Quinta semana de 'Kitchen': los acusados buscan atar sus defensas antes de afrontar sus interrogatorios

La quinta semana del juicio de Kitchen –cuarta con testificales– ha transitado entre servicios secretos, guerras policiales, enemistades manifiestas y oposiciones bajo sospecha. Han sido tres sesiones intensas. Con testigos que, en algún caso, resultaban de gran relevancia. Y para muestra, una de esas frases cuchicheadas entre togas que acabó captada por uno de los micrófonos de la Sala: "Esta prueba tenía una importancia vital. Muy bien". En total, más de ocho horas de declaraciones en las que los acusados han tratado de atar sus defensas antes de afrontar sus respectivos interrogatorios, que el calendario prevé que desarrollen en las próximas semanas.

Antonio García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha jugado un papel principal en estas últimas sesiones del juicio. Al fin y al cabo, una parte nada desdeñable de los testigos que han ido desfilando por la Audiencia Nacional lo hacían a petición suya. Los interrogatorios planteados por el letrado han ido orientados, en buena medida, a buscar lagunas e irregularidades en el origen del procedimiento que permitan invalidar Tándem y, por conexión, también su séptima pieza separada: Kitchen. Algo que, hasta el momento, no ha sucedido. Por ahora, la Audiencia Nacional ha avalado la investigación y las pruebas recabadas, si bien hay recursos pendientes de resolver en el Tribunal Supremo.

Por un lado, el letrado ha intentado convencer al tribunal de que tras la caída de Villarejo hay una suerte de complot de los aparatos estatales con origen en uno de los organismos más herméticos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De ahí que pidiera llamar como testigo a quien fuera durante una década su director, Félix Sanz Roldán. García Cabrera se esforzó por evidenciar la enemistad entre general y comisario. Pero el exjefe de los espías no se lo puso fácil. Negó "enemistad manifiesta" con Villarejo. O que pidiera hasta en tres ocasiones al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que lo cesara. También rechazó haber dicho que si el Estado no acababa con Villarejo este último sería quien acabaría con el Estado: "Nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad".

García Cabrera sostiene que Tándem está contaminado desde la raíz. ¿Por qué? Porque la denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción que provocó el inicio del caso fue interpuesta por David Rodríguez Vidal, un viejo colaborador del CNI, quien unos meses antes había compartido parte de esa información que luego envió bajo un seudónimo con mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o con el fiscal Ignacio Stampa, que sería quien llevaría luego el caso Villarejo. "¿Usted exhibió esa documentación?", preguntó el abogado sobre aquella reunión. "Conforme iba explicando, enseñaba las fotocopias", respondió. Con esto sobre la mesa, la defensa de Villarejo sostiene que todo se preparó por "medios espurios".

El abogado, por otra parte, también ha intentado encontrar flecos sueltos tanto en los registros realizados en las viviendas del comisario jubilado, donde se halló buena parte del material sobre el que se apoya la macrocausa, como en el análisis de los efectos incautados. A sus preguntas se han sometido varios policías. Y todos ellos han negado irregularidades. Así, han explicado que se les dio orden de buscar información sobre los negocios de Villarejo relacionados con Guinea Ecuatorial y sobre otros "proyectos" que tuvieran una "estructura similar". Y en cuanto al análisis documental, una de las agentes explicó que si en alguna carpeta se encontraban "aspectos personales", la misma "se dejaba de lado".

Martín Blas busca desacreditar a Galán

A lo largo de la quinta semana de juicio han desfilado por la Audiencia Nacional un buen número de agentes de la Unidad de Asuntos Internos. Muchos de ellos a petición de la defensa de Marcelino Martín Blas. En las primeras sesiones del juicio, quien fuera comisario jefe de este departamento, que al igual que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información protagonizó seguimientos sobre el entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas, se vio señalado por el ya jubilado inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien estuvo al frente del área de Vigilancias y Seguimientos de la unidad. Durante su declaración como testigo, sostuvo que fue Martín Blas quien le dio orden de "dar protección" a la mujer de Bárcenas pero sin "ser detectados", lo que le resultó contradictorio.

Cuando compareció frente al tribunal, la situación de Galán era bastante especial. Como había estado investigado y el procedimiento contra él estaba sobreseído provisionalmente, su obligación de decir la verdad se veía –en palabras de la presidenta del tribunal– "algo más difuminada". Esta semana, Antonio Alberca, abogado de Martín Blas, ha tratado de poner en cuestión ese testimonio. Y lo ha hecho a través de varios exmiembros de Asuntos Internos que han puesto de relieve la "mala relación" entre comisario e inspector jefe, que han llegado a vincular con la negativa del primero de proponer al segundo para una condecoración policial. "Estaba rencoroso", se ha llegado a escuchar en la sala.

El testimonio más demoledor fue el de una agente de Asuntos Internos que participó en la comisión judicial que se creó para investigar el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como pequeño Nicolás. La policía contó que Galán "malmetía contra Marcelino". "Le menospreciaba a nivel profesional y físico", expuso, al tiempo que aclaró que luego cuando le tenía delante solo le faltaba "hacerle una reverencia". Del mismo modo, explicó que Galán se esforzaba por sonsacarles en todo momento información sobre la investigación que estaban realizando. "Nos hacía sentir muy incómodos", dijo. E, incluso, que intentó que la agente dejara el caso. "Vete a una embajada", llegó a decirle en una conversación en la que, según la testigo, dejó entrever que sabía a qué colegio iba su hija pequeña.

Cuando los micrófonos de la sala captaron aquella frase que evidenciaba la relevancia de las testificales –"esta prueba tenía una importancia vital"–, acababa de comparecer ante el tribunal José Santiago Sánchez Aparicio, quien fuera comisario general de Policía Judicial. Su testimonio había sido solicitado, entre otros, por el abogado del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya principal línea de defensa, al igual que la de la gran mayoría de acusados, se centra en vestir el espionaje al entorno de Bárcenas como un operativo policial completamente legal orientado a encontrar el dinero que el extesorero del PP pudiera tener en el extranjero.

El exjefe de Policía Judicial y la operación de inteligencia

Lo que pudiera decir Sánchez Aparicio resultaba relevante porque, al fin y al cabo, había estado al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, que es donde se entronca la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había investigado el caso Gürtel. El comisario jubilado explicó que, cuando tomó posesión del cargo, Pino le informó de la existencia de una operación de inteligencia sobre el entorno de Bárcenas. Él preguntó a sus subordinados si tenían constancia de ello, pero la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando se reunió con Pino y el jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien le explicó que se había iniciado dicha "línea de investigación" pero que, al final, no se había desarrollado.

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Las acusaciones defienden que detrás de los seguimientos y vigilancias se escondía toda una operación parapolicial para evitar que información comprometedora que pudiera tener Bárcenas acabara en el caso Gürtel. Y buena prueba de ello, sostienen, es el hermetismo con el que se desarrolló el operativo, sin que nadie informase al juez instructor ni al fiscal ni al investigador principal sobre la existencia de una operación de inteligencia de este tipo. "Había una operación policial sin contar con autorización judicial", dijo la pasada semana durante el juicio Manuel Morocho, quien fuera inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF e investigador de Gürtel.

Aquel testimonio fue demoledor, por cuanto relató presiones de todo tipo por parte de sus superiores para boicotear las pesquisas sobre la trama corrupta. Por eso, las defensas han tratado esta semana de desacreditarlo a través de la testifical de Sánchez Aparicio, quien fuera su superior. "¿Morocho reportó ser víctima de presiones en la elaboración de su trabajo?", preguntó el abogado de Pino. "No", respondió el comisario jubilado. "En sus reuniones con el instructor de Gürtel, ¿le reportó que Morocho estaba siendo víctima de presiones?", continuó el letrado. "No, en ninguna", zanjó Sánchez Aparicio, quien también quiso dejar claro durante su declaración que el investigador "es un profesional como la copa de un pino".

Si la operación Kitchen pudo llevarse a cabo fue, precisamente, gracias a la captación de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero conservador. Por sus servicios, el confidente cobró más de 50.000 euros con cargo a los fondos reservados. Y Anticorrupción también cree que se le pudo premiar con una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía, al que consiguió ingresar en 2017. La defensa de Ríos, sin embargo, trata de acreditar que aprobó la oposición de forma limpia. Y, para ello, ha llevado esta semana como testigo a dos exresponsables de aquellas oposiciones, que han negado que se filtrara el examen o que se les indicara que había que facilitar el aprobado de Ríos.