La izquierda apuesta por controlar a los dueños de las residencias, un giro hacia lo público y mejores sueldos para los empleados

Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del trágico panorama. Más de la mitad de las muertes por covid-19 registradas en Europa hasta la fecha se corresponden con personas que vivían en residencias para mayores. Una "tragedia humana inimaginable" para un colectivo cuyo cuidado "ha sido olvidado en Europa durante largo tiempo", ha admitido el director para el continente de la OMS, Hans Kluge.

En esto España no se ha comportado como una isla. Puede decirse que las residencias de mayores en nuestro país se están revelando como la verdadera zona cero de la pandemia, poniendo en evidencia años de recortes y exhibiendo las carencias de un sector precarizado, altamente privatizado y al que los fondos de inversión llevan años echándole el ojo como negocio muy rentable.

En la última información de una serie de investigaciones que está publicando infoLibre se desvela que fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias en España.

Más allá de la batalla política, el sector de las residencias en España ha sido golpeado con tal virulencia por el virus que todas las formaciones coinciden en que uno de los retos más urgentes de la bautizada como "nueva normalidad" va a ser hacer una revisión muy a fondo del sistema de residencias y de los cuidados de los mayores. El principal problema va estar después en que logren sentar las bases para un gran pacto en esta materia. Una muestra de que el camino va a estar plagado de obstáculos es lo que está costando a los partidos ponerse de acuerdo a la hora de constituir la comisión parlamentaria que debe hacer frente a la reconstrucción económica y social necesaria después de que el covid-19 arrasarara con tantas cosas.

A continuación, infoLibre detalla las apuestas de los principales partidos para las residencias de mayores.

PSOE

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho múltiples llamamientos a los acuerdos políticos para sentar unas nuevas bases que permitan la reconstrucción política y social. Tanto a nivel nacional como autonómico. Y uno de los puntales de esos acuerdos debe ser, a ojos de esta formación. la atención de los mayores. "Ha habido un antes y un después al covid-19. La pandemia que estamos viviendo nos obliga, sin duda, a replantear la atención a colectivos vulnerables, entre ellos los mayores. Hay que plantear la atención domiciliaria y en centros residenciales, los recursos y financiación, el ocio, la autonomía, la atención sanitaria, las pensiones, la afectividad, el papel activo de los mayores, etc.", añaden.

Las fuentes socialistas consultadas creen que urge un debate en profundidad sobre cuatro aspectos. Uno: centrado en el modelo residencial, para superar el modelo asistencial avanzando hacia modelos que ofrezcan "entornos íntimos, evitando la masificación ​y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona". Dos: "la ubicación en el territorio, carencia en las grandes urbes, mientras que, en los medios rurales, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad". Tres: "las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementar la ratio de personal y reformular sus funciones y su remuneración. Para ello es sumamente importante también que se reconozca económicamente el valor del trabajo del cuidador. La mayoría de personas que trabajan en el ámbito de atención a la dependencia, sobre todo mujeres, están trabajando por salarios inferiores a los mil euros mensuales".

En cuarto lugar, desde el Partido Socialista se aboga por una "Ley marco de Servicios Sociales". "Hay que recordar que la competencia exclusiva de los Servicios Sociales es de las comunidades autónomas", añaden.

De forma paralela, las fuentes consultadas consideran que a este debate es necesario incorporar la importancia de que el modelo sea público, con el sector privado como "complementario" —recuerdan que hay comunidades autónomas con la mayoría de las plazas privadas a través de conciertos—. También piden que se tenga en cuenta la "inequidad territorial" motivada por "la diferencia de precios sustanciales en los servicios que abonan los usuarios en las plazas de financiación pública", que se mejoren la coordinación socio-sanitaria y las inspecciones y que se establezcan "planes de contingencia". "Debemos ser generosos, rigurosos y previsores para el futuro, para repensar el mejor modelo que se ajuste a las necesidades de nuestros mayores y establecer protocolos de actuación efectivos ante posibles situaciones similares en el futuro", subrayan.

En todo caso, en el PSOE no quieren obviar que "una buena parte de lo sucedido es herencia de la política de los recortes y de la privatización con escaso control, tanto en el ámbito sanitario como en el social". "Se nota la herencia de la derecha", sentencian.

infoLibre ha venido informando en los últimos días de cómo detrás de las grandes empresas del sector, las multinacionales DomusVi, Orpea y Vitalia Home, están fondos de inversión. Y de cómo, las administraciones públicas, gracias a los conciertos, engordan las arcas de estas empresas con dinero de los contribuyentes. La penúltima entrega de esta serie de reportajes desvela cómo los dueños de las residencias Vitalia, la tercera más grande del sector, se esconden tras una trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey. Los propietarios del 80% del capital de esta firma metieron casi 165 millones de euros en seis sociedades limitadas creadas en la isla de Jersey por el fondo de inversión CVC.

A juicio de los socialistas "no puede ser que la inversión privada en centros residenciales sea para beneficio de unos pocos y a costa de la calidad de vida de las personas mayores". "Es urgente realizar inspecciones rigurosas que aporten transparencia sobre la calidad de los cuidados".

PP

A raíz de la crisis del covid-19, el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que, entre otras cuestiones, pide al Ejecutivo central "un plan específico para complementar las plantillas de residencias". Además, reclama "impulsar ayudas económicas vinculadas al mantenimiento del empleo y dirigidas a financiar la atención extraordinaria realizada en plazas residenciales para personas mayores, así como a la imposibilidad de mantener los ingresos previstos por aplicación de las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos usuarios".

La iniciativa, muy vinculada a la crisis del covid-19, pide que se garantice el suministro de equipos de protección y de test rápidos a los centros de mayores.

En el PP están convencidos de que uno de los sectores en los que habrá que priorizar en la post crisis del covid-19 será el de las residencias. Transferidas las competencias, los conservadores se verán obligados a hacer un serio análisis allá donde gobiernan. Pero, de momento, uno de los ejes de la estrategia de los conservadores está siendo mirar hacia al "mando único" del Gobierno central, concretamente del vicepresidente Pablo Iglesias.

En la última sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, afirmó que bajo su tutela habían muerto 16.000 personas mayores. "No es un número, sino un drama" y pidió al Ejecutivo que no se excusase en los datos de la comunidades. "No hay residencias del PP o del PSOE. Hay una responsabilidad única, la suya, por la que tiene que responder".

"La gente que vota a su partido no quiere ver más recortes en la Sanidad pública y malos sueldos, no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores, quiere ver no a un Gobierno, a un país, defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución", reclamó al conservador el líder de la formación morada.

En Madrid, la Comunidad más golpeada por la pandemia en las residencias, la presidenta regional declaró este miércoles en sede parlamentaria que la Consejería de Sanidad lleva "meses" trabajando en un "Plan de Atención integral en longevidad, fragilidad y soledad". "Vamos a poner toda nuestra energía para tenerlo listo lo antes posible", se comprometió.

"Las residencias de mañana tendrán que cuidar, pero también curar, pues el covid estará tiempo con nosotros. El modelo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo. Tenemos que garantizar la mejor asistencia", dijo Ayuso, que preside una Comunidad en la que de las 474 residencias de mayores existentes, sólo 25 están en manos públicas. Y donde más mayores han fallecido. Según datos recabados por la Consejería de Políticas Sociales, un total de 5.811 usuarios de residencias madrileñas han fallecido desde el 8 de marzo hasta el martes 28 de abril por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.

UNIDAS PODEMOS

Para la formación liderada por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, el problema de las residencias es "sanitario, no estrictamente de servicios sociales". Apuntan desde Unidas Podemos que los recortes sociales y la gestión altamente privatizada de estos centros están relacionados. "Los recortes se realizaron en lugares estratégicos, como la sanidad pública y las residencias de mayores. Al ser esos servicios deteriorados, hacían más fácil la inversión y rentabilidad del capital de las empresas que participaban, generando un nicho de mercado atractivo", añaden. Y subrayan: "La decisión política fue que las administraciones públicas miraran hacia otro lado: las inspecciones se volvieron excepcionales, así como los controles de calidad de la atención a las personas mayores realizadas sin previo aviso. En estas semanas hemos comprobado que la gran mayoría de víctimas mortales se han dado en las residencias privadas o concertadas".

En los acuerdos firmados con el PSOE, recuerdan en el partido morado, se contempla un programa de acreditación de calidad de residencias de mayores que permita garantizar una atención digna. "Los hechos ocurridos nos muestran que, cuando hay problemas, se reflejan con especial intensidad en los sectores más vulnerables de la sociedad. En los últimos años las residencias eran un talón de Aquiles hacia el que no se quería mirar", insisten.

¿Están en Unidas Podemos abiertos a un pacto en esta materia? "Si el objetivo es el bienestar de las personas mayores, vemos con buenos ojos la posibilidad de un pacto". No obstante, consideran que "los hechos hasta hoy nos indican que hay partidos que priman el negocio y la rentabilidad". "En los años 90, se trasladó a la población la idea de que, para tener servicios públicos eficaces, era preciso el concurso de la gestión privada. Hoy ya conocemos los efectos secundarios de la gestión privada, así que hay que poner por delante siempre lo público, libre de negocio", concluyen.

Unidas Podemos considera, como punto de partida, que la gestión de las residencias debe ser pública. No obstante, en el partido liderado por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, defiende que "mientras existan casos de gestión privada de las residencias, es inaceptable que las empresas se oculten en sociedades creadas en territorios fiscalmente opacos". Así consideran "adecuado" que "previamente deban desvelar la identidad de sus propietarios".

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Iglesias se refirió a las informaciones publicadas por este diario. "A mí me produce vergüenza", respondió el vicepresidente segundo del Gobierno en una interpelación de la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz en alusión al modelo y financiación opaca de las residencias de mayores en España.

Ciudadanos

En el partido naranja consideran que "desgraciadamente", la crisis del coronavirus está demostrando que la población que se aloja en residencias "era uno de los colectivos más vulnerables, y que la tardanza del Gobierno en reaccionar, así como la falta de prevención, han sido dramáticas para esta población de riesgo". "A la luz de los hechos, es evidente que se deberían haber hecho más esfuerzos en las residencias, adoptando medidas de prevención sanitaria y medicalización".

La formación de Inés Arrimadas subraya que esta pandemia ha puesto de manifiesto la situación en la que viven "cientos de miles de personas mayores en nuestro país, algunos en residencias que no cumplen con la calidad de vida exigible y que merecen nuestros mayores, y otros que viven en soledad crónica en sus propias viviendas". En este sentido, abogan por dotar a estos centros de los "recursos suficientes y la transparencia necesaria". Y, de forma paralela, por avanzar en un modelo de atención que les asegure "acompañamiento en su propio hogar, una vida plena, activa" y que mantenga sus lazos sociales "para quien no quiera abandonar su entorno". "No podemos permitirnos nunca más que la edad sea un motivo para crear ciudadanos de segunda en nuestro país", añaden.

En Ciudadanos hacen bandera los pactos y creen que este asunto de las residencias no puede quedar fuera. "Inés Arrimadas ha impulsado unos Pactos de la Reconstrucción entre todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y las Comunidades Autónoma. Una alianza transversal que desde Cs hemos propuesto que tenga un Plan de Protección Social, que no puede olvidar el enfoque intergeneracional y la atención a nuestros mayores", aseguran las fuentes consultadas.

"Cuanto más contenido metamos en el Pacto menos lugar habrá para la improvisación, la ideología y la opacidad", completan.

Respecto a la opacidad de los fondos, en la formación liderada por Inés Arrimadas defienden que "siempre" han abogado "por la transparencia en un sentido amplio con respecto a las empresas adjudicatarias".

Más País

Desde Más País la situación que el sector de las residencias atraviesa a día de hoy se debe a la "mezcla de lo que había previamente y a la toma de una serie de decisiones erróneas". ¿Qué había previamente? Un modelo privatizado al 90%, contratos a la baja, reducción de plantillas, malas condiciones laborales de los trabajadores. Y ¿qué ha pasado desde que arrancó esta pandemia? Emilio Delgado es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Esta comunidad ha sido la más golpeada por el virus y también la región en la que los mayores alojados en residencias se han llevado la peor parte. Usando como referencia el caso de Madrid, este parlamentario lamenta que se activaran tarde las "inspecciones", el retraso en la actuación de la Unión Militar de Emergencias (UME) y que no "priorizara" al personal sociosanitario en la entrega de los test.

"Se junta un modelo residencial previo con una cadena de errores monumental", resume Delgado en conversación telefónica con infoLibre.

En Más País ven prioritario definir mejor el ratio de personal en las residencias, es decir el número de trabajadores que se dedican a los cuidados por cada persona mayor alojada, revisar las estructuras de propiedad para evitar que estos cuidados estén en manos de fondos de inversión, como ha denunciado este diario, y fijar los precios para que todos los mayores pueden tener acceso a una plaza. En ocasiones, dice Delgado, "son prohibitivos".

En definitiva, resumen desde Más País, "más residencias, más residencias públicas y mayor control de la administración".

En Más País van mucho más allá de un pacto nacional para hacer frente al drama de las residencias. Delgado aboga por un "pacto nacional para fijar un [artículo de la Constitución] 135 al revés". Este artículo, reformado en 2011 en los últimos meses del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, consagra el principio de estabilidad presupuestaria.

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"Un pacto nacional para aclarar los gastos mínimos que tienen nuestras regiones o nuestro país y, luego, pensar en qué ahorramos. Pero no en esto. Un pacto por las cosas que no son renunciables en nuestro país", añade Delgado.

Del mismo modo, en Más País creen necesaria una ley de residencias nacional que tenga después "declinaciones" en leyes autonómicas.

La ultraderecha de Vox, tercer grupo en representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, se ha negado a responder a las preguntas de este periódico. Un boicot que se inició hace meses.