La educación pública

El gasto en escuela concertada rompe su techo mientras la inversión en la pública sigue bajo el umbral precrisis

Alumnos en un aula escolar.

El gasto en escuela concertada, que salió del ciclo de recortes antes que el conjunto de la inversión educativa, ha marcado su cuarto año consecutivo de subidas. En 2017, año analizado en el último informe del Ministerio de Educación, el dinero público destinado a la educación privada alcanzó su máximo histórico. Mientras tanto, el gasto público total sigue por debajo de los umbrales precrisis.

La dinámica es constante: la concertada deja atrás la crisis a costa de la pública, una tendencia que se está extendiendo al bachillerato, pese a no ser obligatorio. Y se observa con los datos del último año vistos en perspectiva histórica.

En 2017 el gasto total en educación no universitaria –la práctica totalidad de las comunidades autónomas– ascendió a 49.458,04 millones, incluyendo todas las partidas de la pública y la concertada más los gastos financieros. Esta cantidad supone un incremento del 3,94% con respecto a 2016.

No obstante, aún está lejos del techo histórico, que se alcanzó en 2009, con 53.895,012%. La caída desde entonces ha sido de 4.436,96 millones, un 8,23%. En 2008, 2010 y 2011 también hubo más gasto público en educación que en 2017. El pulso aún no se ha recobrado del todo.

Si miramos sólo la inversión dedicada a la red pública, en 2017 la cantidad ascendió a 43.278,6 millones, un 4,22% más que en 2016. También queda lejos del techo de 2009, cuando alcanzó los 48.003,98 millones. La rebaja desde entonces ha sido de 4.725,37 millones, un porcentaje del 9,84%.

Al igual que ocurre con el gasto educativo global, en 2008, 2010 y 2011 las partidas para la red pública también fueron mayores que en 2017.

Techo de la concertada

Mientras el gasto educativo global y el específicamente dedicado a la red pública aún están por debajo de los niveles previos al recrudecimiento de la crisis presupuestaria, la rama concertada vive su mejor momento en cuanto a asignación de recursos. El informe del Ministerio de Educación, dirigido ahora en funciones por Isabel Celaá, recoge que el gasto en la concertada ascendió en 2017 a 6.179,44 millones, lo que supone un incremento del 2,03% con respecto al año anterior.

Mirando más atrás, la cantidad ha subido en 288,41 millones desde 2009, el año en que la inversión pública en educación tocó techo. Esto supone una subida de 4,89 puntos. El montante global baja, lo dedicado a la red pública baja, pero la concertada sube.

El porcentaje de lo que la educación concertada supone con respecto al total de inversión educativa está en 2017 en un 12,49%. Diez años antes, en 2008, era de un 9,38%. Ha ganado 3,11 puntos en una década. Eso sí, este porcentaje no está en máximos. Ha sido levemente superior en el ciclo 2013-2016, moviéndose entre un 12,56% y un 12,87%.

Por comunidades autónomas, las que más porcentaje de su inversión educativa dedican a la concertada son País Vasco (23,94%), Navarra (19,84%), Baleares (18,17%) y Cataluña (18,16%). Las que menos, Canarias (7,95%), Extremadura (8,33%), Castilla La Mancha (9,23%) y Andalucía (10,53%).

Debate ideológico

El papel de la educación privada financiada con fondos públicos en el sistema educativo español es objeto de un profundo debate político. La llamada "segunda red", que está en un 60% en manos de la Iglesia católica a través de organizaciones como el Opus Dei, emplea mecanismos sutiles de selección social, como los cobros a las familias y la ubicación selectiva de los centros. Al situarse generalmente en mejores zonas desde los puntos de vista social, económico y cultural, su alumnado parte con ventaja a la hora de obtener resultados, lo que es a su vez utilizado por los promotores de este modelo educativo para afirmar que la segunda red da mejores resultados que la pública, invirtiendo la relación causa-efecto.

Otra de las afirmaciones frecuentes de la la Conferencia Episcopal (CEE) y los grupos de presión católicos es que la concertada es gratuita, como la pública. En realidad los concertados realizan cobros informales, aprovechando la falta de controles para solicitar pagos extraordinarios. Además las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. La Organización de Consumidores elaboró un estudio que concluye que más del 90% de los concertados cobra cuotas por la educación obligatoria. En suma, la concertada exige más esfuerzo económico.

Una ley a la medida de la concertada

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada en 2013, ha supuesto además un impulso a la segunda red. La norma de José Ignacio Wert ha ampliado las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindado el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas. Además de otorgar más presencia a la Iglesia en la escuela pública, le daba más "libertad" para abrir centros con mayor financiación estatal.

La norma da cobertura al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica, incluso en el caso de que separe a niños y niñas. Este era uno de los aspectos que el Gobierno de Pedro Sánchez quería liquidar con su pretendida reforma de la Lomce, lo que hubiera sido un revés para el Opus Dei. Finalmente el Ejecutivo socialista no ha conseguido ni la derogación ni la reforma de la Lomce, pese a que era uno de los grandes objetivos de la legislatura. La CEE y los grupos de presión de la Iglesia, como las asociaciones de padres católicos, ya habían advertido de que iban a dar una dura batalla contra la anunciada reforma. Esta semana, ya metidos en precampaña electoral, la ministra Celaá ha declarado en RNE que su pretensión en la próxima legislatura es recuperar "el mismo proyecto" de reforma educativa.

De momento, y a la espera de ver si Sánchez se mantiene en el poder o le sucede un Gobierno conservador, el avance de la educación privada es observable no sólo en su financiación pública, sino también en el número de centros. En el curso 2008-2009 había un total de 25.572 centros de enseñanza no universitaria: infantil, primaria, ESO, bachillerato, educación especial. En 2018-2019 han sido 28.531. Es decir, un 11,5% más. Pero el crecimiento no es homogéneo según la titularidad de los centros. El número de públicos creció de 18.061 a 19.112 (+5,81%) mientras el de concertados y privados pasó de 7.511 a 9.419 (+25,4%).

España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La media de alumnos escolarizados en la escuela pública en la UE supera el 80%. En España no llega al 70%.

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