El juicio a Elpidio Silva, entre la sospecha de indefensión y la de fraude

Juez en excedencia y candidato a las elecciones europeas, Elpidio Silva vio cumplido este jueves su objetivo de paralizar el juicio que se sigue contra él por haber encarcelado dos veces al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La vista debía haber finalizado este viernes. Pero la recusación de la juez María Tardón, que entre 2003 y 2005 perteneció a la asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa, y la del presidente del tribunal, Arturo Beltrán, por impedir a Silva cambiar de abogado, han suspendido el proceso al menos hasta el lunes.

El punto muerto llega entre acusaciones cruzadas: el tribunal sostiene que Silva se ha instalado en el fraude procesal y el acusado mantiene que es él quien está siendo víctima de un juicio sin garantías y de tintes políticos. 

Antes de recusarlos, Silva presentó por la mañana una demanda civil contra ambos en los juzgados de Plaza de Castilla por vulneración de derechos fundamentales. Esa demanda le permitió añadir una nueva causa de recusación, la de pleito pendiente –en este caso, sobrevenido, dado que el juicio comenzó antes- con miembros del tribunal.

Pero su victoria por la suspensión de la vista, además de breve, puede terminar siendo pírrica. Porque no solo se perfila como más que probable el fracaso de ambas recusaciones el lunes sino que Silva ha conseguido a golpe de provocaciones proyectar una imagen de tramposo bajo sospecha de fraude procesal masivo, por decirlo coloquialmente.

Y, en consecuencia, él mismo ha logrado sin ayuda el eclipse casi total de aquellos elementos del juicio que alimentan una sospecha de muy diferente tenor: la de que el tribunal ha tirado por tierra el derecho a la defensa del hombre que hoy se sienta en el banquillo justamente bajo la acusación de haberse saltado todas las garantías procesales de Miguel Blesa durante la instrucción del caso Díaz Ferrán –hoy preso y que en marzo de 2013 seguía debiendo a Bankia 15,3 millones por impagados– y la de la compra del banco de Miami, por la que la entidad de ahorro pagó –y lo dice el Banco de España– casi 1.000 millones de dólares, el doble de lo que valía.

Distintas fuentes sostienen que Silva concluyó antes del juicio que la deriva de la causa, que califica de persecución política y abierta tras una querella del fiscal jefe de Madrid con los abogados de Blesa y Díaz Ferrán como aliados, le auguraba una condena segura. Y bajo esa premisa, habría decidido forzar la suspensión con la esperanza de lograr un escaño europeo por el Movimiento Red, lo que, en la práctica, enviaría el juicio al limbo.

Fue entonces cuando dio el primer paso que le enfrentó al tribunal: su abogado, Cándido Conde-Pumpido hijo, anunció se renuncia a defender al procesado, pero lo hizo solo después de plantear lo que se conoce por cuestiones previas y ver cómo el tribunal las rechazaba.

El tribunal no anuló el procedimiento ni accedió a solicitar su personación a la aseguradora que cubre las responsabilidades civiles de los jueces, Zurich, ni tuvo en cuenta la excedencia de Silva como argumento para levantarle el aforamiento, ni aceptó que la defensa incluyera una sola prueba más de las que había permitido el tribunal originalmente destinado a dirigir la vista y del que finalmente salieron dos de los miembros que lo integraban porque se habían pronunciado sobre el caso y estaban, por tanto, contaminados.

El presidente del actual tribunal, Arturo Beltrán, ya formaba parte de la terna inicial de jueces. El miércoles, Beltrán aceptó como testigo al abogado que representa a Blesa en la causa pese a que había seguido al completo todas las sesiones celebradas hasta la fecha, lo que va en detrimento del acusado pero, al mismo tiempo, le ofrece otra posible causa más de nulidad. Y ello porque un abogado presente en la vista solo puede declarar como testigo si no es posible sustiturle. El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, que también acusa a Silva y al que la Fiscalía no llegó a interrogar -es decir, no ratificó en el plenario sus acusaciones–, ha acudido a todas las sesiones acompañado de un codefensor.

Los tres magistrados que conforman el tribunal podían perfectamente haber aceptado la renuncia de Conde-Pumpido, evitando así una discutible aunque posible causa de nulidad por indefensión, y haber dado un plazo improrrogable de incluso 48 horas a Silva para que designase a un nuevo defensor bajo apercibimiento de que no accedería a nuevas renuncias.

Pero la argumentación desplegada por Conde-Pumpido para explicar su renuncia –que como no había obtenido la nulidad, que era lo prometido a su cliente, ya no cabía la confianza–, unido al hecho de que Silva le enmendara la plana para decir que sí que seguía confiando en él, todo eso convenció al tribunal de estar ante una maniobra “fraudulenta” –el adjetivo es de Arturo Beltrán.

El tribunal sustentó su negativa en tres sentencias del Supremo, una de ellas emitida por un tribunal del que formaba parte Conde-Pumpido padre, ex fiscal general del Estado bajo el Gobierno de Zapatero.

A partir de ahí, Silva tenía tres caminos: avenirse a que Conde-Pumpido hijo le siguiera defendiendo tal como le ordenaba el tribunal, negarse y refugiarse en el silencio para evidenciar su indefensión o negarse y convertir el juicio en un nuevo camarote de los hermanos Marx.

Rocambolescos diálogos

El juez candidato eligió ese último y accidentado sendero, pasó a enzarzarse en rocambolescos diálogos con el presidente del tribunal pese a que solo pueden hablar los acusados que ejercen su propia defensa –Silva desechó asumirla– y el miércoles cometió un error mayúsculo para sus intereses: cuando el presidente del tribunal expulsó a una preferentista arruinada que respondió con enfado a la declaración de Blesa sobre el daño que Silva le había causado a su vida personal, el acusado se olvidó de que una cámara graba todo cuanto se habla en la sala, giró la cabeza hacia Conde-Pumpido y dijo lo siguiente: “Esto es lo que quería”.

“Lo que quería es que se viera cómo es el tribunal”, adujo Silva ayer viernes ante los periodistas. Pero la demoledora secuencia captada por la cámara engrandeció las dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Si, como reza el aforismo, el carácter es el destino, el de Silva le ha jugado en contra. Pero, más allá de la provocación y el esperpento, aún laten preguntas sobre si su situación sería posible con otro acusado y otro caso. Por ejemplo, ¿resultaría tolerable que el caso de los ERE de Andalucía fuese enjuiciado por un magistrado que por cualquier concepto hubiese cobrado dietas de la Consejería de Trabajo de la Junta 10 años antes del inicio de la vista?

Las fuentes consultadas en el TSJM remachan que no cabe tal analogía: no se juzga aquí el caso Blesa ni su gestión en Caja Madrid sino los delitos que Silva cometió al investigar a Blesa. Y por tanto –eso mantiene el TSJM– da igual que Tardón fuera consejera general del órgano de “supremo” gobierno de la caja.

Esa argumentación será muy posiblemente la que sustente el rechazo de la recusación de Tardón, que en 2005 abandonó la asamblea de Caja Madrid, a la que había llegado aupada por el PP, exactamente como llegó Blesa a la presidencia de la entidad de ahorro. Hoy, desde la presidencia de la Sección 27 de la Audiencia de Madrid, Tardón se erige en figura puntera de la lucha contra la violencia de género.

Silva recusa al presidente de la sala que le juzga y a la magistrada que estuvo vinculada a Caja Madrid

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El equipo de defensa de Silva no detectó antes del juicio que, tras cesar como tercera teniente de alcalde de Madrid por el PP tras las elecciones de 2003, María Tardón había pasado a ocupar uno de los 318 asientos de la asamblea general de Caja Madrid, ratificó el nombramiento de Blesa como presidente, aprobó las cuentas de la entidad, validó su liquidación y cobró dietas por sesión –unos 1.000 euros, según el acusado, en una afirmación no desmentida por el TSJM. La posible causa de recusación no fue detectada y Silva empezó el juicio con el pie cambiado.

A partir de ahí, casi todo menos las salidas de tiesto de Silva ha alcanzado relevancia mediática si se exceptúa lo relativo al pasado cargo de representación política ocupado por María Tardón en Caja Madrid. En segundo plano, o incluso más al fondo, han quedado episodios favorables para Silva.

Uno de ellos es este: aunque el tribunal denegó a la defensa de Silva la comparecencia como testigo del jefe de sistemas informáticos de Bankia para abordar el asunto de los correos secretos de Blesa, el fiscal lo mencionó en varias ocasiones mientras interrogaba a los guardias civiles que declararon el miércoles; los dos agentes desbarataron, por cierto, la tesis de la Fiscalía de que fue Silva quien se empeñó, contra viento, marea y la ley, en hacerse con los emails de Blesa, todos ellos corporativos. Fue la Guardia Civil –dijeron– la que pidió al juez que reclamara los correos.