Del interrogatorio de Aldama al de Sánchez: las filtraciones judiciales que no se investigan

Una nota de prensa de la Fiscalía del 14 de marzo desmintiendo que fuera el Ministerio Público el que ofreció un pacto al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para que evitara la cárcel, como había difundido falsamente el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Un comunicado que explicaba que, en realidad, había sido el abogado de González Amador el que se había puesto en contacto con el fiscal del caso para confesar dos delitos fiscales -"ciertamente se han cometido", decía en un correo electrónico- a cambio de que la petición de prisión contra su cliente fuera inferior a dos años y, de esa manera, la pena se pudiera suspender para que no tuviera que ingresar en un centro penitenciario. Ese era el objeto inicial del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto.

Pero el 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la causa tras conocerse que había sido el fiscal general, aforado a ese órgano, el que había ordenado la difusión de esa nota, algo que él mismo reconoció desde el inicio de la investigación. Y los magistrados cambiaron los hechos a indagar. El comunicado era perfectamente legal, según el alto tribunal, así que, lo que había que investigar era la supuesta filtración por parte del fiscal general del correo electrónico en que González Amador admitía sus supuestos delitos a varios medios la víspera del envío de la nota de prensa.

La causa es inédita. No solo porque implica al máximo responsable del órgano constitucional que dirige la política criminal del Estado. También por la virulencia y desproporción de la investigación que se asemeja más a la de un caso de delincuencia organizada que a un delito menor, como es la revelación de secretos. El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha ordenado un registro de la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se almacena información sobre cientos de causas secretas, así como el clonado de los dispositivos de García Ortiz. El último paso es reclamar su historial de llamadas y pedir a la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes borrados de sus teléfonos. Hasta el momento, Hurtado, no ha encontrado un solo indicio de que fuera García Ortiz quien difundió el documento, pero desde que inició sus pesquisas, han sido constantes las filtraciones sobre estas. También en otros procesos relevantes. Nadie responde por ello.

Tres informes de la UCO

En un caso en el que se investiga una supuesta revelación de secretos, se han producido al menos cuatro más. El secreto de sumario, inicialmente decretado por el instructor, se ha levantado, pero las actuaciones penales contra cualquier persona son reservadas, según establece la ley. Ninguna de las partes, ni el fiscal, ni el juez, ni los abogados, pueden difundir documentación de las diligencias de ninguna naturaleza ni en ningún soporte. Solo la oficina de prensa del Supremo puede difundir las diferentes resoluciones de la instrucción bajo supervisión del juez. Sin embargo, en la causa contra el fiscal general, este deber de reserva se ha incumplido sistemáticamente.

El primer documento filtrado fue el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el teléfono de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada en la causa junto a García Ortiz. La difusión de sus llamadas y mensajes afectó, no solo a su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (también al de García Ortiz), sino también al de otros fiscales que no están imputados en la causa abierta contra estos, a otros colegas que nada tienen que ver con los hechos investigados, a amigos e incluso una secretaria general del Ministerio de Presidencia y Justicia. El documento, que infería una "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración, estaba en todos los periódicos y televisiones horas después de que el instructor lo facilitara a las partes, el 25 de noviembre.

Lo mismo ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando la UCO entregó a Hurtado el informe sobre los dispositivos de García Ortiz. El documento, este mucho más escueto, también fue publicado ampliamente inmediatamente después de que el Supremo lo facilitara a las partes. En él se reflejaba que desde el teléfono del fiscal general no se había enviado ningún mensaje entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas entre las que, supuestamente, se había filtrado la confesión de González Amador. También los únicos dos mensajes que recibió en su correo electrónico sobre el caso, ambos posteriores al momento de la difusión de las noticias investigadas.

El tercer informe de la UCO que ha saltado -indebidamente, según los estándares del Supremo- a los medios es el que confirmó que el fiscal general había cambiado de teléfono el 23 de octubre, algo que ya había revelado la propia la Fiscalía, que atribuyó la la obtención de un nuevo terminal y el borrado del contenido del anterior a la política de protección de datos personales del Ministerio Público. También se ha publicado un cuarto documento, el relativo al teléfono del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Ante las quejas del fiscal general y de Rodríguez por la filtración del primer informe, Hurtado decidió enviarlas a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juzgado de Instrucción al que corresponda la investigue, en su caso. Hasta el momento se desconoce a qué órgano se ha turnado el caso ni si, en su caso, ha ordenado alguna diligencia. Que se sepa, ni los despachos de los abogados personados en el caso, ni la Sala de lo Penal del Supremo ni las dependencias de la UCO han sido registradas ni sus dispositivos clonados.

Ábalos, Koldo y Aldama, ante el instructor

Ni el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ni Leopoldo Puente, el magistrado encargado de la investigación en el Supremo, han conseguido frenar las múltiples filtraciones en la causa más seria de todas las que afectan al Gobierno y al PSOE. Puente ha adoptado medidas a la hora de tomar declaración a los tres principales imputados, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su asesor y presunto cerebro de la trama Koldo García, y el comisionista que supuestamente pagaba a los primeros a cambio de adjudicaciones y acceso a altos cargos del Ejecutivo, Víctor de Aldama. El instructor del Supremo ha obligado a todos los asistentes a los interrogatorios a mantener sus teléfonos en modo avión para evitar filtraciones.

No ha servido de nada. Cualquier ciudadano ha tenido la oportunidad desde el pasado 2 de enero de acceder a las imágenes de los tres declarando ante Puente, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los abogados de las partes en uno de los salones del alto tribunal. Un mes largo antes, también estaba disponible en los medios más importantes del país la declaración de Aldama ante Moreno, aquella en la que implicó en la trama al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al actual secretario de Organización socialista Santos Cerdán y a un asesor del Ministerio de Hacienda. En la grabación también se ve a Aldama mostrando los contratos de obra pública que, teóricamente, el Ministerio de Transportes adjudicaba a cambio de mordidas.

Se trata de una investigación en curso a la que, además del instructor y el fiscal, tienen acceso las defensas y la acción popular que coordina el PP, además de letrados de la administración de justicia y funcionarios de justicia. Hasta el momento no ha trascendido que nadie haya presentado denuncia de esas filtraciones ni que se haya atribuido a ninguna de esas personas un delito de revelación de secretos. Tampoco esta vez ha habido registros, ni clonado de dispositivos o indagaciones en las comunicaciones de cada uno de ellos.

Ábalos, Koldo y Aldama están siendo investigados en una causa de enorme trascendencia pública, pero el resto de personas a las que señala el comisionista no están incursas, por el momento, en el procedimiento. Las informaciones elaboradas con esas declaraciones filtradas -de gran valor periodístico e informativo- socavan su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, garantizar ese derecho fundamental a cada uno de ellos, no ha merecido la apertura de ninguna causa criminal para averiguar quién y cómo difundió esos datos reservados, algo que sí ha ocurrido en el caso de la pareja de Ayuso y el fiscal general.

Un interrogatorio judicial en La Moncloa

No tuvo ningún interés para la causa. Tampoco estaba obligado a declarar, ya que la principal investigada, Begoña Gómez, es su esposa, lo que permite a cualquier testigo negarse a responder en un proceso. Pero la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negándose a declarar en el complejo de La Moncloa ante el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el pasado 30 de julio, fue publicada dos meses después en los medios. Algunos se limitaron a difundir el audio de su reducida comparecencia, pero parte de la prensa de derechas incluyó el vídeo. Ni el juez, que fue denunciado por el propio presidente del Gobierno, ni ninguna de las partes personadas ha respondido por ello hasta el momento.

Han pasado nueve meses desde que Peinado inició su investigación contra Gómez sin que ninguna de las líneas de investigación que ha ido abriendo haya conseguido acreditar los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida que le achaca. Sin embargo, pese a las prevenciones del juez -según fuentes del caso, apercibe en cada acto procesal a las partes de la prohibición de filtrar las actuaciones- gran parte de sus diligencias han aparecido en la prensa.

Desde el vídeo de la primera declaración de Gómez en el juzgado hasta los informes de la UCO que la exculparon del presunto tráfico de influencias. También multitud de documentos del sumario que han servido para redactar cientos de informaciones. La última, la relativa a los supuestos saldos de sus cuentas bancarias, publicada el pasado 3 de diciembre por varios medios de derechas.

Ninguna de estas filtraciones ha dado lugar a la apertura de una causa penal por revelación de secretos. El pasado 20 de diciembre, el instructor amenazó a las acusaciones populares -Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa- de imponer una multa de entre 500 y 10.000 euros a los abogados que, tras las declaraciones, hacen declaraciones a la prensa sobre lo ocurrido en el juzgado. Pero por el momento, Peinado no ha sancionado a nadie.