Operación Kitchen

El juez investiga si el PP y la cúpula policial de Rajoy maniobraron con Villarejo para apartar al investigador clave de la caja b

El inspector jefe Manuel Morocho, en el Congreso
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¿Ha sufrido intentos de apartarle de esta investigación o presiones?

–Sí. A varios de los que estamos aquí. Lo que se buscaba era generarnos tensión para que nos doblegáramos y no esclareciéramos los hechos. Han intentado que me apartara de la investigación.

El que responde es el inspector jefe Manuel Morocho, el policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lideró la investigación del caso Gürtel y de la caja b del PP y que aún sigue aportando informes sobre esa financiación irregular a la Audiencia Nacional. Pronunció estas palabras, en respuesta a las preguntas de una acusación popular, en el reciente juicio por la utilización de los fondos de esa contabilidad paralela que gestionó Luis Bárcenas a lo largo de casi veinte años en el partido conservador, pero no era la primera vez que contaba los episodios en que se intentó boicotear una investigación de la que él estaba a los mandos desde 2008, cuando comenzaron las pesquisas sobre la macrocausa de corrupción.

En este juicio, en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen y ante el juez instructor de este último procedimiento, el inspector el inspector 81.067 ha contado una serie de sucesos que vienen la confirmar la tesis tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del magistrado Manuel García Castellón: que sus superiores en la Policía Nacional, tras la llegada del PP a la Moncloa a finales de 2011, pusieron en marcha una serie de movimientos "para calmar" a los dirigentes del PP, unos movimientos que pasaban por dejarle fuera de juego en Gürtel y en caja bGürtel . El auto de imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revela un posible nuevo intento: la posibilidad de un traslado a Lisboa, quizá para alejarle aún más de las diligencias judiciales.

Morocho está citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en la Audiencia Nacional. El juez quiere preguntar al policía si conocía este posible intento que reflejan las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo. No es descartable, vistos los antecedentes: un operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 dirigido a robar a Bárcenas documentación que se podría haber llevado del PP tras ser despedido y que podría afectar gravemente al partido y a algunos de sus dirigentes en las causas judiciales abiertas como Gürtel o la caja b, pero también las propias manifestaciones de Morocho sobre los empeños de sus superiores en apartarle de las pesquisas. Por eso, García Castellón ve necesario "escucharle de nuevo para preguntarle sobre las referencias que se hacen en la agenda en relación con Lisboa por si puede aportar alguna aclaración al respecto".

El primer apunte de la agenda sobre este asunto está fechado el 29 de abril de 2013. "ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ORTI es el entonces jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha, sobre el que Villarejo anotó varias conversaciones –razón por la cual también está imputado–. Otras entradas "significativas" para el juez sobre el inspector se apuntaron ya en mayo de 2013. El día 13: "ILH (López del Hierro). Dice que MD (Cospedal) hablará con CHISCO (Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad) y con OLI (José Luis Olivera, comisario y el antiguo jefe de Morocho en la UDEF) y si puede también conmigo. Muy decidido a todo". Y diez días más tarde: "CHISCO. Morocho-Lisboa", y "COSPE (Cospedal). Este MOROC nos necesita a Losa y a mí. Morocho-Lisboa".

Las "barreras" y el traslado de la UDEF

El contexto es importante: sólo hacía dos meses que Morocho había recibido el encargo del entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de investigar los papeles de Bárcenas. Según el relato del inspector en el juicio de la caja b, en el Congreso y en sede judicial, empezaron entonces los movimientos para apartarle. Lo ha dicho con unas palabras o con otras, pero la conclusión a la que llega es la que resumió en la comisión de investigación sobre la operaciónKitchen a finales del pasado marzo: "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar a los órganos superiores del ministerio (del Interior) que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar".

En la Cámara Baja, explicó que se ha enfrentado a diferentes "barreras" en su investigación, como la "sobrecarga" de trabajo, valoración de informes "apócrifos" como el de las finanzas de Podemos, a los que pretendían que estampara su firma para darles veracidad, o un traslado de destino dentro de la Policía en enero de 2015, y por un año y medio, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que entonces dirigía Eugenio Pino, uno de los principales investigados en la causa sobre el espionaje a Bárcenas. Todo para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal" en la investigación de Gürtel y en las diligencias sobre la contabilidad en negro del PP.

Otra barrera: en agosto de 2015 sospechó de que la DAO estaba realizando una investigación paralela "secreta" sobre Bárcenas, ya que recibió un correo electrónico con información sobre el extesorero que era "coincidente" con Gürtel y sobre la que él, investigador principal, no tenía conocimiento. Y una última observación muy clarificadora: si hubo seguimientos a Bárcenas a partir de 2013, él no los ordenó, y si él no los ordenó por orden de un juez siendo el inspector al mando, fueron ilegales.

"Es un hecho que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", dijo en su declaración en la Audiencia Nacional recordando un periodo, entre 2013 y 2015, de lo más "convulso" en cuanto a la carga de trabajo en la macrocausa de corrupción: la información que llegaba de Suiza –"en francés, inglés y alemán"– sobre la estructura financiera de Bárcenas y las nuevas revelaciones sobre la caja b que había manejado el PP desde, al menos, 1989.

El traslado que le comunicaron en 2015 implicó que tuviese que compaginar su trabajo para la Audiencia Nacional con otras obligaciones que le encargaban y para las que, según le dijeron, era necesaria su pericia en investigaciones de tipo financiero. Así, se le pidió que valorara informes realizados en el entorno del DAO, como uno relativo a los Pujol o al incremento patrimonial del comisario Villarejo, pero "ni siquiera quisieron conocer" las conclusiones, tal y como explicó el propio Morocho en el Congreso. Y llegaron a ofrecerle "desde la DAO y otras personas", cuya identidad no quiso revelar, hasta "tres destinos" distintos que él rechazó. El juez quiere saber si uno de esos destinos era Lisboa, la ciudad apuntada en la agenda de Villarejo.

El PP no ha parado de cuestionarle

El inspector sigue soportando a día de hoy las críticas y los cuestionamientos a su labor al frente de la investigación policial del caso Gürtel y de la caja b del PP. Doce años después de que se abriera la causa y varias sentencias judiciales condenatorias después. Llegan desde las filas del partido conservador y las tuvo que escuchar en vivo y en directo hace pocos meses durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le llegó a preguntar un diputado. Está visto que Morocho ya está acostumbrado y no perdió la oportunidad de aclarar el error del parlamentario: "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones". Otro portavoz del PP puso en duda su investigación, gracias a la ayuda de Villarejo, que dijo también en la comisión que los inicios de Gürtel habían sido una "operación política".

También le han acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja b. Una vez más, el inspector tuvo que puntualizar que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales". La valoración es de sobra conocida: condenas a los responsables de la trama Gürtel, incluido el PP como beneficiario a título lucrativo, y dos sentencias que dan la razón a Morocho y avalan sus conclusiones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido conservador.

Aún estando destinado actualmente en Canfranc (en el Pirineo de Huesca), sigue entregando informes, como policía judicial, al magistrado Santiago Pedraz, ahora titular del juzgado de la Audiencia Nacional que ha heredado la última de las investigaciones sobre la caja b: un posible cohecho por las donaciones en negro de empresarios al PP a cambio de contratos en la administración pública. Les pesquisas se han dirigido ahora a la etapa de José María Aznar al frente del partido y del Gobierno.

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