Recurso inconstitucionalidad

El Gobierno de Rajoy ha recurrido 66 leyes autonómicas ante el TC, de las que un 38% son catalanas

El Gobierno ha recurrido 66 leyes autonómicas ante el Constitucional, de las que un 30% son catalanas

Ibon Uría

El Gobierno del PP ha presentado un total de 66 recursos de inconstitucionalidad contra leyes de ámbito autonómico desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Un 38% de esas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional son contra normas aprobadas en Cataluña. Navarra es la segunda comunidad que acumula más normas recurridas. Si se suman ambas, el resultado es que el Ejecutivo de Rajoy ha llevado al Constitucional 39 de sus leyes, el 60% de las 66 impugnadas en este periodo.

Al analizar los datos llama la atención que, aunque el Gobierno lleva en funciones desde el 21 de diciembre de 2015, ha seguido presentando recursos a un ritmo récord. De hecho, desde esa fecha y hasta el 3 de mayo de este año 2016, se han admitido a trámite en el Constitucional hasta diez recursos promovidos por el Ejecutivo central. Son más, por ejemplo, que los presentados en todo el año 2012, el primero de legislatura de Mariano Rajoy.

Los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno central se admiten a trámite casi sin excepción. Fuentes del Constitucional explican que los requisitos son, en su mayoría, de carácter meramente formal. Al tiempo, la admisión a trámite conlleva la suspensión cautelar y autonómica de la norma si el Ejecutivo lo solicita, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Esa medida se extiende en un primer momento por cinco meses, al cabo de los cuales –si todavía no hay sentencia– el tribunal debe decidir si la levanta o la ratifica.

Este mismo martes el Constitucional dejó sin efecto leyes de tres comunidades autónomas al admitir a trámite varios recursos del Gobierno central. El tribunal de garantías suspendió en un mismo día la ley catalana que crea un impuesto sobre las viviendas vacías, la ley de "simplificación de la actividad de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña" y otra norma aprobada por el Parlament sobre igualdad entre hombres y mujeres. También se dejó en suspenso la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de Castilla-La Mancha y la ley vasca que regula el uso del fracking.

Cifras récord de Cataluña y Navarra

Si se revisan los datos año a año, el año en que el Gobierno de Rajoy presentó más recursos de inconstitucionalidad fue 2015, cuando se impugnaron 17 leyes autonómicas. Justo por detrás, con 16 recursos, aparece 2014. En 2013 se recurrieron 14 leyes autonómicas y, además, un decreto foral normativo aprobado por la Diputación de Bizkaia. En 2012, primer año de mandato del PP, se presentaron finalmente nueve recursos.

Cataluña y Navarra, con 25 y 14 normas recurridas –el 38% y el 21% del total, respetivamente–, destacan ampliamente sobre las demás comunidades. No hay ninguna otra administración autonómica a la que se le hayan impugnado más de cinco normas –ese es el caso de Andalucía–. Por detrás aparecen Euskadi –cuatro leyes impugnadas ante el Constitucional–, Canarias y Comunitat Valenciana –tres–, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid –dos–, y Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja –una–. Finalmente, el Gobierno no ha impugnado ninguna ley de Baleares, Extremadura ni Castilla y León.

Proceso soberanista

En el caso catalán se han impugnado numerosas normas con rango de ley relacionadas con el ámbito económico pero, especialmente en la parte final de la legislatura, muchos de los recursos tienen que ver con el proceso independentista. Así, en 2012 se impugnaron cinco normas sobre urbanismo, promoción de la actividad económica, tasas y precios públicos, regulación del mercado audiovisual y también el impuesto a los depósitos bancarios aprobado por la Generalitat. Un año después, en 2013, el Ejecutivo presentó un único recurso, en este caso contra un decreto ley sobre horarios comerciales y actividades de promoción económica.

En 2014 se recurrieron normas sobre horarios comerciales, la regulación del consumo y medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, pero también la ley catalana de consultas y la convocatoria de la consulta del 9-N. Ya en 2015 se multiplicaron las impugnaciones del Gobierno central contra normas relacionadas con la escalada del proceso independentista: el Ejecutivo llevó al Constitucional, entre otras, la resolución independentista aprobada por el Parlament catalán tras las elecciones autonómicas del 27-S –y que proclamaba el inicio de la creación de la república catalana–, la reforma de la Agencia Tributaria catalana, los presupuestos autonómicos de 2015 y la Ley de Acción Exterior de Cataluña –que regulaba las delegaciones catalanas en el extranjero–, además de leyes sobre consumo, comercio, regulación bancaria, mercado audiovisual o emisiones contaminantes.

Por último, en lo que llevamos de 2016, el Constitucional ha admitido a trámite recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central contra cinco leyes catalanas: la que regulaba el ejercicio de las profesiones del deporte, la que creó el nuevo municipio de Medinyá –el Ejecutivo recurrió porque considera que la citada entidad local no cuenta con el mínimo de 5.000 habitantes necesarios para crear un municipio–, la que introdujo un impuesto para las viviendas vacías, la de simplificación de la actividad de la Generalitat y los Gobiernos locales y la de igualdad entre mujeres y hombres.

Este jueves, el conseller catalán de Justicia, Carles Mundó, acusó al Ejecutivo de Rajoy de "suspender por la puerta de detrás la autonomía de Cataluña" mediante recursos de inconstitucionalidad. "En las suspensiones y anulaciones del Constitucional, el Gobierno nos ha querido aplicar el artículo 155 de la Constitución", aseguró Mundó, en referencia al apartado que prevé la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma. El conseller también dijo que el tribunal de garantías está "desprestigiado y totalmente politizado", pues "sus miembros se cuentan por bloques y afinidades".

Leyes de la oposición

Por su parte, muchas de las normas navarras impugnadas ante el Constitucional son las que se aprobaron en el Parlamento de esa comunidad con los único votos de la oposición y en contra del criterio de la anterior presidenta navarra, Yolanda Barcina (UPN), que gobernó en minoría y vio cómo el PSN, Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra sacaron adelante varias votaciones desde el oposición y pese al rechazo de UPN y PP.

Entre las leyes impugnadas figuran varias referidas a las condiciones de trabajo de los funcionarios, otras que pretendían garantizar la gratuidad y universalidad de la Sanidad en la comunidad, y la reforma de la ley de la Policía Foral, aprobada con los únicos votos de los partidos de la oposición. El Gobierno del PP también ha llevado al Constitucional normas aprobadas en la etapa del actual Ejecutivo autonómico que preside Uxue Barkos (Geroa Bai), como la que prohibía el fracking, la que regulaba el uso del cannabis y la Ley Foral de vítcimas de actos cometidos por "grupos de extrema derecha o funcionarios públicos".

Vivienda y fracking

Además de los recursos contra leyes catalanas y navarras, el Ejecutivo central ha impugnado 11 normas aprobadas por comunidades gobernadas por el PSOE y otras 11 aprobadas por las gobernadas por el PP. Se han recurrido, finalmente, tres normas canarias –la que regulaba la celebración de una consulta sobre prospecciones petrolíferas, la reforma de la ley turismo y la ley canaria de vivienda– y dos normas vascas aprobadas por el actual Gobierno del PNV –la que reducía la posibilidad de usar el fracking en Euskadi y y la ley de vivienda vasca, que contemplaba la expropiación temporal del derecho de uso de pisos vacíos a grandes tenedores de viviendas–.

Algunos de estos temas han sido también objeto de impugnaciones en otras comunidades. Se recurrió ante el Constitucional, por ejemplo, la ley andaluza de Vivienda, aprobada en la etapa del Gobierno PSOE-IU y que contemplaba multas a los bancos que no cedieran pisos vacíos para el alquiler social y la expropiación temporal de los inmuebles de entidades financieras e inmobiliarias y que estuvieran sin ocupar. 

En el caso de los conflictos entre el Gobierno central y las autonomías del PP, destacan, por ejemplo, el recurso del Ejecutivo de Rajoy contra la ley cántabra que prohibía el fracking –en 2014–, la impugnación de la tasa que Madrid pretendía cobrar por la emisión de determinadas recetas médicas –en 2012–, o el escrito presentado ante el tribunal de garantías contra la ley de energías renovables de Murcia –en 2016–.

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