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Sanidad

El Gobierno de Madrid lanza un duro ataque personal contra el juez que suspendió la privatización de hospitales

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, este martes, en rueda de prensa.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, aseguró este miércoles que el juzgado de lo contencioso que ordenó de nuevo la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de seis hospitales "no es competente" para hacerlo. Y fue más allá. Arremetió con dureza contra el magistrado firmante del auto del que, dijo, "no emite [en este escrito] opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado".

En su auto, el juez Carlos Gómez Iglesias ordenó la suspensión de este proceso al estimar, entre otras cuestiones, que el ahorro que presupone la Comunidad con la privatización "resulta una incógnita en el momento actual". También señalaba que no se entiende bien cómo los encargados de gestionar este servicio asumen "sin más" su "incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia". 

En rueda de prensa, Lasquetty aseguró que el Ejecutivo madrileño recibió la noticia de la suspensión con "absoluta sorpresa" pues, a su juicio, es "incomprensible" que un juzgado "vuelva a tratar excatamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior". Lo cierto es que el pasado 10 de julio, el TSJM ya paralizó de forma cautelar el proceso aunque se desdijo 14 días después argumentando que el PSM, que había recurrido los pliegos de condiciones de la convocatoria, no estaba legitimado para recurrir el proceso por no ser parte directa en la adjudicación. En esta ocasión, sin embargo, el auto del juez Gómez Iglesias es la respuesta a una demanda de suspensión del proceso de licitación presentada por la asociación de facultativos AFEM por defensa de los derechos fundamentales. 

Por otro lado, y a pesar de haber sido preguntado de forma insistente por ello, Lasquetty no dijo cómo quedará ahora el proceso ni qué pasará con los profesionales afectados que, durante este mes, tienen que manifestar a las adjudicatarias su voluntad o no de permanecer en los hospitales. En esta línea se limitó a anunciar que su departamento recurrirá el auto "con carácter inmediato sin agotar los plazos que la ley permite" y trasladará un escrito al juez en el que pondrá en su conocimiento que las tres resoluciones que ordena suspender, que son las de la convocatoria del concurso, "ya han sido ejecutadas". Así, precisó que aunque los contratos no estén firmados con las empresas, lo que tiene "efectos jurídicos" es la resolución de la adjudicación definitiva. 

También cargó contra los socialistas y dijo que la paralización es consecuencia de "la maraña de recursos del PSOE a través de diferentes terminales que se mueven en su órbita". En esta línea, consideró la decisión judicial fruto de una "estrategia política personal" del líder del PSM, Tomás Gómez, "alguien –dijo– que pierde las elecciones, pierde el debate y que quiere continuar su guerra personal utilizando los tribunales". 

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Un proceso muy contestado 

Este verano la Comunidad entregó a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario e investigada por el quebranto económico causado a algunas entidades financieras de este país–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. De esta forma Madrid pretendía consumar el mayor proceso privatizador de la sanidad española.

Si la Justicia no lo impide, el plan de la Consejería es que Hima San Pablo gestione el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud haga lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionaría el Hospital del Henares.

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