Corrupción en el PP

El juez investiga amaños de contratos del Ministerio de Fomento de Cascos y la Comunidad de Madrid para beneficiar a un donante del PP

Sede del PP en la Calle Génova

La investigación sobre la caja B del PP sigue su curso en la Audiencia Nacional indagando en la posible correlación entre presuntas donaciones de empresarios al partido y los contratos públicos que a cambio se otorgaban en administraciones gobernadas por los conservadores. En la línea de ir indagando en las cantidades de dinero que nutrían la contabilidad opaca que gestionaba Luis Bárcenas y en quién las aportaba, el juez José de la Mata está tirando del hilo de varias adjudicaciones que beneficiaron al empresario Rafael Palencia.

En un auto del pasado 14 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala tres proyectos en los que encuentra “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre tres proyectos a los que la empresa de Palencia, Degremont SA, optó en Madrid, dos de los cuales consiguió, y las entregas de al menos 95.000 euros que hizo el empresario a la caja B del PP.

Los contratos en los que resultó beneficiado se refieren a dos depuradoras en la Comunidad de Madrid y fueron adjudicados por la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), sociedad que depende del Ministerio de Fomento que en aquel momento dirigía Francisco Álvarez-Cascos, y el Canal de Isabel II, entonces presidido por Ignacio González.

Los mismos años que las donaciones

Comparando las fechas de las adjudicaciones, la primera en abril de 2003 y la segunda en diciembre de 2006, el magistrado entiende que hay una relación directa entre ellas y las donaciones que Palencia habría hecho al PP y que quedaron anotadas en los conocidos como papeles de Bárcenas, que reflejan la contabilidad en negro que manejaba el extesorero.

Según el auto, Bárcenas también habría puesto en contacto entre 2003 y 2007 al empresario con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid para otro contrato de mantenimiento y conservación de otra depuradora de aguas residuales de La Gavia. En 2006 consiguió el contrato, aunque no el año siguiente.

Fuentes originales

El instructor ya había solicitado documentación sobre estos contratos, si bien lo que hace ahora es reclamar las fuentes originales y “cerradas” de información, tanto a la sociedad como a las administraciones públicas responsables de las adjudicaciones: discos duros y otros soportes de almacenamiento, el expediente original del contrato, otros documentos digitales o archivos informáticos que contengan transcritos o realizados los distintos actos administrativos que componen ese expediente, mensajes de correo electrónico íntegro desde las cuentas en que se realizaron las comunicaciones y certificados de los cargos que ocupaban las personas que intervinieron en los proyectos. Y aunque Palencia no lograra la adjudicación del Ayuntamiento de Madrid en 2007, el magistrado también requiere información para estudiar la licitación de la depuradora.

De la Mata considera “imprescindible” y proporcionadas estas actuaciones con el objetivo de “conocer la realidad de las operaciones dado que se siguen procedimientos basados en la confianza entre personas que no se muestran al exterior”. Se trata, dice, de “aflorar los procesos subyacentes al ciclo de la contratación efectuado en favor de Degremont tanto por parte de SEPES como del Canal de Isabel II”, en el primer caso la adjudicación de los contratos de la redacción del proyecto, construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación” de otra estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo) en 2003, y en el segundo caso de explotación de la depuradora Viveros de la Villa en 2006.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha detectado irregularidades en esos contratos, que se habrían adjudicado no siendo Degremont la empresa más ventajosa en los concursos públicos que se publicitaron y a los cuales se presentaron más empresas.

"Ayudaba" al partido

No es la primera vez que el juez investiga las supuestas donaciones de Rafael Palencia al PP. De hecho, ya compareció como investigado en la Audiencia Nacional después de que saliera a la luz una grabación realizada por el exgerente del Canal Isabel II Idelfonso de Miguel en junio 2008 en la que el empresario reconocía que "ayudaba" al partido entregando "periódicamente" unos 35.000 euros para que le "traten bien".

La conocida como pieza de los donantes es la investigación clave para desentrañar la supuesta relación entre los fondos opacos del PP que Bárcenas iba anotando pormenorizadamente con los posibles amaños de contratos que se habrían producido en múltiples administraciones públicas controladas por el PP.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre reconocen la dificultad de encontrar una obra pública concreta como consecuencia directa de una donación al partido conservador, si bien en sus últimos autos ya apunta a una “correlación objetiva, subjetiva y temporal” en determinadas adjudicaciones como las otorgadas a Rafael Palencia.

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El instructor sigue buscando pruebas de que Bárcenas, su antecesor como tesorero, Álvaro Lapuerta, y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, entre otros, “definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos”, dinero enmascarado como donaciones.

Los fondos, dice De la Mata, “se entregaban a cambio de la facilitación por parte de Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara, durante la tramitación del expediente de contratación, con quien negociar la obtención del contrato en que estaba interesado el empresario, consiguiendo en ocasiones direccionar la adjudicación de los contratos, revistiendo el proceso de apariencia de legalidad, pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.

Esta investigación de los donantes es la piedra angular de la causa abierta a raíz del hallazgo de los papeles de Bárcenas y, de momento, seguirá abierta hasta julio de 2021. Pendiente de juicio, que se prevé para principios del año que viene, está la relativa a las obras en la sede del PP en la calle Génova que se habrían financiado con dinero negro.

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