El Gobierno mantiene su compromiso de reformar la sedición pero enfría el debate: "No hay mayoría"

Pilar Alegría, en la sede de PSOE en Madrid.

La reforma del delito de sedición vuelve al ruedo político. El Gobierno mantiene su postura de hacer cambios en el Código Penal para reducir el número de años, en la línea con otros países del entorno europeo, pero enfrió este lunes un cambio urgente al entender que no hay mayoría absoluta suficiente para sacarlo adelante.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, marcó la postura en un momento en el que se reabre esta posibilidad ante la negociación de los presupuestos generales y en el contexto de que estos meses serían más favorables al todavía faltar tiempo para las elecciones del año que viene. En esta cuestión todo el mundo mira a Esquerra Republicana. El portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró a favor de hacerlo lo antes posible, pero no lo situó como prioritario en la negociación de los presupuestos generales del Estado, poniendo por delante la ley de Vivienda.

La idea que tiene el Gobierno desde hace tiempo es hacer una reforma parecida a la de otras democracias europeas, como Francia, Alemania, Italia y Portugal, entre otras, que tienen este delito con penas con una media de seis años de prisión. “Siempre hemos dicho lo mismo, no hay ninguna novedad al respecto. El presidente lo manifestado, es un compromiso de legislatura”, recalcó Alegría.

En el Ejecutivo repiten que el actual Código Penal, en el tema de sedición, no es homologable al de otras democracias del entorno. “Este debate se tiene que trasladar a las Cortes y hace falta una mayoría parlamentaria que en estos momentos no se da”, recalcó la ministra de Educación y Formación Profesional.

“No vemos esa mayoría suficiente”, reiteró en varias ocasiones: “Este debate se tiene que trasladar al Congreso y hoy por hoy no parece que tengamos esa mayoría absoluta necesaria para llevar a cabo esa reforma”. 

Penas de hasta quince años

La actual fórmula vigente en España ha chocado en países como Alemania, Bélgica e Italia tras el intento de juzgar a Carles Puigdemont y devolverlo a España. En la ley orgánica de 1985 se establece en el artículo 544: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Estableciéndose las siguientes penas: “Serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.

Las señales que da el Gobierno, así lo dijo el propio Sánchez, es que si se da esa mayoría, sí se llevaría cabo esta reforma. Pero no pasa a día de hoy. Uno de los problemas que se le aparece al PSOE es que el calendario cuenta también en su contra, pues este debate podría ser perjudicial en algunos territorios de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, lo que podría provocar una rebelión interna entre algunos barones. Además, desde el Ejecutivo se insiste en que no se pueden vincular los presupuestos para 2023 (que pasan su debate de totalidad esta semana en la Cámara Baja) con esta reforma del Código Penal.

"Compromiso"

Desde Barcelona se pronunció también este lunes el ministro de Cultura, Miquel Iceta, todo un referente para el PSOE en temas catalanes y una de las personas que más influye en el presidente del Gobierno sobre esta cuestión. Lanzando un mensaje muy similar a Alegría: esto no tiene nada que ver con los Presupuestos.

"El Gobierno lo que hace es lo que hizo el presidente del Gobierno, que es reafirmar el compromiso de ajustar nuestra legislación a la legislación de los países europeos. Esto es a lo que nos hemos comprometido y cuando tengamos una mayoría parlamentaria que le dé apoyo, así lo haremos", ahondó el exlíder de PSC. Con otra idea: no se puede vincular esto con una amnistía, como ha defendido anteriormente Esquerra. Por el momento, en el Ejecutivo no ven a los republicanos en ese escenario. 

La idea es que sí tendrá más importancia sacar adelante la ley de vivienda para contar con el apoyo de Esquerra Republicana en el Congreso para las cuentas generales. Por el momento, los de Gabriel Rufián han rechazado presentar una enmienda a la totalidad, lo que allana el camino para las cuentas públicas. El plan del Ministerio de Hacienda y Función Pública es que el proyecto entre en vigor el 1 de enero del año que viene y su titular, María Jesús Montero, ya se ha abierto a negociar respecto a todas las leyes que están en tramitación.

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