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Manifestaciones

La marcha del 29O: una protesta contra una investidura “legal, pero no legítima”

La protesta contra la investidura de Rajoy, el sábado a las 19.00 cerca del Congreso

"Será una investidura legal, pero los procedimientos legales no son siempre legítimos". Esa es la denuncia que hacen los organizadores de la manifestación que este sábado marchará desde la Plaza Cánovas del Castillo hasta la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la previsible elección del líder del PP, Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, una elección que –según critican– supone desoír la voluntad de los votantes.

Este sábado, durante la segunda jornada de la sesión de investidura en la que Rajoy será investido presidente del Gobierno con la abstención del PSOE, varios colectivos han convocado una marcha para protestar por lo que consideran una elección ilegítima. Bajo el lema "Ante el golpe de la mafia, democracia", los organizadores han comunicado a la Delegación del Gobierno que protestarán entre las 17.30 y las 21.00 contra las "circunstancias" que rodean el proceso de investidura, entre las que cuentan los "escándalos de corrupción" y las "imposiciones de cambio de líderes" en el PSOE, que "un amplísimo sector de la sociedad rechaza".

"Los procedimientos legales no son siempre legítimos", señala en este sentido un portavoz, que también afirma que "el golpe de remo" que ha dado el PSOE en las últimas semanas ha sido el último paso de un proceso para anular la voluntad de los votantes. "Estamos seguros de que la gente que votó en las pasadas elecciones no quería a Rajoy como presidente aplicando los recortes de Bruselas", sostiene este portavoz. No obstante, los organizadores de esta marcha insisten en que su intención no es poner en tela de juicio la validez del sistema democrático ni el papel del Congreso, y niegan, además, que tengan como objetivo desestabilizar la investidura.

Por ello, la Coordinadora 25S y el resto de organizaciones convocantes han decidido que el recorrido de la manifestación no pase por delante de la puerta principal del Congreso de los Diputados, y afirman que buscan una marcha pacífica. Pese a que en la comunicación al Gobierno los organizadores han ofrecido una cifra estimada de 10.000 asistentes, el portavoz admite que es una cifra muy orientativa y que no manejan ninguna previsión del número de personas que se concentrarán. "Conocemos los riesgos de que si existen disturbios se nos criminalice, y no queremos dar imagen de violentos, así que hemos preparado un servicio de seguridad", sostiene además el portavoz en referencia al grupo de personas que se encargará de definir el perímetro de la manifestación y de mediar para evitar posibles conflictos, una práctica habitual en las concentraciones. 

A este respecto, precisamente, se pronunció este viernes el portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, que aventuró que el Gobierno estará tentado de utilizar la manifestación como una "maniobra de distracción" para evitar hablar de la forma en la que va a ser investido Rajoy. "Para mucha gente, haya votado lo que haya votado, es una decepción que haya un Gobierno que no es el resultado de las urnas. Entendemos esa decepción, pero decimos que ojo con que pueda haber quienes tengan interés objetivo en que, el mismo día que Rajoy compra el billete para irse a Bruselas a negociar más recortes, estemos hablando de vallas", alertó Errejón.

Tal y como anunció hace unos días el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Podemos no tiene previsto participar de forma directa en la manifestación, aunque Iglesias dejó la puerta abierta a acercarse a saludar a los manifestantes si se lo permiten sus obligaciones parlamentarias. Errejón, a este respecto, se mostró de acuerdo en saludar la marcha, pero planteó que "a lo mejor no hay que entrar tanto en un debate de gestos" sino centrarse en el contenido.

Por el contrario, IU –que también forma parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos– sí que apoya expresamente la manifestación y su coordinador federal, Alberto Garzón, ha afirmado durante estos días que tiene pensado asistir si eso no le impide participar en el pleno de investidura. La secretaria de Comunicación de la federación, Clara Alonso, asegura que no es "incompatible" expresar el rechazo a Rajoy dentro y fuera del Congreso, y quita hierro a la posibilidad de que el Gobierno utilice la manifestación como cortina de humo.

"La política también se hace en las calles, y la criminalización de este tipo de movimientos es habitual, el mejor ejemplo de ello es la propia ley mordaza", sostiene Alonso, que no obstante señala que la marcha va a "reforzar el discurso crítico contra Rajoy y la abstención del PSOE". "No creo que vaya a debilitar [este discurso], porque el discurso de la criminalización está ya muy desgastado, y por mucho que el PP intente poner el foco en eso no creo que le vaya a funcionar", afirma la dirigente de IU.

Una marcha "legalmente intachable"

En cualquier caso, y pese a las dudas sobre la legalidad que planearon hace unos días sobre la marcha, la Delegación del Gobierno no la ha prohibido tras la comunicación de los organizadores. Y eso implica, según explica Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que la manifestación es "legalmente, intachable", ya que la Delegación tiene la potestad de vetar una marcha únicamente "si existen indicios de que van a producirse alteraciones del orden público o de que va a ser constitutiva de delito", y no lo ha hecho.

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Flores, además, insiste en que la comunicación a la Delegación del Gobierno "no se trata de una autorización, porque en España no hay que autorizar las manifestaciones, eso es propio de regímenes autoritarios", y descarta que los diputados puedan verse coartados en el ejercicio de sus funciones por la marcha, como han planteado algunos dirigentes conservadores. "No me cabe ninguna duda de que el Congreso va a tomar la decisión pase más cerca o más lejos la manifestación, y griten lo que griten", argumenta el constitucionalista.

No obstante, otros académicos llaman la atención sobre el debate abierto por los organizadores de la manifestación sobre la legitimidad de la investidura. Es el caso de Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que afirmó en un escrito publicado este viernes que "si los partidos acuden a las elecciones, son votados por los ciudadanos y sus representantes van al Congreso, el día en que el Congreso se junta para elegir a un presidente, es en el Congreso donde está la autoridad".

"Los ciudadanos pueden y deber ejercer una crítica permanente del poder", y eso implica "protestar y organizarse para hacer la democracia más justa, igual y libre", sostiene Casanova en su texto. No obstante, el historiador plantea que "todo eso tiene unas normas", y en conversación con infoLibre sostiene que se utiliza con demasiada ligereza la acusación de que la democracia española no es auténtica. "Que un partido corrupto alcance el poder no implica necesariamente que la democracia esté corrupta", señala el académico, que afirma que términos como "fascismo" se usan de forma demasiado rápida.

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