Investigación

El Gobierno de Madrid anuló una adjudicación a Indra y otra a la empresa fundada por Montoro y luego les pagó sin contrato

Sede de la compañía de tecnología y defensa Indra en Alcobendas.

Las empresas Indra Sistemas SA y Equipo Económico SL recibieron del Gobierno de Madrid en julio de 2009 dos adjudicaciones a dedo para servicios relativos a la Ley de Dependencia que han quedado envueltos en una telaraña de incógnitas. Por razones que el actual Ejecutivo madrileño se niega a desvelar y como ya publicó infoLibre, la versión oficial sostiene que alguien y por razones que se mantienen en secreto dio la orden de que ninguno de esos dos contratos se formalizase, lo que en teoría frenó en seco la ejecución de los trabajos y anuló las adjudicaciones. Pero ahora sale a la luz un dato que complica aún más la cosa: que seis meses más tarde de aquellas adjudicaciones oficialmente fallidas, el último Consejo de Gobierno del año acordó autorizar los pagos a Indra y Equipo Económico. No había contrato por medio. Ni nadie accede a revelar qué pasó.

Las autorizaciones de gasto, trámite imprescindible y previo al abono de aquellos 68.900 euros (Indra) y 67.280 (Equipo Económico), se hicieron utilizando una fórmula reservada para trabajos que por razones de urgencia se han realizado sin contrato: lo que en el argot administrativo se llama "convalidación del gasto". Qué ocurrió para que una adjudicación quedase en agua de borrajas pero sus beneficiarios acabasen cobrando es algo que permanece a día de hoy en la sombra mientras en primer plano aparecen el gigante tecnológico que está siendo investigado en el caso Púnica por supuesta financiación ilegal del PP y la firma de consultoría que en 2006 había fundado Cristóbal Montoro. Cuando se produjo esta adjudicación a Equipo Económico, el entonces exministro de Hacienda con Aznar y luego titular de esa misma cartera con Rajoy ya se había desligado de su accionariado.

Lo que el departamento de política social, entonces dirigido por la actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, encomendó a Indra el 20 de julio de 2009 mediante un procedimiento negociado sin publicidad y mediante tramitación ordinaria, es decir, en absoluto urgente, fue esto: la "Gestión de agendas y zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid". Los documentos extraídos de la web de la Comunidad de Madrid señalan que el plazo de ejecución era de dos meses "desde la formalización del contrato". Dado que no llegó a formalizarse, resulta imposible conocer cuándo empezaron los trabajos y cuándo finalizaron. Como resulta imposible –porque el pliego de condiciones no está disponible– saber qué plantilla venía Indra obligada a destinar a esa tarea. 

Fuentes cercanas a Hidalgo indicaron a infoLibre que esos trabajos "se realizaron". Y que "prueba de ello es que pasaron todos los trámites de fiscalización que conlleva una convalidación". De hecho, sus portavoces creen que el sistema de zonificación "se sigue utilizando en la actualidad, porque permitió en su momento que los evaluadores de la dependencia pasaran a multiplicar por tres las personas que evaluaban cada día, algo que redujo notablemente la lista de espera".

"Análisis de la normativa" a los dos años y medio de estar en vigor la ley estatal

El encargo que recibió Equipo Económico aparece confuso en el anuncio de adjudicación pero mucho más claro en el acuerdo por el que el Gobierno de la Comunidad autorizó el pago el 29 de diciembre de 2009: "Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid". En julio de 2009, cuando se publicó la adjudicación de aquel contrato que quedó anulada por razones desconocidas, la Ley de Dependencia llevaba ya dos años y medio en vigor.

En lo que respecta a Indra –la imputación de cuyo expresidente, Javier Monzón, archivó el juez de Púnica hace una semana con un auto pendiente de recurso–, un elemento adicional incrementa las incógnitas. El que, según el Gobierno regional, no se formalizó pero que la tecnológica cobró exactamente igual que si se hubiese firmado, tenía un objeto idéntico al que la propia Indra había obtenido varios meses antes –21 de noviembre de 2008– también a través de un procedimiento negociado sin publicidad.  El primero de esos dos contratos sí se ejecutó, sostiene la Consejería de Políticas Sociales. El importe eran 36.500 euros que quedaron reducidos a "21.088,89 (IVA incluido)" porque la fecha prevista para el inicio de contrato pasó a ser el 5 de diciembre de 2008.

Al igual que sobre los expedientes que afectan a las dos adjudicaciones reseñadas, este periódico pidió a la Consejería de Políticas Sociales, ahora regida por Alberto Reyero, de Ciudadanos, información sobre el análisis jurídico realizado por Equipo Económico. Los portavoces de ese departamento se limitaron a transmitir a infoLibre que si desea obtener cualquier dato sobre lo que sucedió entonces no debe preguntárselo al Ejecutivo sino reclamarlo a través del portal de transparencia. En 2009, la Dirección General de Dependencia tenía como titular al hoy viceconsejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García. Sus portavoces se remitieron a lo dicho por el equipo de Reyero.

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