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Religión

El Gobierno confiesa que lleva meses esperando una respuesta de los obispos para abordar los privilegios fiscales de la Iglesia

Imagen de archivo de una visita de miembros de la Conferencia Episcopal Española al papa Francisco.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que la jerarquía eclesiástica mueva ficha para abordar de una vez el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia en España. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene desde “hace tiempo” sobre la mesa una “propuesta” del Gobierno para sentarse a negociar aspectos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las inmatriculaciones, dos cuestiones que los socialistas llevaban en su programa electoral de 2016 pero que desaparecieron del documento programático presentado de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. El Ejecutivo, además, ya ha nombrado a dos representantes para que lideren las negociaciones con la institución eclesiástica y se encuentra a la espera de que la Conferencia Episcopal Española haga lo propio para abrir con la mayor celeridad posible el melón tributario. Una cuestión que lleva años, por no decir décadas, instalada en el debate político español y que no termina de abordarse seriamente.

“Queremos que contribuyan a la justicia social que supone aportar con sus impuestos a las políticas de igualdad y de solidaridad y fraternidad, que es lo que se construye con la fiscalidad de un país democrático”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, recordando que la jerarquía eclesiástica ya tiene “una propuesta” suya “mediante carta” en la que se advertía a la institución religiosa que había llegado el momento, “cuanto antes mejor”, de sentarse a negociar el replanteamiento de “la fiscalidad de la Iglesia Católica”. “Esto es lo que hay que rematar, porque saberlo ya lo saben”, ha continuado Calvo, que ha pedido este lunes no dejar pasar “mucho más tiempo”. Por ello, ha apremiado a la Conferencia Episcopal Española a mover ficha: “Por nuestra parte ya tiene a las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse con la Iglesia Católica para ver todo el tema de la fiscalidad. […] Esperamos que la Conferencia Episcopal nombre a las dos personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto”.

El laicismo fue uno de los pilares sobre los que se sostuvo el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2016. Entre otras cuestiones, el documento socialista de cara a aquella cita con las urnas prometía claramente “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede”, que rigen las relaciones con el Vaticano, así como “avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas” y promover “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas”. Y, por supuesto, planteaba sin rodeos “establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social” y “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material”. Medidas que desaparecieron por completo del programa electoral de los socialistas para las pasadas generales.

Nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Gobierno socialista empezó a dar tímidos pasos en la dirección marcada tanto por el documento programático de 2016 como por las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, el cónclave que confirmó el resurgir de Pedro Sánchez. Así, por un lado, dieron el pistoletazo de salida a la exhumación de los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos cuatro décadas después de la muerte del dictador. Por otro, anunciaron la publicación de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y abordaron con las altas esferas del Vaticano una reforma de la fiscalidad de la Iglesia para intentar ajustarla a la vía italiana, obligándola a tributar por “aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto”. Promesas que, sin embargo, no ha conseguido materializar. La exhumación, se encuentra atascada en el Supremo. Y el melón de la fiscalidad y las inmatriculaciones continúa sin abrirse.

El Gobierno no desvela el nombre de los negociadores

Ahora, dos meses después de que las urnas dieran la victoria a Pedro Sánchez y con la investidura todavía en el aire, el Ejecutivo socialista en funciones vuelve a poner ambas cuestiones sobre la mesa y presiona a la Conferencia Episcopal para que mueva ficha. Fuentes del Gobierno explican a este diario que los dos funcionarios a los que se ha encargado liderar las negociaciones con la jerarquía eclesiástica fueron designados “hace meses”, poco tiempo después de que la vicepresidenta Carmen Calvo tratase en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia. Sin embargo, rechazan revelar el nombre de ambos negociadores. La Conferencia Episcopal, por su parte, prefiere no hacer comentarios cuando se le pregunta por qué a día de hoy sigue sin designar a sus representantes para sentarse en la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo socialista. “No vamos a comentar nada de eso”, responden desde la institución religiosa a este diario.

Uno de los privilegios que más controversia suscita es la exención del IBI. La Iglesia y sus diferentes organizaciones no lo abonan, por lo cual los ayuntamientos dejan de percibir cientos de millones de euros al año. El acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede establece la exención de la “contribución territorial urbana”, es decir del IBI, para templos y dependencias anejas, residencias de obispos, oficinas de la curia, seminarios y conventos de las órdenes. Esto es, cuando la finalidad es religiosa. Sin embargo, en muchos casos estos inmuebles se utilizan para desarrollar actividades económicas, ya sea alquilando aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo o un hotel de cuatro estrellas en la Costa Brava. El pasado noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó, en una sentencia que afectaba a Italia pero que podría ser extrapolable a España, que las autoridades deben cobrar el tributo por aquellos inmuebles con uso comercial. Una opinión que comparte, incluso, el papa Francisco y que rechaza tajantemente la jerarquía eclesiástica española.

La otra cuestión que levanta una enorme polvareda es la de las inmatriculaciones, un problema que se remonta a hace más de dos décadas. El 29 de septiembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar aprobó el Real Decreto 1867/1998, una modificación legal que permitió a la Iglesia Católica poner a su nombre la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, entre otros templos religiosos. Aquella norma reformó la normativa hipotecaria franquista de los años 1946 y 1947, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: “Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción”.

Los otros incidentes diplomáticos con el Vaticano

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Pero la vicepresidenta no sólo ha anunciado este lunes, en declaraciones a la Cadena Ser, la intención del Ejecutivo socialista de pisar el acelerador para culminar a la mayor brevedad posible la reforma de la fiscalidad de la Iglesia. También ha puesto sobre la mesa la intención de trasladar una queja formal a Roma por las declaraciones realizadas por el nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, quien ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “resucitado” a Franco con su intención de exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador, un proyecto detrás del cual subyacen “motivos sobre todo políticos” e “ideológicos” de aquellos que “quieren de nuevo dividir a España”. Unas afirmaciones que, en opinión de Calvo, son “improcedentes e inaceptables” en el “fondo y en la forma” porque un embajador de la Santa Sede “no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado” y en una cuestión “tan importante” como la exhumación de los restos de “un dictador”. “Va a recibir una queja por una injerencia de esta naturaleza”, ha apuntado.

No son nada habituales los conflictos diplomáticos entre el Estado español y el Vaticano. Pero esto no quiere decir que en los últimos años no se hayan producido algunos enfrentamientos entre Madrid y la Santa Sede. Uno de ellos se registró en febrero de 2008, cuando a menos de dos meses de las elecciones generales la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado cargando contra algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e instando a los ciudadanos, aunque sin mencionar nombres, a no introducir en las urnas la papeleta del PSOE. Un llamamiento que llevó al entonces embajador español en el Vaticano a ponerse en contacto con el número dos de la Santa Sede para mostrarle la “perplejidad y sorpresa” del Ejecutivo socialista por la posición “integrista, fundamentalista y neoconservadora”, en palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de la jerarquía eclesiástica española.

También el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido algún tira y afloja con la Santa Sede. Pero en este caso, por el apoyo de algunos sacerdotes catalanes al referéndum del 1-O. Así, en septiembre de 2017, cuando quedaban pocos días para que se celebrara la consulta declarada ilegal, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó, a través del entonces embajador español en la Santa Sede, una nota verbal de protesta al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por el manifiesto que cuatro centenares de sacerdotes y diáconos catalanes trasladaron al papa Francisco apoyando el referéndum independentista. Un escrito en el que respaldaban la consulta movidos “por los valores evangélicos y humanísticos” y “empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir”. En su nota verbal, el Gobierno señaló que dicho manifiesto vulneraba el Código de Derecho Canónico y el espíritu de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979.

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