El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.
En el pacto anterior, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace casi tres años era muy similar al alcanzado el jueves, aunque en el actual la huella de Vox está todavía más presente. Aquel pacto ya incluía una ley fiscal en los primeros 100 días, rebajas de impuestos, la defensa de la central nuclear de Almaraz, el impulso del regadío, una ley integral de protección a la familia, medidas de conciliación, apoyo a jóvenes para la primera vivienda, atención a la ocupación ilegal y la derogación de la ley de memoria histórica. Muchas de ellas ni siquiera llegaron a cumplirse.
En 2023, Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta para que los ultras entren en el Ejecutivo y "puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas".
Ahora, los ultras concentran en la cuestión de la migración varias de sus promesas estrella: el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su devolución a los países de origen, la restricción de ayudas a extranjeros en situación irregular o la “prioridad nacional” en vivienda y prestaciones, esta última de dudoso encaje legal, ya que el mismo texto reconoce que habría que modificar para ello la ley de extranjería y otras normas. El texto también recoge la prohibición del burka, el niqab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro” en espacios públicos. Una medida que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que “recurrirá con toda la fuerza del Estado” si vulnera “los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas”.
Almaraz, una central con fecha de caducidad
En línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, el pacto de 2023 se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores". Cuestiones que dependen en su práctica totalidad de la Comisión Europea.
Ahora el pacto hace referencia a la “desregulación” con una nueva consejería en manos de los de Abascal. Se trata de un concepto inédito en el caso español, pero que ya ha sido utilizado por dirigentes de la derecha radical como el presidente argentino Javier Milei o el norteamericano Donald Trump. La desregulación, a sus ojos, implica menos normas, menos límites ambientales o administrativos y un Estado más reducido en su función supervisora.
El acuerdo actual también promete “blindar” la continuidad de Almaraz mediante la reducción progresiva de la ecotasa autonómica, pero el propio texto admite que el futuro de la central depende también de la fiscalidad estatal y de la tasa Enresa, un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.
De hecho, Guardiola ya anunció en octubre de 2025 una rebaja del impuesto autonómico para favorecer la continuidad de la planta, señal de que esa palanca regional existe, pero también de que no basta por sí sola para decidir el futuro de la central. Es más, el Ejecutivo central ha asegurado que los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse, uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028.
El acuerdo provoca un choque interno en el PP
El hecho de que muchas de las cuestiones acordadas entre PP y Vox sean irrealizables e incluso puedan ser contrarias a la Constitución lo han señalado incluso presidentes autonómicos del PP. La primera de ellas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este viernes criticó la “prioridad nacional” en los servicios públicos, y advirtió de que “muchos de esos requisitos no son legales”. “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos” ni de un sistema “al que ha contribuido”, como es el sanitario.
En Génova aseguran que defienden lo mismo que Ayuso. Pero lo cierto es que Guardiola ha tenido que ceder para tratar de garantizar una estabilidad que no obtuvo la pasada legislatura. Y por eso en el acuerdo se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años o si volverán a romper cuando les “convenga electoralmente”, como asegura Génova que hicieron en verano del 2024.
Vox y PP copian la fórmula de Milei: crean la consejería de Desregulación en Extremadura
Lo que también esperan es frenar el ascenso de la formación de Abascal una vez compruebe las limitaciones de gobernar. Tras el resultado de las elecciones, los ultraderechistas quisieron demostrar que son "un partido de gobierno", pero en el PP creen que Vox solo se hace fuerte desde la impugnación al sistema, no desde dentro de él.
Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. El que sí lo ha hecho es el andaluz Juanma Moreno, que aprovechó para desmarcarse de cualquier acuerdo con los ultras: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno”, planteó.
El calendario previsto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo buscaba demostrar la fortaleza de la ‘marca PP’, no funcionó como esperaba. Para el líder de la oposición era muy importante empezar el nuevo ciclo con tres victorias contundentes del PP frente a una izquierda con escaso poder territorial. Aunque los conservadores fueron la primera fuerza en los tres territorios, no redujeron su dependencia de Vox. En Extremadura y Aragón la aumentaron, mientras que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco creció dos escaños por uno de Vox.
El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.