Corrupción política
El grupo de Bárcenas juega la carta de la nulidad para ‘borrar’ los demoledores datos de Suiza
La defensa de Iván Yáñez, considerado testaferro de Luis Bárcenas, acaba de enseñar las cartas que jugará en su intento por conseguir la nulidad –es decir, el borrado literal– de todos los datos que en el caso Gürtel guardan relación con las informaciones facilitadas por Suiza: entre ellos, los que destaparon cómo el extesorero del PP había llegado a ocultar en el país helvético más de 48 millones de euros.
En el escrito donde se oponen al envío de una nueva comisión rogatoria a Suiza, los abogados de Yáñez desvelan dos datos: el primero, que “las autoridades españolas” –en referencia al juez Pablo Ruz y/o las fiscales del caso– viajaron el 18 de marzo a Berna para reunirse con el fiscal suizo Sergio Mastroianni “a espaldas de las partes”.
Y ello, argumentan los defensores de Yáñez, vulnera nada menos que el artículo 24 de la Constitución, que asegura el derecho a un proceso con todas las garantías. El escrito extiende así la sospecha de juego sucio pero sin dar ni un detalle: no detalla, por ejemplo, si Ruz acudió a esa cita o si, por el contrario, solo lo hicieron las fiscales del caso; y tampoco explica cómo saben los abogados de Yáñez que esa reunión, aun si existió y si a ella solo acudieron las fiscales, tenía por objeto abordar la marcha del caso Gürtel, dado que Anticorrupción puede estar investigando otros asuntos en Suiza.
Lo segundo que recalca el escrito es que Suiza siempre prohibió el uso de la documentación que iba remitiendo a España para investigar delitos fiscales supuestamente perpetrados mediante la ocultación de fondos y no con tretas como el uso de facturas falsas.
Suiza, que según Hacienda oculta 20.000 millones de ciudadanos españoles y que ahora busca mejorar su imagen al haber firmado con la UE un acuerdo de intercambio automático de datos fiscales –que solo entrará en vigor en 2018–, no considera delito fiscal la defraudación de impuestos salvo que medien estrategias de estafa como el ya citado uso de facturas falsas. O que ese delito fiscal esconda en realidad el blanqueo de dinero procedente de sobornos. Por ejemplo.
La prohibición de utilizar datos facilitados por Suiza para investigar o enjuiciar en España delitos fiscales basados en la mera ocultación de fondos y que no vayan vinculados a corrupción y/o blanqueo ya había trascendido en ocasiones anteriores.
Pero es aquí donde los letrados de Yáñez, José Lozano y Alfonso Rubiales lanzan su segunda andanada al afirmar que el veto helvético solo encontró un periodo de excepcionalidad: el comprendido entre el 14 de abril de 2014 y el 6 de junio de ese mismo año, “habiéndose accedido [a permitir que España utilizase esos datos], contraviniendo claramente la legalidad vigente de aquel país, por una funcionaria de la Oficina Federal de Justicia que después fue despedida" y “no por el fiscal ni mucho menos un tribunal suizo, que en cuanto tuvieron competencia sobre la cuestión informaron y decidieron en contra de la comunicación remitida” por dicha funcionaria.
Este lunes, infoLibre intentó contactar por correo electrónico con la mencionada funcionaria para contrastar si, tal como sostienen los abogados de Yáñez, fue despedida y si envió o no documentos a España sin mandato previo de la justicia suiza.
Este diario sí pudo confirmar que esa antigua funcionaria, Rania Tawil, trabaja ahora en uno de los grandes bufetes suizos pero no si abandonó la Administración suiza por voluntad propia o de manera forzosa. Tawil llegó a estar destinada en la fuerza de choque encargada de la cooperación de Suiza con EEUU, uno de los países más estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales desde los atentados del 11-S.
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Los abogados de Yáñez, que no esconden en su escrito la confluencia de intereses entre su cliente y Luis Bárcenas, tratan de tirar por tierra la última solicitud de ayuda –comisión rogatoria– cursada a Suiza. La autorizó el juez Pablo Ruz el 16 de abril, el mismo día en que dejó la Audiencia Nacional para tomar posesión de su nuevo destino en Móstoles.
Esa ampliación de rogatoria persigue que Suiza autorice a España para utilizar “en relación con los hechos y delitos recogidos en la presente resolución” los documentos que desde que estalló el caso Gürtel ha ido enviando a la Audiencia Nacional. Y esos hechos y delitos se vinculan, básicamente, al uso de facturas falsas y de sociedades pantalla. O sea, al uso de lo que, utilizando la expresión francesa, los abogados de Iván Yáñez definen como “l'escroquerie fiscale”: artimañas y estafas para defraudar al fisco, lo que en Suiza sí constituye delito.
La defensa de Yáñez trata también como causa de nulidad el hecho de que la ampliación de la comisión rogatoria quedase fechada casi mes y medio después de que Ruz ordenara la apertura de juicio contra Bárcenas y otros 39 inculpados en la pieza del caso Gürtel denominada Primera Época (1999-2005). Ruz, vienen a decir los letrados, ya no era competente más que para recibir los escritos de conclusiones. El instructor, remacha el escrito, “no tiene facultad ni competencia alguna para acordar diligencia alguna”.