Derechos humanos

“Mi hijo se me moría en la cárcel y nadie me escuchaba”

Imagen de una protesta para reanudar la asistencia jurídica.

Olivia Carballar | Sevilla

“Cada uno tiene su fe. Hay quien cree y quien no cree. Y yo soy mucho de la Macarena. Un domingo estaba rezando y llorando en la basílica y pasó un cura. ¿Qué le pasa?, me dijo. Le conté el caso, que mi hijo se me estaba muriendo en la cárcel porque no le daban las medicinas, y me aconsejó que fuera a ver a don José Chamizo [en ese momento Defensor del Pueblo Andaluz]”. Trinidad Barrera, hoy con 73 años, se pasó dos años sola llamando a todas las puertas que pudo para que su hijo, Manuel Trancoso, enfermo de hepatitis C, recibiera el tratamiento prescrito por los médicos pero denegado por Instituciones Penitenciarias.

“Nadie me escuchaba. Fui a ver a don José [Chamizo] y me dijo que me iba a poner en contacto con una abogada que me ayudaría de manera voluntaria”, recuerda Trinidad. Su caso ilustra la situación de indefensióno que padecen los presos en Andalucía, que llevan ya casi tres años sin asistencia jurídica gratuita dentro de las cárceles, un servicio que incluía la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad, permisos de salida… La Junta suspendió esta asistencia en 2012 alegando que el Ministerio del Interior no firmó la renovación del convenio establecido a tres bandas entre la administración autonómica, la central y los colegios de abogados.

Durante todo este tiempo, Junta y Gobierno se han culpado mutuamente sin aportar una solución. El pasado viernes, el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, anunció que el servicio, financiado íntegramente por la Junta, volverá a funcionar tras la firma del convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Pero sigue faltando la rúbrica del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no ha aclarado a infoLibre cuándo lo hará o, al menos, si lo hará. Hasta entonces, los aproximadamente 16.000 presos en las cárceles andaluzas seguirán en la misma situación.

“El que no haya letrados que entren en las prisiones desde los colegios de abogados como en cualquier otro turno de oficio contribuye a la posibilidad de aumento de vulneraciones de los derechos humanos cada día. En muchos casos, como el de Manuel, tener asistencia dentro de la cárcel puede ser vital. El nivel de analfabetismo entre los presos es muy alto. Es un colectivo muy vulnerable. No pueden recurrir denegaciones de permisos, ni hablamos ya de abusos”, cuenta Maribel Mora, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que llevó el caso de Manuel Trancoso y logró que recibiera finalmente su tratamiento.

Le debo la vida de mi hijo a los derechos humanos. Ahora tiene mejor el bulto que tenía en el hígado”, relata Trinidad llorando. “Es que mi marido murió de cáncer y no pudimos hacer nada, pero yo sabía que si a mi hijo le daban la medicación mejoraría”, añade agradecida.

La APDHA atribuye la mayor responsabilidad del parón a la Junta, que es quien paga, al no permitir un convenio directo con los abogados, sin necesidad de la rúbrica de Interior, como se hizo hasta 2008 y como se hace en otras comunidades. El consejero de Justicia, sin embargo, considera imprescindible la autorización del ministerio para prestar el servicio “con garantías de seguridad, legalidad y transparencia”. E insiste en que no se trata de un servicio de justicia gratuita "que está garantizada en sus propios términos", sino de un "complemento" para reforzar el asesoramiento a personas privadas de libertad.

Fue duramente criticado cuando en el Parlamento andaluz afirmó lo siguiente: "Desde el primer momento dije que me parece un servicio prácticamente de lujo porque, como fiscal que soy, sé el trabajo que desarrollan en las prisiones los fiscales de vigilancia penitenciaria. Y me parece un insulto a esos fiscales, a la profesionalidad y a la entrega de esos fiscales que se diga que los abogados son imprescindibles porque los fiscales no se ocupan de ellos. Eso me parece una indignidad”.

En el caso de Manuel Trancoso, según la APDHA, el fiscal se opuso a que recibiera el tratamiento. Cuando intervino la abogada, el juzgado de vigilancia penitenciaria dio luz verde para que fuera medicado y hoy se recupera en la cárcel. “Dentro de las cárceles, los juristas que hay son como jueces y parte”, denuncia la abogada. El Defensor del Pueblo Andaluz también incidió en ello: “Por nuestra experiencia de años atendiendo quejas de prisiones, sabemos de las enormes carencias informativas que padece esta población, sin que los juristas penitenciarios puedan resolver las consultas y peticiones que les pudieran presentar los internos, no sólo porque la mayor parte de sus funciones sean las de asesoramiento jurídico en general para la Dirección de los establecimientos penitenciarios y sus órganos colegiados, sino por el muy escaso número que representan en la plantilla de funcionarios de prisiones”.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, califica directamente la paralización como recortes: “El coste era ínfimo. Es lamentable que se suspendiera e inconcebible que no se haya reanudado ya cuando afecta a un sector de la población muy vulnerable que necesita mucha más protección, y sobre todo cuando ese servicio ha sido valorado satisfactoriamente por todas las partes”. En el Parlamento andaluz se han aprobado varias iniciativas para su reanudación, con el apoyo incluso del PP.

El último año completo que se prestó el servicio, en 2011, hubo unas 10.000 asistencias, con un presupuesto de 422.800 euros. El nuevo convenio, firmado de momento entre los abogados y la Junta y que tendrá una vigencia de tres años prorrogables, reduce la dotación a 140.000 euros anuales. Según De Llera, el ministro “debe estar muy ocupado” para no firmar, aunque asegura que esta vez sí ha aceptado los términos del acuerdo porque se abaratan los costes: “Me comunicaron que era el Ministerio de Hacienda el que impedía a Interior firmar el convenio con la Junta porque no era conveniente que una comunidad autónoma -'hombre, con lo endeudadas que están'- se gastase ni un euro más”, dijo también en el Parlamento.

La APDHA denuncia que esa cantidad no garantizará la mínima calidad exigible: “En estos tres años, la Junta se ha ahorrado un millón de euros. Ahora se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias. Antes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, ahora se reducirán a la mitad, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante. Si antes se atendían en muchas prisiones a siete presos en dos horas, ahora probablemente serán 10. La calidad se reducirá necesariamente”.

El consejero de Justicia niega que vaya a afectar a los presos. Según explicó, el nuevo convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio y se elimina la figura del coordinador provincial, que, según De Llera ”cobraba un dineral”.

Decenas de cartas de presos

En estos tres años, la APDHA ha recibido decenas de cartas de presos desesperados reclamando asistencia.

“Hola, me dirijo a usted con todo el respeto que merece, puesto que usted trabaja con los derechos humanos. Me quedan varios años de condena y hace un año y medio [en una cárcel fuera de Andalucía] me detectaron una enfermedad muy grave, y me operaron rápidamente. Puesto que soy portador de VIH fue complicado, pero lo peor es que ahora tenía cita en septiembre para la próxima operación de la cadera derecha allí en esta prisión pero me trajeron aquí [una prisión andaluza]. Todo está estancado, yo estoy pidiendo el tercer grado con efecto de libertad condicional pero sólo me ponen trabas. El médico del módulo está de acuerdo pero el equipo de tratamiento no, pues los he denunciado varias veces, pero ellos lo manipulan todo y dan falsa información a Madrid y al juzgado de vigilancia.Yo tengo en mi poder documentos médicos donde se acreditan las muchas enfermedades, todas irreversibles. Le ruego se ponga en contacto conmigo pues moriré aquí dentro”, escribió Antonio Luna Rasero en noviembre de 2013.

Maribel Mora pone otro ejemplo para insistir en que la asistencia jurídica dentro de las cárceles no es un servicio complementario, sino imprescindible. Honorio Gómez había denunciado en numerosas ocasiones torturas y malos tratos por parte de los responsables de Instituciones

Penitenciarias y aseguraba que cada vez que se acercaba el momento de una operación quirúrgica, lo trasladaban de prisión, con lo que el proceso de pruebas volvía al inicio y su estado empeoraba. Las piedras en el riñón le han causado frecuentes cólicos nefríticos, y una enfermedad degenerativa le ha afectado a la movilización de los ded os de la mano.

“Contaba más los días que faltaban para la operación que los que me quedaban para darme permiso […] Allí dentro, la sartén la tienen ellos por el mango […] Para ellos es más peligroso un boli que un cuchillo”, explica Honorio en un vídeo. “Cuando llegó aquí y lo asistimos conseguimos que lo operaran del riñón. Pero al final tuvieron que amputarle un dedo”, cuenta la abogada.

La denuncia por malos tratos, tortura y prevaricación contra varios responsables de Instituciones Penitenciarias ha sido admitida a trámite en un juzgado de Madrid. “Si cuando un animal se pone malo lo llevamos al veterinario, cómo no iba a poder llevar a mi hijo al médico. No me dejaban curarlo. No tenía derechos, mire usted. ¿Dónde está la ley? No la tenía. Hasta que vino a ayudarnos la señorita Maribel”, concluye Trinidad Barrera, que asegura seguir rezando todos los domingos a la Macarena.

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