Operación Púnica

El juez reactiva la investigación sobre la caja B del PP de Aguirre a través de Fundescam

Esperanza Aguirre y el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso PresidenciaFundación Arpegio.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.

infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".

El gerente de Aguirre

Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también condenado a seis meses de prisión por las black.

Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.

Contrato para Fernández en la Asamblea

Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.

El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561 euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.

Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.

La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

El papel de Cifuentes en Fundescam

Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación conservadora madrileña.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación".

Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".

Facturas ficticias del PP

Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".

"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004, elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un cambio de entidad y de concepto".

Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

72.000 euros de Díaz Ferrán

En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000 euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.

En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David MarjalizaGranados .

Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.

Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la Comunidad de Madrid del posicionamiento on line on linede excargos de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González.

Un documento interceptado al gerente del PP de Aguirre muestra la financiación ilegal de la campaña de 2007

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