Cuando Álvaro García Ortiz se siente este lunes en el banquillo del Salón de Plenos del Tribunal Supremo habrá pasado un año, siete meses y veinte días desde que ordenó publicar una nota de prensa para desmentir un bulo aireado por Miguel Ángel Rodríguez (MAR) –spin doctor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP)–. MAR no dudó en poner su cargo público al servicio de la pareja de su jefa, el comisionista Alberto González Amador, para difundir a los medios de comunicación que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo para que reconociera dos delitos fiscales a cambio de librarse de la cárcel, oferta que luego fue retirada "por ordenes de arriba". Fue a lo largo de la tarde del 13 de marzo de 2024 cuando el fiscal general del Estado ordenó redactar un comunicado (que se envió al día siguiente) en el que se aclaraba que era el propio González Amador el que había confesado los delitos proponiendo un pacto al que el Ministerio Público jamás se opuso.
La nota dio lugar a sendas querellas contra el fiscal del caso, Julián Salto (de la fiscalía de delitos económicos de Madrid) y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, presentadas por Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid. El caso correspondió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) –al estar los fiscales aforados a ella–, que inició su investigación el 14 de mayo de 2024. El instructor del caso en ese tribunal, el magistrado Francisco José Goyena, centró sus pesquisas únicamente en la nota de prensa pero, a las pocas semanas, recibió un escrito del fiscal general advirtiendo que el comunicado era únicamente responsabilidad suya y que no se habría publicado sin su "autorización" ni sus "instrucciones expresas y directas". En él, García Ortiz explicaba al instructor madrileño que no era competente para investigar los hechos sino que, dado que el fiscal general fue quien dio las órdenes, el caso debía pasar a la Sala de lo Penal del Supremo, a la que está aforado. Goyena archivó el caso respecto del fiscal Salto, mantuvo imputada a Rodríguez por haberse encargado ella de recabar la información para elaborar el comunicado, y, el 15 de julio, se inhibió a favor del Alto Tribunal, como le pedía García Ortiz.
La 'filtración' de Perelló
Casi tres meses después de esa última fecha, el 12 de octubre de 2024, se produce un hecho externo al tribunal del que se ha hablado poco. Es la Fiesta Nacional, y todas las autoridades del Estado coinciden en el desfile militar y la recepción del rey. En esos fastos, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, advierte a García Ortiz de que va a ser imputado, según varias fuentes judiciales consultadas, que aseguran que el chivatazo se produjo por "lealtad institucional". Es la primera noticia que el fiscal general tiene de lo que se le viene encima y llega directamente de una filtración de la más alta instancia del tribunal que tiene que enjuiciarlo. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por infoLibre declinaron hacer comentario alguno sobre este episodio que confirman varias fuentes presentes en los actos del Día de la Hispanidad. Tres días después, el anuncio de Perelló se convierte en realidad.
El Supremo admite a trámite las denuncias y la inhibición del TSJM a su favor el 15 de octubre, pero lo hace cambiando el objeto del caso. El reproche del tribunal madrileño, González Amador y las acusaciones populares –el Colegio de Abogados de Madrid, la fundación de Alejo Vidal Quadras y Julio Ariza (Libertad y Alternativa), el pseudosindicato ultra Manos Limpias y la minoritaria y de derechas Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– era por el desmentido oficial que García Ortiz ordenó redactar. Sin embargo, la Sala de lo Penal llega a la conclusión de que esa nota aclaratoria no revelaba nada que no hubiera sido publicado previamente por los medios, por lo que su difusión no era delito.
Los cinco magistrados que la forman –los conservadores Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, y la progresista Susana Polo (que redacta el auto)– desplazan el momento de las pesquisas a una posible filtración anterior del correo en el que se plasmó la confesión y señalan, ahora sí, al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que le ayudó a recabar la información para el comunicado, al suponer que son los únicos que tenían acceso a las actuaciones. Arranca la instrucción que dirigirá el conservador Ángel Hurtado, el magistrado que presidió el juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional oponiéndose a la declaración de Mariano Rajoy como testigo y a la condena del PP como responsable a título lucrativo que sí apreció la sentencia que derribó en 2018 al Gobierno popular. El máximo responsable de la Fiscalía –que sí se responsabilizó de la nota de prensa– asegura cada vez que se le pregunta que él no filtró nada a nadie.
La sorpresa
El delito de revelación de secretos, basado además en una filtración a los medios –el periodismo de tribunales se basa, esencialmente, en filtraciones como esa, que se producen a diario– es una infracción penal muy leve, pero Hurtado lo persigue como si fuera de extrema gravedad. Como en los casos de narcotráfico, gran corrupción o delincuencia organizada, el instructor elige la diligencia más invasiva de todas las que tiene en su mano y manda a la UCO a los despachos de los dos imputados. El allanamiento, en el caso del fiscal general, es de especial gravedad, ya que en su poder se encuentran auténticos secretos de Estado que pueden afectar a la seguridad nacional, como investigaciones reservadas o de carácter internacional. El jefe del organismo constitucional que dirige la política criminal del país, el que tiene la última palabra sobre los casos más trascendentes que llegan a los tribunales, asiste perplejo al registro de sus dependencias y al clonado de su teléfono móvil y su ordenador.
La sorpresa se produjo cuando llegaron los informes de los agentes. Ni en su ordenador, ni en sus cuentas de correo electrónico ni en el WhatsApp había nada que le incriminara. En su teléfono, la UCO halló "cero mensajes" de ese 13 de marzo de 2024 en que se produjo la filtración. Porque García Ortiz, antes de que se iniciara la causa contra él y siguiendo las recomendaciones de la normativa de la fiscalía sobre protección de datos, había ejercido su derecho a eliminar contenido de sus dispositivos por motivos de seguridad. Una semana antes de que Hurtado ordenara el desorbitado registro de su despacho, además, había cambiado de móvil. El instructor no se dio por vencido y reclamó, mediante comisión rogatoria (una petición judicial internacional enviada a Irlanda y EEUU), que fueran Google y WhatsApp quienes le facilitaran los mensajes de García Ortiz. La UCO, tras analizar la respuesta de los gigantes tecnológicos, concluyó: "No existe ninguna información inédita de interés para la investigación".
Desde entonces, para Hurtado, García Ortiz es culpable de borrar, algo que nadie le había prohibido y que no reviste ilegalidad alguna. El instructor se ha situado en una especie de posición de víctima del ahora acusado, que, en su visión, muy criticada por exmagistrados de su propia Sala –como Perfecto Andrés Ibáñez o José Antonio Martín Pallín por considerarla poco respetuosa con derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el secreto de las comunicaciones o el de no autoinculparse–, ha obstruido la investigación o no ha cooperado al no facilitarle las "pruebas" (como sostiene el juez, porque para Hurtado, existen) que él, pese a intentarlo con todos sus medios, no ha logrado encontrar. En sus autos, Hurtado ha defendido con ahínco las tesis de las acusaciones: que fue el fiscal general quien filtró el correo electrónico en el que Amador confesaba sus delitos. Pero ha despreciado el relato alternativo de la defensa. También ha asegurado, sin la mínima evidencia, que García Ortiz informó a presidencia del Gobierno y ha difundido miles de datos de las comunicaciones del fiscal general que han afectado a terceros, entre ellos a una vocal del CGPJ.
La duda razonable
El único apoyo que García Ortiz ha obtenido a sus tesis durante el proceso se recoge en el voto particular que el magistrado Andrés Palomo redactó contra la decisión de sus dos compañeros de la Sala de Apelación –Julián Sánchez Melgar y Eduardo Porres– de confirmar el procesamiento del fiscal general, paso previo a su llegada al banquillo. En su redacción, notificada el 29 de julio, Palomo afirma taxativamente que no existe el mínimo indicio para "atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". El magistrado discrepante, cuya posición puede ser determinante para introducir una duda razonable que lleve a la absolución de García Ortiz, recuerda, como sostuvo el fiscal, que al menos veinte personas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado o del entorno del novio de Ayuso tuvieron acceso a ese correo antes que el fiscal general. También sostiene que alguna de ellas lo divulgó total o parcialmente, "por lo que el número que integra la cadena o cadenas de esa difusión, razonablemente incrementa la cifra inicial". Sin embargo, según el magistrado, Hurtado mantuvo "un foco unidireccional" sobre García Ortiz.
Ese voto particular se emitía meses después de la comparecencia de MAR ante el Supremo, citado como testigo en la investigación abierta contra García Ortiz. Una comparecencia plagada de bulos en la que admitió que el uso de la expresión "órdenes de arriba" no estaba sustentado en información, sino en una suposición: "Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir, que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político [...]. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta". MAR también admitió haber filtrado a la prensa uno de los correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía y la defensa de González Amador.
Que García Ortiz sea condenado o absuelto tras el juicio que se inicia este lunes tendrá, casi con total seguridad, trascendencia en el proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid contra González Amador. Sus dos delitos fiscales y el de falsedad documental (por presentar facturas falsas a Hacienda) están prácticamente acreditados por la inspección previa abierta por la Agencia Tributaria, y el juez ya lo ha sentado en el banquillo. A esa pieza se suma otra que investiga delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por el presunto pago fraudulento de una comisión de casi medio millón de euros a un directivo de Quirón, el principal contratista sanitario de la Administración que dirige su pareja, la Comunidad de Madrid. Con el fiscal general condenado, González Amador podría pedir la nulidad de la causa al alegar que el jefe del Ministerio Público vulneró su derecho de defensa al filtrar su confesión. En caso contrario, lo más probable es que el novio de Ayuso se vea –esta vez sí– obligado a reconocer los hechos para tratar de evitar la cárcel.
El tribunal que juzgará al fiscal general estará formado por los mismos cinco magistrados que admitieron a trámite el caso abierto contra él, a los que se sumarán el nuevo presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Ana Ferrer. Esta última y Susana Polo (la que redactó el auto que inició la causa) son las únicas consideradas progresistas. A lo largo de seis sesiones de mañana y tarde que se extenderán hasta el 13 de noviembre, por el salón de plenos del Supremo –el mismo donde se celebró el juicio contra los dirigentes del procés– desfilarán 41 testigos. El martes por la mañana, Miguel Ángel Rodríguez, tendrá de nuevo la oportunidad de defender los bulos que difundió y ese mismo día, por la tarde, será el turno de González Amador, que podrá repetir que, mediante el pacto con el fiscal, buscaba que sus presuntos delitos no trascendieran a los medios. Tras los testimonios y las declaraciones de los peritos, en último lugar, García Ortiz volverá a defender su inocencia. Lo hará tras pasar meses en una catarata de infundios y medias verdades que, con un coste tan elevado, se ha visto obligado a combatir.
Cuando Álvaro García Ortiz se siente este lunes en el banquillo del Salón de Plenos del Tribunal Supremo habrá pasado un año, siete meses y veinte días desde que ordenó publicar una nota de prensa para desmentir un bulo aireado por Miguel Ángel Rodríguez (MAR) –spin doctor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP)–. MAR no dudó en poner su cargo público al servicio de la pareja de su jefa, el comisionista Alberto González Amador, para difundir a los medios de comunicación que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo para que reconociera dos delitos fiscales a cambio de librarse de la cárcel, oferta que luego fue retirada "por ordenes de arriba". Fue a lo largo de la tarde del 13 de marzo de 2024 cuando el fiscal general del Estado ordenó redactar un comunicado (que se envió al día siguiente) en el que se aclaraba que era el propio González Amador el que había confesado los delitos proponiendo un pacto al que el Ministerio Público jamás se opuso.