El futuro de Cataluña

Interior envía antidisturbios a Cataluña y suspende traslados en un dispositivo similar al de las Diada previa al 1-O

Agentes de la Guardia Civil.

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El Ministerio del Interior ha autorizado el envío a Cataluña de agentes de unidades de seguridad ciudadana, los conocidos como antidisturbios, y ha suspendido traslados en el marco de un dispositivo de refuerzo similar al diseñado en las Diadas previas al referéndum del 1 de octubre del año pasado, cuando se llegaron a movilizar hasta 6.000 policías y guardias civiles en un escenario de máxima tensión que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según explican a Europa Press diversas fuentes policiales al tanto del dispositivo, la Dirección General de la Policía Nacional ha autorizado que se trasladen unos 500 agentes de una decena de grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP)para la custodia de edificios oficiales y en previsión de posibles altercados de seguridad ciudadana.

Interior ha aprobado el refuerzo de la plantilla de la Policía y de la Guardia Civil –en este caso con el Grupos de Reserva y Seguridad (GRS)– en Cataluña tras recibir sendas peticiones por parte de los mandos operativos de los dos cuerpos. Este martes se publicó la orden por la que el Instituto Armado anunciaba en su Boletín Oficial que suspendía el traslado de casi 300 agentes destinados en esta comunidad autónoma ante la necesidad de "garantizar la seguridad ciudadana".

Interior ha evitado dar detalles sobre el dispositivo. Fuentes del Departamento explican a Europa Press que, en todo caso, se trata de una serie de decisiones "ordinarias" por ser habituales año tras año debido a la necesidad del Ministerio de velar por que existan las dotaciones suficientes en las diferentes plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según estas fuentes, Cataluña requiere cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos con gran afluencia de público, entre ellos la Diada que se celebra el 11 de septiembre.

No obstante, diferencian el contexto en el que se celebra la Diada y los actos programados de reivindicación independentista de este otoño con el del año pasado, cuando Interior diseñó la operación Copérnico y alojó a policías y guardias civiles en barcos en respuesta al desafío de la Generalitat que, desobedeciendo las resoluciones judiciales, convocó un referéndum que debía desencadenar en la declaración de independencia unilateral.

El Ministerio del Interior ha explicado además este martes que la orden por la que la Guardia Civil anuncia en su Boletín Oficial que suspende el traslado de casi 300 agentes destinados en Cataluña se encuadra en la necesidad de "garantizar la seguridad ciudadana" ante los eventos que se celebran en el mes de septiembre, entre ellos la Diada.

Según explican a Europa Press fuentes de Interior, se trata de una decisión "ordinaria" por habitual año tras año debido a la necesidad del Ministerio de velar por que existan las dotaciones suficientes en las diferentes plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según estas fuentes, es habitual que Cataluña requiera cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos.

El Boletín Oficial de la Guardia Civil publica una resolución este martes, 4 de septiembre, en la que se anuncia que se retrasa el traslado de casi 300 agentes hasta el próximo 16 de octubre. En la orden, consultada por Europa Press, se detalla que se adopta la decisión "por necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año".

La orden está firmada por el jefe accidental del Mando de Personal, Francisco Javier Alvaredo Díaz, y ha causado malestar en algunas asociaciones profesionales por comunicarse "sin previo aviso", lo que obliga a estos guardias civiles a reorganizarse.

Hace ahora un año, el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro del PP Juan Ignacio Zoido, movilizó un dispositivo sin precedentes en el que se desplazaron a Cataluña más de 4.000 policías y guardias civiles para hacer frente al referéndum del 1-O convocado por la Generalitat.

Críticas a Marlaska por "repetir el error"

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "repita el error" de su antecesor en el cargo al retener en Cataluña a agentes a los que se les había autorizado el traslado sin mediar compensación ni ofrecer margen para planificar su situación familiar.

"El Gobierno repite el abuso que ya se cometió en estas mismas circunstancias por parte del anterior Ejecutivo. Lamentablemente, el cambio político no se ve reflejado en una nueva línea más respetuosa con los trabajadores del Cuerpo", ha señalado en un comunicado AUGC, que exige una compensación.

La Dirección General de la Guardia Civil ha dictado una orden para que el personal destinado hasta ahora en Cataluña, que tenía previsto iniciar en los próximos días el permiso de incorporación hacia sus nuevos destinos fuera de esta comunidad, quede retenido hasta el 15 de octubre. La medida, que afecta a cerca de 300 guardias civiles, se basa en "necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año".

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AUGC ha censurado que la orden, de la que se tuvo conocimiento el martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, se haya comunicado a los afectados "con sólo unos días de antelación respecto al inicio del permiso de incorporación, demostrando con ello su falta de sensibilidad hacia la conciliación laboral y familiar de los trabajadores".

"Hablamos", han asegurado, "de familias que ya tenían previsto trasladarse al domicilio de su nuevo destino, con matriculaciones en colegios, nuevos contratos de alquiler, etcétera, y que deberán mantener durante ese mes no previsto dos domicilios y obligará a estas familias a realizar la mudanza y todos los trámites del nuevo alojamiento (alta de luz, agua, etc.), sin contar con el guardia civil retenido cuando, de haber avisado con antelación, retendrían un mes más el traslado".

También han lamentado que la medida, "como es costumbre" en el Instituto Armado, afecte a los guardias civiles de base. "Nos encontramos, por tanto, ante una situación claramente abusiva, donde los trabajadores peor remunerados deben afrontar con sus propios recursos el coste de la improvisación del Gobierno ante una situación claramente previsible", ha señalado la AUGC.

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