La UCO señala un contrato del tren Monforte-Lugo entre los indicios de corrupción de Koldo

El nombre de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes, saltó a la prensa a principios de 2024 tras su detención por, según trascendió entonces, su presunta implicación en operaciones de corrupción relacionadas con la compra de material sanitario durante la pandemia de covid. El caso continuó generando titulares en los meses siguientes y estalló este jueves, cuando se hizo público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en presuntas gestiones para cobrar comisiones ilegales a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.

El informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo precipitó este jueves la caída política de Cerdán como número tres del partido y como diputado, y motivó las disculpas públicas de Pedro Sánchez. Las investigaciones de la Guardia Civil, admitió el presidente del Gobierno, muestran "indicios muy graves" de corrupción. Entre las supuestas prácticas corruptas investigadas están las vinculadas a al menos una obra en Galicia: parte de la esperada modernización de la vía férrea entre Monforte y Lugo durante la presidencia de Adif de la gallega Isabel Pardo de Vera (2018-21), posteriormente secretaria de Estado de Transportes (2021-23). 

En la página 140 del informe, la Guardia Civil constata que las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y ASCH Infraestructuras y Servicios son, en alianza al 50%, las adjudicatarias en 2021 del contrato para la mejora de túneles y puentes, así como otras actuaciones en parte de dicha línea. En aquel momento, según los investigadores, OPR tenía en su dirección a los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez, cuñados de un directivo de Acciona, Fernando Merino, el cual "aprovechando su relación con Koldo" —siempre según la UCO—, favoreció que fuesen "introducidos" en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos.

Según la UCO, Koldo García presionó a favor de OPR para lograr adjudicaciones de obras. Y, como una de las supuestas "contraprestaciones derivadas de las adjudicaciones", obtuvo un puesto de trabajo para su esposa, Patricia Uriz, quien previamente había trabajado como secretaria en el Ministerio. 

"Después de la salida [del Gobierno] de Ábalos y Koldo, Patricia y su hermano cesaron su relación laboral con el Ministerio", explica el informe, en el que consta que meses después "Patricia fue contratada" por una empresa llamada Áridos Arfensa, "sociedad que estaría directamente vinculada a OPR", cuyos directivos intermediaron en el contrato. Los seguimientos a Koldo García y a su familia, agrega la Guardia Civil, "sugieren que [Patricia Uriz] no desarrolló ninguna actividad laboral, por lo menos de forma presencial".

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En este contexto, en febrero de 2024, la UCO detectó un mensaje de Daniel Fernández Menéndez a Koldo García para informarle de que se había caído un talud en sus obras entre Monforte y Lugo y que el Ministerio iba a "sacar [una obra] de emergencia" para repararlo. "En el mismo mensaje le solicitaba" que el contrato se lo llevase OPR y que "tuvieran cuidado de no adjudicársela a ninguna de las sociedades" que, en la misma obra, tenía asignadas las tareas de mantenimiento.

En este punto, explica el informe, Koldo García llama a Daniel Fernández Menéndez "desde lo que él consideraba su terminal de seguridad" para pedirle que le "escribiera un mensaje" simulando que la comunicación inicial había sido un error y que no se dirigía al asesor de Ábalos sino a un compañero de la propia empresa OPR. "Ante el previsible temor de que sus conversaciones de WhatsApp pudieran ser intervenidas, pidió a su interlocutor a través de su línea segura que le enviara un nuevo mensaje para simular una comunicación errónea".

Estas conversaciones con los hermanos Fernández Menéndez tuvieron lugar, concretamente, el 19 de febrero de 2024, poco más de veinticuatro horas antes de la detención de Koldo García. La UCO señala que "como posible consecuencia de la detención, un día después de las conversaciones [...], la obra de emergencia se adjudicó" a ASCH Infraestructuras y Servicios por 1,45 millones de euros. Sin embargo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, el acuerdo de adjudicación lo firmó Adif en mayo de ese año, tres meses después.