El futuro de la monarquía

IU acudirá a Estrasburgo por la "inacción" de los tribunales españoles para investigar al rey emérito

El rey Juan Carlos, en un acto militar en una imagen de archivo.

Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda han adelantado este viernes que recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la "inacción de las instituciones judiciales" españolas para investigar las presuntas corruptelas del rey emérito.

Según han informado a infoLibre fuentes de la dirección de IU, la decisión se ha tomado después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado el recurso de amparo que presentaron cuando el Tribunal Supremo rechazó por dos veces admitir sus querellas contra Juan Carlos de Borbón. En una providencia, el tribunal de garantías explica que su Sección Primera ha examinado el recurso presentado y ha acordado "no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional" que, como condición para su admisión, requiere la ley.

El paso por el TC tenía dos finalidades: por un lado, intentar que se consideraran vulnerados los derechos de los querellantes por parte del Supremo y así obligar a éste a abrir la investigación contra el rey emérito que se le había solicitado en una querella –ampliada posteriormente tras las revelaciones publicadas en medios de comunicación sobre las diligencias puestas en marcha en la Fiscalía y las averiguaciones en Suiza–, pero también porque era el trámite necesario para poder acudir al tribunal con sede en Estrasburgo.

Las querellas presentadas en el Supremo imputaban hasta trece supuestos delitos –siete de ellos referidos directamente a Juan Carlos I–, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Inviolabilidad no puede ser impunidad

Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de IU y el PCE baraja para ahormar el recurso ante el TEDH está "explicar cómo determinados autos dictados por la Sala de lo Penal del Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular”. Consideran que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”.

Para las dos formaciones políticas, la vulneración del derecho fundamental se ha producido también “en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos igualmente protegidos por el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Asimismo, los equipos jurídicos están estudiando referirse en el texto que dirigirán a Estrasburgo al empleo por parte del Supremo en sus diligencias de archivo de lo que consideran "descalificaciones" hacia los querellantes con expresiones como "la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular".

Los querellantes entienden que “en ningún caso son de recibo descalificaciones gratuitas y desconsideradas, impropias de una Sala del Supremo a cuyos integrantes se ha demostrado siempre el máximo respeto, respuesta que tampoco corresponde al trabajo serio y riguroso realizado en todo momento por esta acusación popular”. “Todo esto lo que pone de manifiesto –lamentan– no es más que la animadversión a la hora de referirse a una de las partes del proceso, no permitiéndosenos ejercer con garantías la acción popular y haciendo de éste un proceso viciado y falto de imparcialidad”.

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