Que la judicatura es un estamento mayoritariamente de derechas, no es ningún secreto. Basta comprobar cuáles son las asociaciones más representativas en la carrera (las conservadoras) o los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno de los principales tribunales, en las que votan todos los jueces. Pero lo ocurrido este jueves, a escasas horas de que el rey declare solemnemente abierto el año judicial 2025-2026, sobrepasa todos los límites y abre un escenario inédito. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, los 10 vocales del Poder Judicial propuestos por ese partido y las principales asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, las mayoritarias en ambas carreras, se han coordinado para dar un golpe institucional sin precedentes. Piden al unísono que se incumpla la Ley Orgánica del Poder Judicial y atacan derechos fundamentales como la presunción de inocencia del fiscal general del Estado y la libertad de expresión del presidente del Gobierno entre acusaciones de instrumentalización del Tribunal Supremo para ponerlo al servicio de sus intereses políticos.
La maniobra se inició el miércoles con el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que no asistiría a apertura del año judicial por primera vez desde que accedió a ese cargo. Para evitar que su ausencia pudiera interpretarse como un feo al rey, la justificó con supuestos problemas de agenda; porque le coincide, dice, con un compromiso previo: un mitin de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero este jueves, el líder de la oposición se ha quitado la careta y ha reclamado públicamente al fiscal general del Estado que se ausente de acto. "Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", ha escrito Feijóo en X. "Someter al rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no aliviaré con mi presencia", ha añadido.
Al rechazo del líder del PP a la presencia del jefe de la Fiscalía en el acto solemne se han sumado a lo largo de la mañana los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por ese partido como un solo hombre. Los consejeros conservadores han enviado una carta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, en la que le piden que "traslade al fiscal general del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias" y lo piden, según dicen, "en defensa del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece". "La consecuencia", sostienen los representantes de la derecha judicial, "es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado". Ese grupo de vocales también reclama a Perelló que impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente junto al monarca, como cada año.
En total sincronía con el PP y con los vocales propuestos por ese partido se han manifestado las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), mayoritarias en ambas carreras. A ellas se ha sumado la también de derechas pero muy minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es acusación popular en la causa abierta contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por revelación de secretos, un delito del que el instructor del caso, no ha conseguido reunir una sola prueba. Los tres colectivos han emitido un comunicado conjunto en el que repiten el mismo mantra. Consideran que la presencia de García Ortiz en el acto, constituye, en su opinión, "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales".
Lo que el PP, los vocales conservadores y las asociaciones de derechas piden al fiscal general y a la presidenta del Tribunal Supremo es que cometan una ilegalidad. Que actúen contra el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que es el que regula la ceremonia que se celebra este viernes. "Al inicio del año judicial se elebrará una acto solemne en el Tribunal Supremo", comienza ese precepto. Después explica el papel de la presidenta del CGPJ y del TS, que "presentará en dicho acto la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia". Por último, detalla el rol del fiscal general: leer "la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia". Desde su nombramiento, García Ortiz solo ha faltado una vez, en 2022, porque estaba convaleciente de covid. Ahora, la derecha política y judicial protesta porque tenga que cumplir con un deber legal inherente a su cargo. La presencia del ministro de Justicia, por su parte, se justifica por la figura del refrendo, recogida en artículo 64.1 de la Constitución.
La petición, además, ataca directamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia del fiscal general, una garantía cuya eficacia depende directamente del Poder Judicial ejercido por jueces y magistrados que son, precisamente, los principales obligados a respetarlo y a quiénes se dirige el acto solemne de este viernes con el Rey. García Ortiz está procesado por la Sala de lo Penal del Supremo, sí, pero ni se ha celebrado juicio alguno contra él, ni mucho menos se ha producido una condena que desvirtúe su inocencia. La insólita instrucción dirigida por el magistrado Ángel Hurtado contra el máximo responsable de un órgano constitucional no ha logrado acreditar el delito de revelación de secretos que se le atribuye. La Sala de Apelación del Supremo, la encargada de revisar las resoluciones del instructor, ha confirmado el procesamiento por mayoría, pero uno de sus tres magistrados, Andrés Palomo, sostuvo en un voto particular el pasado 29 de julio que "no se puede atribuir de manera mínimamente justificada" a García Ortiz el delito por el que se investiga y apuntó a la parcialidad de las pesquisas de su compañero Hurtado al vetar o despreciar las pruebas que pudieran beneficiar al investigado.
En este golpe institucional sincronizado, además de las referencias al fiscal general, el PP y la derecha judicial han cargado contra otro derecho fundamental, el de la libertad de expresión, del presidente del Gobierno por algunas de sus manifestaciones en la entrevista que concedió a RTVE el pasado lunes. Pedro Sánchez defendió la inocencia de García Ortiz, pero además, aseguró que "aún confiando en la justicia y aún pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo, cumplen con la ley; hay jueces que no". Después añadió: "Que hay jueces haciendo política y que hay políticos tratando de hacer justicia, sin duda alguna los hay, afortunadamente es la minoría, pero la hay; y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia". Sánchez se refería, en concreto, a la imputación de varios delitos a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, dos procesos que siguen adelante pese a haber sido muy cuestionados y contar con el rechazo frontal de la Fiscalía.
El PP hiperbolizó esas palabras y, en el comunicado en el que explicaba por qué Feijóo no iría a la apertura solemne del curso, acusó a Sánchez de afirmar que "los jueces persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos". De manera sincronizada, los vocales a propuesta del PP han asegurado en la carta a Perelló, que Sánchez vertió "acusaciones genéricas contra jueces y magistrados (...) que reiteró en la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función", en unas declaraciones que los consejeros conservadores consideran "no solo injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de derecho". Esa es la razón por la que han pedido que se relegue al ministro Bolaños a un segundo plano en la apertura solemne.
María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria y conservadora APM, aseguró en diversos medios que las palabras del jefe del Ejecutivo "demuestran poco respeto al Estado de derecho, al Poder Judicial y a la separación de poderes". Del Barco, jueza decana de Madrid, participó junto a Feijóo y Miguel Tellado el pasado febrero en un acto del PP en el Congreso en el que se cargó contra la Fiscalía y contra el Tribunal Constitucional y en el que pidió abiertamente a la Unión Europea que abra un procedimiento sancionador contra España —que implicaría multas millonarias y pondría en peligro fondos europeos— por vulnerar la separación de poderes. El código ético de los jueces y los tratados internacionales sobre ética judicial firmados por España prohíben a los jueces participar en actos políticos para salvaguardar su apariencia de imparcialidad.
La izquierda llama a la tranquilidad
Este movimiento coordinado ha contado con el rechazo de la izquierda judicial. Nueve de los 10 vocales del Poder Judicial a propuesta del PSOE y Sumar apelaron a la "tranquilidad y la normalidad institucional" y llamaron a desterrar "cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne". Tras recordar que es la LOPJ la que impone la presencia del fiscal general en el acto, recordaron que la confianza en el Estado de derecho "se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad", es decir cumpliendo el deber que establece esa ley, "y el de presunción de inocencia", que asiste al jefe de la Fiscalía mientras no sea condenado. Sobre la presencia del ministro de Justicia en la mesa presidencial, los vocales subrayan que es "notario mayor del reino" y destacan que se trata de "una costumbre institucional consolidada".
El progresismo minoritario de la judicatura también se ha desmarcado de las críticas de la derecha por la entrevista de Sánchez. "Quizá no le corresponda hacer estas manifestaciones, pero es indudable la instrumentalización partidista de ciertos procedimientos judiciales, frente a las que los tribunales deben actuar con máximo rigor", afirmó el portavoz de la asociación de izquierdas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achutegui.
La negativa a aplicar la ley de amnistía por el Tribunal Supremo y las manifestaciones reiteradas y públicas de destacados magistrados con ataques e insultos a miembros del Gobierno o representantes políticos —como las de Eloy Velasco o Manuel Ruiz de Lara— que quedan sistemáticamente impunes, las comparaciones de algunos colectivos de la independencia judicial en España con la de Hungría o Polonia, o la huelga judicial y fiscal del pasado julio contra las reformas del Ejecutivo (una protesta ilegal, incontrolada, sin servicios mínimos y sin la correspondiente merma salarial) fueron los hitos anteriores de activismo judicial en el conflicto abierto que mantiene la magistratura conservadora con Pedro Sánchez. La revuelta coordinada de este jueves y el plante sincronizado al Rey supone un salto cualitativo al franquear -en plena unidad de acto con el principal partido de la oposición y para hacer valer sus intereses- una de las líneas rojas de la derecha: su lealtad a la Corona.
Que la judicatura es un estamento mayoritariamente de derechas, no es ningún secreto. Basta comprobar cuáles son las asociaciones más representativas en la carrera (las conservadoras) o los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno de los principales tribunales, en las que votan todos los jueces. Pero lo ocurrido este jueves, a escasas horas de que el rey declare solemnemente abierto el año judicial 2025-2026, sobrepasa todos los límites y abre un escenario inédito. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, los 10 vocales del Poder Judicial propuestos por ese partido y las principales asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, las mayoritarias en ambas carreras, se han coordinado para dar un golpe institucional sin precedentes. Piden al unísono que se incumpla la Ley Orgánica del Poder Judicial y atacan derechos fundamentales como la presunción de inocencia del fiscal general del Estado y la libertad de expresión del presidente del Gobierno entre acusaciones de instrumentalización del Tribunal Supremo para ponerlo al servicio de sus intereses políticos.