"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.
Los brazos del aparato del Estado a los que Díez echaba la culpa de actuar en campaña contra su antiguo partido y cuya voluntad trataba de doblegar con supuestas artimañas ilegales –la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y hasta los propios jueces, según la investigación– han terminado volviéndose contra ella y sus compañeros en la supuesta trama que se investiga. Será la Justicia la que decida si ha cometido los delitos que le imputan, pero el sumario retrata a alguien con un carácter desmesurado, que se vanagloria ante sus víctimas de un poder y una influencia exagerada y a los que se dirige con una temeraria verborrea.
El Gobierno y el PSOE han tratado de cortar la hemorragia situando la culpa de todo en Cerdán, una rama ya podada tras su implicación en la trama de corrupción que, junto a José Luis Ábalos y su asesor Koldo orquestaron en el Ministerio de Transportes. Díez, argumentan en el partido, colgaba de él. Pero si se demostrara que el origen de todo estaba más arriba y que actuaba a órdenes de la cúpula, la reputación de los máximos responsables socialistas quedaría muy maltrecha más allá de su hipotética responsabilidad penal.
Porque Díez se enfrentaba con esa peligrosa suficiencia y superioridad a personajes que se las sabían todas y a los que, según los investigadores, ofrecía tratos ilegales. A fiscales, como José Grinda, que se enfrentó a la mafia rusa; o a Ignacio Stampa, que destapó las cloacas del Estado. A guardias civiles especialmente entrenados para detectar cualquier indicio de corrupción. Incluso a personajes especialmente peligrosos para los intereses del PSOE, como el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, que utilizó recursos del Estado para extorsionar a jueces, fiscales, políticos y empresarios a través de sus famosas grabaciones y otros medios ilegales.
Uno de los pasajes en los que se aprecia esa temeridad se refleja en las actas que el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, redactó tras sus dos encuentros con Díez en los que, supuestamente, le pidió que declarara contra el confidente del caso, Víctor de Aldama. Según el agente, la enviada socialista –que obviamente no midió bien con quién trataba– le aseguró que fue ella la que eligió a los abogados de Ábalos y Koldo y que ella misma diseñaba su estrategia de defensa.
Entre los ofrecimientos que supuestamente hizo a Villalba para lograr su colaboración estaba el de convertirlo en asesor de la directora general de la Guardia Civil. El poder en el seno del cuerpo policial que quiso mostrar en esa reunión, le llevó a decir que el próximo director adjunto operativo (máximo cargo funcionarial) de la Benemérita lo iba a nombrar ella. Ante el agente, Leire Díez se habría atrevido a difamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señala como responsable del "desgaste" del Gobierno. De varios mandos de la UCO dijo que estaban a sueldo de Repsol y a otros les acusó de fabricar pruebas falsas en la operación Cataluña.
Díez, además, alardea en todo momento de tener en su poder informaciones impactantes. Como pruebas de la supuesta presencia de mandos de la UCO en locales con mujeres prostituidas. O de que, durante algunas de las investigaciones, el cuerpo había recurrido a sistemas de intercepción telefónica supuestamente ilegales. Del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dice que es "afín al PP" y que se convertirá en fiscal general del Estado "cuando Feijóo llegue al Gobierno".
También hace vaticinios que se han demostrado falsos. Como que el caso Mascarillas –cuyo juicio acabó hace unas semanas y en el que Ábalos, Koldo y Aldama se sentaron en el banquillo– no llegaría a ninguna parte. "Sobre Santos Cerdán", escribe Villalba, "tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten". "Tiene la confianza plena de la estructura", añade. Cerdán pasó casi cinco meses en prisión tras resultar imputado en el caso Koldo.
A Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP y acusado en el caso Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, le aseguró que la información que le facilitara la enviaría "a los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto". A lo que luego añadió que los que le habían hecho ese encargo "se encuentran en la calle Ferraz [sede central del PSOE] comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz".
"Soy una bocazas. Me he llamado a mí misma bocazas un millón de veces". Esta confesión –o quizá mejor, justificación; quién sabe si una suerte de coartada– se la soltó Leire Díez al diario El País días después de la operación comandada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mandó el 27 de mayo a la UCO a la sede central del PSOE. A Ferraz. Y a recabar pruebas contra ella. Si su objetivo, siempre a las órdenes del ex secretario de Organización y también imputado en el caso Koldo, Santos Cerdán, era acabar con los procesos e investigaciones que, desde la cuestionada imputación de Begoña Gómez, ha encadenado su antiguo partido y el Gobierno, el resultado no ha podido ser peor.