los discursos de odio que "señalan, estigmatizan y culpabilizan a los grupos vulnerables". La federación cree fundamental un "acuerdo básico de país" contra los discursos que siembran y legitiman el odio, especialmente cuando vienen de partidos políticos con representación institucional, enfatizó el colectivo.

Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, puso el acento sobre dos aspectos: la agilización de la Ley de Igualdad LGTBI y la educación en diversidad. Así lo detalló a los medios de comunicación tras participar en la cita. El anteproyecto, aprobado este verano en Consejo de Ministros, "tiene que tramitarse de manera rápida y con el consenso de los ministerios, trabajando en positivo", subrayó García Rodrigo, quien considera la norma una "reivindicación indispensable" para terminar con los ataques homófobos. Al mismo tiempo, la directora general del organismo recordó la urgencia de incluir medidas que garanticen la educación en igualdad y diversidad: "No se entiende otra manera de proceder", manifestó.

Racismo, homofobia y odio por motivos ideológicos

La excepcionalidad del caso de Malasaña no ha alterado ni un ápice el discurso del Gobierno. Tanto Fernando Grande-Marlaska como el propio Pedro Sánchez han insistido en que la denuncia que resultó ser falsa no debe empañar el grueso de los delitos de odio que cada año salpican las estadísticas. Según los datos oficiales, los hechos conocidos por causa de delitos de odio han pasado de 1.285 en 2014 a 1.401 el pasado año. El pico de ataques se registró en 2019, con un total de 1.706 incidentes. 

Tres tipos de delitos de odio se posicionan a gran distancia del resto. Son aquellos apoyados en el racismo o xenofobia, la ideología y la homofobia. El primer grupo registró el año pasado 526 incidentes de odio, el segundo 339 y el tercero 282. Al margen del paréntesis impuesto por la pandemia sanitaria, en 2019 fueron los delitos motivados por la ideología de la víctima los que se situaron como los más numerosos: 615. Le siguieron los racistas o xenófobos (615) y los homófobos (283).

Ante esta coyuntura, tampoco han retrocedido en su grito de repulsa las organizaciones LGTBI. "Nos siguen agrediendo: nos quieren hacer vivir con miedo, pero no lo van a conseguir", señalaron este mismo viernes los colectivos. Este sábado tendrá lugar en la madrileña Puerta del Sol una concentración a las 19.00 horas para denunciar el goteo continuado de agresiones.

¿Cómo funciona VioGén?

¿En qué consiste el sistema de evaluación que se prevé calcar para su adaptación a la lucha contra los delitos de odio? VioGén inició su funcionamiento en julio del año 2007, de la mano del Ministerio del Interior y siguiendo el mandato de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Su función es la de blindar la protección de las víctimas de violencia machista, facilitar el seguimiento de las circunstancias de riesgo, alertar de su evolución y facilitar la puesta en marcha de medidas de protección, así como prevenir futuras agresiones.

El mecanismo clasifica cada caso en función del riesgo de la víctima, una evaluación que se determina en base a una serie de factores protocolizados. Entre los elementos de riesgo se encuentra el historial previo de la víctima y el agresor, la presencia de hijos menores o la existencia de situaciones delicadas como un proceso de separación. Los casos activos son aquellos que merecen atención policial, aunque el nivel de riesgo va evolucionando "en base al tiempo y circunstancias". Las mujeres con un nivel de riesgo no apreciado disponen de "medidas de seguimiento" como la "revisión periódica", aunque "de ser necesario" también pueden necesitar "medidas policiales de protección". En los casos de riesgo bajo, medio, alto o extremo, los instrumentos de protección "van aumentando en intensidad según se incremente el nivel de riesgo".

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