'CASO MASCARILLAS'

Luceño busca 'in extremis' la declaración en el juicio del empresario malayo que vendió el material sanitario

El comisionista Alberto Luceño.

El empresario Alberto Luceño busca in extremis la declaración de San Chin Choon en el juicio por el caso mascarillas. A una semana del comienzo de la vista oral, la defensa del acusado ha remitido a la Audiencia Provincial de Madrid un escrito en el que pide que se dé orden al Ministerio de Exteriores para que "habilite un despacho o sala" en la Embajada o Consultado de España en Malasia para tomar declaración como testigo al empresario malayo que está detrás de Leno, la compañía a la que decían representar los dos acusados –Luceño y el aristócrata Luis Medina– y a la que el Ayuntamiento de Madrid adquirió material sanitario.

El llamado caso mascarillas le estalló al equipo de Almeida en abril de 2022. Fue la Fiscalía Anticorrupción la encargada, tras casi año y medio de investigación, de judicializar el supuesto engaño sufrido por el consistorio en la compra de material sanitario a la compañía malaya. Unas pesquisas que se centraron, fundamentalmente, en tres contratos por 11 millones de euros que la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid –la funeraria municipal–, que en plena pandemia se encargaba de las compras, suscribió con Leno para el suministro de guantes, mascarillas y pruebas de diagnóstico del coronavirus.

Una operación con la que hicieron caja Medina y Luceño. A través de la directora de una universidad privada, obtuvieron el contacto del primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y de ahí, al consistorio. "De este modo tan rápido y eficaz, y al margen del correo general de ofertas, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes de material, Medina proporcionó los datos necesarios a Luceño para que iniciase las gestiones de la venta de material sanitario", exponía en su auto de procesamiento el titular del Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid, Adolfo Carretero.

Ambos habrían ocultado a la jefa de compras del ayuntamiento "no solo su nula experiencia en temas de material sanitario", sino que "habían inflado el precio de los contratos" en un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los test "a causa de las elevadas comisiones" que "fueron fijadas". Entre ambos se habrían repartido alrededor de seis millones de euros. Todo ello, por un material que "en parte era defectuoso" –se devolvió el precio de los guantes y solo resultaron válidos un cuarto de las pruebas covid–.

Una vez firmados los contratos, Leno, la empresa de la que "fingían" ser "agente exclusivo para Europa", transfirió el importe de las comisiones a las cuentas corrientes de los investigados. Fue entonces cuando saltaron las alarmas de los bancos. Y los acusados trataron de justificar los ingresos aportando una serie de documentos firmados por, entre otros, el director de la compañía malaya, San Chin Choon. Pero el instructor del caso considera acreditada la "falsedad" de dichos papeles. Sostiene que los fabricó Luceño. Y que, incluso, "simuló" la firma del empresario malayo.

Chin Choon no prestó declaración durante la fase de instrucción. Y eso que se intentó recabar su testimonio. En febrero de 2022, las autoridades de Malasia pusieron en conocimiento de las españolas que el empresario se negaba a cooperar. "Conseguimos identificar y localizar al sujeto San Chin Choon pero, como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración", explicaba por carta Ramesh Gopalan, jefe de la Unidad de Crimen Internacional del Ministerio Público malayo.

Unos meses después, el Juzgado de Instrucción nº47 recibió un correo electrónico firmado por alguien que decía ser San Chin Choon que exculpaba a ambos investigados. En él, aseguraba que ni Medina ni Luceño, a quienes reconocía como "agentes exclusivos", habían adulterado el coste de los productos: "El precio habría sido el mismo. Tú no vendes a un precio más alto porque tengas agentes". Pero aquello no valió al instructor. "Dicha documentación no tiene ningún valor probatorio si no lo ratifica ante este instructor", dejó claro Carretero.

Anticorrupción sospechó desde el primer momento del mail recibido en el procedimiento. "Presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna", señaló el fiscal del caso en un escrito. Recelos que llevaron al instructor a ordenar en secreto la entrada y registro tanto del domicilio como de la firma de Luceño, lo que permitió a los investigadores situar al empresario detrás de aquellas comunicaciones.

La Policía Nacional, en un extenso informe elaborado en base a la documentación y comunicaciones intervenidas, concluyó que el acusado se alió con Chin Choon para "aunar versiones" en cuanto sabe que está siendo investigado. Y que había sido él mismo quien elaboró las "respuestas" que luego el director de Leno haría llegar al juzgado. "Dedica multitud de tiempo y comunicaciones para asegurarse de que dicha declaración jurada parezca realizada de propia iniciativa por el malayo y sin ninguna injerencia o connivencia", recogía el documento.

Una declaración "imprescindible"

Ahora, casi dos años después, el nombre de San Chin Choon vuelve al primer plano. Y lo hace con el juicio a punto de arrancar. La defensa de Luceño, para quien la Fiscalía pide quince años de cárcel por estafa, falsedad documental y fraude fiscal, ha pedido este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid que dé orden al Ministerio de Asuntos Exteriores para que habilite un despacho en la Embajada o Consulado en Malasia para recoger testimonio al empresario malayo al comienzo de la tercera sesión del juicio.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, Luceño resalta que la declaración de Chin Choon es "imprescindible" tanto para las "acusaciones" como para "la defensa". La defensa del acusado asevera que su testimonio no pudo ser recabado durante la fase de instrucción. Y eso que el director de Leno estaba "desde el principio de la causa" dispuesto a "colaborar personalmente". Todo ello, con independencia "de lo que diga su nación".

"Las autoridades malayas, parece ser, no querer [sic] colaborar con las autoridades judiciales españolas. A pesar de ello, el señor Chin Choon se presta a realizar su declaración en territorio nacional de Malasia, en la embajada o consulado de España, en el que se podrá comprobar la identidad del testigo con todas las garantías", expone Luceño, que acompaña su escrito de dos documentos en los que, supuestamente, el empresario malayo expresa su interés en cooperar con la justicia y acepta expresamente declarar por videoconferencia.

Un juicio en el que Medina, por su parte, tiene previsto reconocer el cobro de comisiones millonarias pero negando la existencia de estafa. El aristócrata, para quien la Fiscalía solicita nueve años de prisión –él no está acusado de delitos contra la Hacienda Pública–, no tiene previsto discutir los hechos que recoge el Ministerio Público en relación con la compraventa de material sanitario. Ahora bien, según recoge Servimedia, expondrá que no tenían obligación de informar al Ayuntamiento de Madrid del reparto de comisiones y defenderá que los hechos no son constitutivos de delito.

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