El socio de Aldama ficha a un exfiscal y exdirectivo de El Corte Inglés para su defensa en 'Hidrocarburos'

El empresario Claudio Rivas, uno de los principales investigados en el llamado caso Hidrocarburos, refuerza su equipo legal. Y lo hace con la incorporación de un especialista en delitos económicos y buen conocedor de los entresijos de la Audiencia Nacional. Según consta en una reciente providencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, el socio de Víctor de Aldama –pieza central tanto de esta trama como del caso Koldo-Ábalos-Cerdán– ha designado al Juan Moral de la Rosa, fiscal en excedencia y exdirectivo de El Corte Inglés, como abogado codefensor en el procedimiento, en el que ya estaba representado por los letrados José Miralles y Alfonso Rubiales.

Moral de la Rosa trabajó durante casi dos décadas para el Ministerio Público. Estuvo destinado en Canarias, donde ejerció como fiscal Antidroga y contra el Blanqueo de Capitales. O en Toledo. Hasta que en 2005 aterrizó en Madrid. En concreto, en la Audiencia Nacional. Buena parte de su trabajo giró alrededor del terrorismo, tras casi dos décadas de asesinatos por parte de ETA. Llevó, por ejemplo, el procedimiento contra Gorka Palacios, el que fuera jefe militar de la banda terrorista, por el atentado de julio de 2001 en el que murió el policía nacional Luis Ortiz. O el que se abrió contra una veintena de miembros de la Asamblea de Electos de Batasuna por integración en banda terrorista y malversación, un asunto que acabó en absolución.

Ahí, en ese tribunal especial contra el terrorismo por el que ahora discurren las grandes causas de corrupción, permaneció Moral hasta finales de 2010. Entonces, solicitó la excedencia. Y dio el salto al sector privado, un camino seguido por otros tantos compañeros de carrera de la Audiencia Nacional: Juan Antonio García Jabaloy, Jesús Santos, Ignacio Gordillo, Florentino Ortí, Javier Sánchez-Junco, Daniel Campos, Enrique Murillo... Durante la década siguiente, Moral estuvo trabajando para El Corte Inglés. Fue director gerente de la Asesoría Jurídica, vicesecretario del Consejo de Administración y presidente de Sicor, una de las filiales del grupo empresarial.

Un supuesto fraude de 231 millones

Ahora, ejerce como profesor universitario. Y como abogado especialista en derecho penal económico y mercantil. Un perfil que Rivas ha decidido incorporar a su equipo defensivo, que hasta el momento estaba en manos de Estudio Legal Foro de Europa, un bufete especializado en delitos económicos o tributarios. El caso no es sencillo. El empresario, al igual que Aldama, está siendo investigado por su participación en una supuesta trama que habría defraudado, según los investigadores, 231 millones de euros con los hidrocarburos: 49,2 millones a través de Have Got Time en 2021 y 2022 y 182,5 millones a través de Villafuel entre 2022 y 2024.

"Desde finales de 2020 [Claudio Rivas] comenzó a diseñar una estructura empresarial cuyo principal objetivo sería controlar una o dos operadoras mayoristas en el mercado de los hidrocarburos, dominar parte del sector y continuar con la operativa defraudatoria que le generaba millones de euros en ingresos", sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A finales de 2020, Rivas, ante la necesidad de obtener una nueva autorización de operador en el menor tiempo posible y siendo consciente de que "no cumplían con los requisitos legalmente establecidos", entró en contacto, a través de otras dos investigadas –Carmen Pano y su hija Leonor–, con Aldama para que activará su red de influencias.

Lo que se buscaba, según los investigadores, era que el empresario "facilitara un acuerdo" con el exministro José Luis Ábalos para que este último "ejerciera su influencia en los órganos competentes" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria "con el objetivo de obtener una resolución administrativa favorable a sus intereses" a cambio de una "contraprestación económica". En concreto, pretendían, siempre según la UCO, obtener la autorización de operador mayorista para Villafuel SL, comercializadora de hidrocarburos que en ese momento controlaba Rivas.

"Si bien dicha influencia se ejerció y las contraprestaciones se ejecutaron con la compra del chalet elegido por el ministro –la famosa casa de La Alcaidesa que salió a la luz en el caso Koldo–, el 10 de julio de 2021, fecha del cese y de la posterior renuncia al cargo orgánico en el partido del ministro en cuestión, constituyó un punto de inflexión dado que dificultó e impidió la materialización del acuerdo inicialmente previsto debido, posiblemente, a la pérdida de influencia y poder, lo que llevó a la organización criminal a modificar su estrategia", recoge el último informe de la Guardia Civil.

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A finales de aquel verano de 2021, María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas e investigada también en el procedimiento, cogió las riendas de Still Growing SL, la matriz que es dueña de Villafuel. Unos meses después, en enero de 2022, solicitó al administrador de derecho de esta última que solicitara una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica "pero evitando cualquier manifestación que pudiera interpretarse como presión, con el objetivo de normalizar la relación institucional". Y en julio, le insistió en la "importancia" de que Aldama "se desvinculara completamente" de los trámites para obtener el título de operador.

"Por favor, que Víctor no llame ni trate con nadie nuestro título de operador que ya en febrero te recuerdo pusieron la cara roja a Raquel y a Joaquín Pedro etc, en la reunión porque una persona no paraba de llamar y exigirle situación de nuestro expediente... y no caía bien", escribió Rivas. Un par de meses después, Villafuel SL mediante declaración responsable y una vez validada la situación financiera por el Ministerio de Transición Ecológica obtuvo la autorización para iniciar la actividad como operador mayorista. Desde el Gobierno siempre han defendido que dicha concesión se ajustó a la legalidad.

En el marco de esta investigación, el instructor, el magistrado Santiago Pedraz, acaba de pedir a Portugal el embargo preventivo de 14 cuentas bancarias, una de ellas de 10 millones de euros correspondiente a la sociedad Labirinto de Bruma Unipessoal.