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Financiación ilegal

Ignacio González y la sucesora de Aguirre en Fundescam señalan al gerente del PP como quien manejaba el dinero del partido

El expresidente madrileño Ignacio González y su abogado Esteban Maestre salen de la Audiencia Nacional tras testificar el primero en relación a la presunta financiación ilegal del PP en el 'caso Púnica'.

Ignacio González, delfín de Esperanza Aguirre y su sucesor como presidente de Madrid, no solo se desmarcó este jueves ante el juez de Púnica de cualquier decisión interpretable como fruto de un plan para desviar hacia el PP fondos públicos sino que presentó también a su antigua mentora como ajena a ese asunto. Y cuando el interrogatorio se centró en Fundescam, la fundación que pagó con dinero público facturas electorales de Aguirre desde 2003, señaló al exgerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, como quien tenía el mando real sobre el dinero.

Beltrán Gutiérrez, a quien la Guardia Civil intervino durante el registro a su casa un pendrivecon lo que todos los indicios dibujan como los archivos de la caja B del PP madrileño, también fue señalado por la imputada que siguió a González en su declaración ante el magistrado Manuel García Castellón, la exdiputada Gádor Ongil, que en 2010 tomó el relevo de Aguirre como presidenta de Fundescam. La situación de Gutiérrez empeora así de manera objetiva mientras que los principales políticos que esta semana han precedido a Aguirre –que declara este viernes– han puesto especial cuidado en proteger sus espaldas y las de los restantes dirigentes imputados.

González, con quien Aguirre rompió públicamente amarras casi con lágrimas en los ojos cuando fue detenido y encarcelado en abril de 2017 en la Operación Lezo, defendió ayer a su antigua jefa. Aguirre, relató el político, asistió en efecto a la reunión de 2004 donde se les presentó –no recuerda exactamente quién– a Daniel Mercado, dueño del ya extinto grupo de publicidad Over Marketing. Pero en ningún momento –siguió declarando– dio instrucciones para que se le contratara. Mercado es un hombre clave en el caso: sus empresas aparecen en la investigación como vehículo sustancial para el supuesto desvío multimillonario de dinero de la Comunidad hacia el PP; y él mismo confesó en diciembre de 2017 haber participado en la financiación paralela del PP, tanto mediante cobros en negro como con facturas falsas pagadas por empresarios de la construcción.

González negó de plano la existencia de la segunda reunión que los investigadores consideran relevante: aquella que, según un antiguo alto cargo, se celebró en junio de 2012 y donde González –sostiene esa versión– pidió a los asistentes que se lanzaran a conseguir un millón para el partido a través de la agencia informática ICM y del Canal de Isabel II, feudo del expresidente madrileño. 

Que González se aferró a la idea central de que no sabía nada de nada lo indican dos puntos de su declaración: que en la clásula del 1%, aquella que obligaba a las empresas constructoras de hospitales a reservar ese porcentaje para una publicidad que adjudicaba a dedo –al grupo Over– el Ejecutivo regional, no tuvo nada que ver pese a que, en teoría, su aplicación fue decidida por una comisión de asuntos económicos por él presidida; y el segundo punto se refiere a Fundescam, cuyo patronato abandonó en 2007 porque no tenía en ese organismo ningún papel –eso dijo– y quería dar paso a alguien que sí lo tuviera. Durante años, las subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid a Fundescam salieron de la vicepresidencia que ostentaba Ignacio González. Pero, según su discurso, nada raro hubo en ello porque su concesión estaba absolutamente reglada.

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Aguirre recibe así una inyección de expectativas favorables con la declaración de González y la de Gádor Ongil, que no explicó por qué el patronato de Fundescam cambió de arriba abajo su composición en 2010. Ese fue el año en que los informes policiales de Gürtel sobre Fundescam salieron a la luz.

El abogado de la expresidenta ha pedido al juez que vigile esta mañana el interrogatorio para que las preguntas se ciñan de manera exclusiva al contenido del auto y no se permitan otras como con las que, también este jueves, buscaba la Fiscalía indagar sobre aspectos como la reforma de la sede del PP o el nacimiento de la asociación privada Madrid Network como heredera del Imade, un opaco organismo público que en cuatro años adjudicó nada menos que 23 millones de euros en contratos de publicidad bajo sospecha.

Una vez disuelto el Imade a finales de 2010, Madrid Network, que ni siquiera presenta cuentas públicas, recibió del Gobierno de Aguirre el encargo de gestionar 80 millones públicos en créditos blandos. Uno de esos créditos –medio millón– fue para el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, quien el lunes confirmó que Aguirre asistió en 2004 a la reunión donde les fue presentado Daniel Mercado. Pero mientras que en su declaración como testigo ante la Guardia Civil Lamela aseguró que en esa reunión se les dieron "instrucciones precisas" para contar con Over a la hora de contratar campañas publicitarias, el lunes suavizó su versión al remarcar que se les animó a ello solo por la calidad del lema –"Madrid, la Suma de Todos"– ideado por Daniel Mercado y su equipo.

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