Protestas sociales

Greenpeace despliega un cartel de 315 metros cuadrados contra la 'ley antiprotesta' de Interior

El cartel en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana.

INFOLIBRE

Tres activistas de la organización ecologista Greenpeace se han colgado esta mañana del sábado del edificio España de Madrid para colocar un cartel contra la futura Ley de Seguridad Ciudadana. En la pancarta, de 315 metros cuadrados, puede leerse el mensaje No a la #LeyAntiProtesta. Alrededor de las 13.00, la policía se encuentra estudiando cómo retirar el cartel y bajar a los activistas, que lo han colocado poco antes del mediodía.

La acción coincide con la convocatoria en la Plaza de España, donde se encuentra el edificio, de una concentración ciudadana en contra de esta decisión gubernamental, que prevé multas de hasta 600.000 euros por cuestiones como grabar y difundir imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra su imagen o realizar protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto, entre otros cuantos supuestos.

“Con esta acción Greenpeace muestra su rechazo a los intentos de criminalización de la protesta pacífica”, ha señalado la organización en un texto colgado en su web. “Analizando los datos hechos públicos por el Gobierno, el amplio abanico de formas de protesta que van a ser penalizadas y perseguidas podría suponer la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de manifestación”.

“La noticia de esta futura Ley ha coincidido con el encarcelamiento sin juicio de más de dos meses de toda la tripulación del barco de Greenpeace Arctic Sunrise, además de dos periodistas independientes que les acompañaban, en Rusia”, añade el comunicado. “El motivo: hacer una acción de protesta pacífica en una plataforma petrolera de Gazprom en el Ártico. Las 30 personas se enfrentan ahora a la posibilidad 20 años de cárcel por actuar pacíficamente por defender el Ártico. En España el rechazo a esta criminalización del activismo ha sido rotundo, y más 130.000 personas han enviado cartas a la embajada rusa para pedir su libertad. Para Greenpeace cualquier intento de endurecer las penas a los que protestan es ponernos en un camino muy peligroso contra derechos legítimos”.

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