SINDICALISMO
El juez envía a prisión a las sindicalistas de 'Las seis de La Suiza' por "falta de arrepentimiento"
El juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, ha desestimado en un auto emitido este lunes la suspensión de la condena de Las 6 de La Suiza, seis sindicalistas de la CNT que protestaron por el presunto acoso que sufrió una trabajadora de esa pastelería. En contra de la posición de la defensa y de la fiscalía, que se habían manifestado a favor de suspender la entrada en la cárcel, el magistrado confirma la condena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia por actos de hostigamiento al propietario de un comercio, que provocaron su cierre.
El auto del juez sostiene que "no es suficiente" con que el sindicato CNT haya satisfecho la responsabilidad civil de la empresa y, por ello, considera que hay "falta de arrepentimiento". El magistrado considera que también hay falta de arrepentimiento porque las seis acusadas han protestado contra la sentencia impuesta por un juzgado de lo penal de Gijón y ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias y por el Tribunal Supremo.
El magistrado sigue así la línea marcada por el abogado de la acusación, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, que alegó en contra porque consideró la función ejemplarizante de la cárcel, más allá de los principios de reinserción recogidos en la Constitución.
El juez sostiene además que las protestas causaron un "daño desproporcionado" al provocar el cierre del establecimiento.
Desde la Plataforma de Abogacía Defensa de la Acción Sindical, aseguran que tanto este auto como las sentencias anteriores crean "un precedente jurídico muy nocivo" sobre derechos fundamentales como son la libertad sindical, de expresión y de manifestación. "Se pone así al sistema jurídico español al nivel de Turquía", aseguran.
El hecho de que parte de la sentencia se fundamente en el daño causado al establecimiento pone en riesgo, según la Plataforma, la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de la huelga y a las protestas.
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La sentencia relata que las seis sindicalistas participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones a un empresario hostelero que había sido jefe de una de las condenadas. Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de esta recurrente se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
La empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia. Entre otros actos, la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2024 detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
El relato de CNT es distinto al judicial e incluye una treintena de denuncias contra la entidad y sus militantes por parte del empresario. Tal y como relató Alba García, portavoz del sindicato, en infoLibre: “Todo comenzó con una mujer que sufría distintos tipos de violencia machista y que lo único que quería es que se le pagaran las cantidades adeudadas”, aseguró. De hecho, describieron al empresario como un presunto “acosador sexual” y “explotador” laboral. Admite que se organizaron “concentraciones en la puerta de la pastelería”, pero afirmó que en ellas “nunca hubo violencia contra las personas ni contra las cosas ni verbal y estuvo la Policía”. “Sí se llamó al boicot –hilvana–, pero el Constitucional ha reconocido que es un fin lícito, por lo que si el barrio decidió que no consumía en una pastelería en la que se explotaba a los trabajadores y no se tenía en cuenta la dignidad de las mujeres, es legal, aunque tuvieran que cerrar”, defendió.
