Congreso de los Diputados

Medio centenar de iniciativas quedan paralizadas por las vacaciones parlamentarias de enero

Diputados en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

El mes de enero será de escasa actividad parlamentaria. El calendario aprobado por los grupos parlamentarios no contempla que se celebre ningún pleno en el Congreso hasta el 1 de febrero, y únicamente algunos diputados tendrán que asistir a las comisiones que siguen activas durante este periodo vacacional. De esta forma, cuatro proyectos de ley (iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno) y medio centenar de proposiciones de ley (planteadas por los grupos parlamentarios) verán retrasada su tramitación, y este parón afecta a normas tan controvertidas como la ley mordaza o la Lomce.

La Constitución establece en su artículo 73 que el período de sesiones de las Cortes se distribuya en dos etapas –una entre septiembre y diciembre y otra entre febrero y junio–, y así lo recoge, igualmente, el reglamento del Congreso. El último pleno celebrado en la Cámara baja es el del pasado 21 de diciembre, por lo que cuando vuelva a reunirse la totalidad del hemiciclo –el 31 de enero– habrá transcurrido casi un mes y medio. Por el contrario, sí habrá reuniones en enero tanto de la comisión de sanidad como de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Los diputados, además, seguirán trabajando en sus circunscripciones.

Estas circunstancias se van a dejar notar en la tramitación de las normas que se encuentran ahora mismo pendientes de seguir su tramitación parlamentaria. El caso de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la polémica ley mordaza aprobada en marzo de 2015, es paradigmático. El pasado 30 de noviembre, PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCat, PNV y Bildu sumaron sus fuerzas en el Congreso para iniciar la tramitación de una nueva ley de seguridad ciudadana –propuesta por los socialistas– que sustituya a la actual norma. Ahora, el Gobierno tiene hasta el próximo 23 de febrero para expresar su criterio sobre el cambio.

En el mismo pleno en el que el Congreso aprobó iniciar la derogación de la ley mordaza también salió adelante el inicio de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. La iniciativa pretende que sólo se pueda restringir el acceso a documentación sensible por un máximo de 35 años en lugar de establecer un veto indefinido, como ocurre en la actualidad, y fue aprobada con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCat. La modificación de la norma, que abriría la puerta a conocer documentos sobre episodios como el 23F o la entrada de España en la OTAN, está en plazo de enmiendas en la comisión constitucional del Congreso, pero durante el mes de enero no podrá seguir avanzando su tramitación en el pleno.

Algo similar ocurre con la paralización del calendario de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Lomce que impulsó el exministro de Educación José Antonio Wert y que recibió una fuerte contestación de la comunidad educativa. El Congreso aprobó en su pleno del día 15 de noviembre iniciar los trámites para detener la aplicación de la norma, y desde el pasado 15 de diciembre la iniciativa se encuentra en plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios puedan proponer sus retoques al texto. Este plazo de enmiendas ha sido ampliado en dos ocasiones, la última el 27 de diciembre, cuando se decidió extenderlo hasta el 7 de febrero, dado que enero no será un mes hábil.

Iniciativas sociales y sobre justicia

También se verán afectadas por este parón algunas iniciativas de carácter social, como la proposición de ley de Unidos Podemos relativa a la subida del salario mínimo. La iniciativa aboga por una reforma el Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo se revalorice anualmente en función del IPC previsto para ese año, y propone que su cuantía sea de 800 euros mensuales a partir de 2018. Como el resto, la tramitación de la iniciativa en el pleno quedará paralizada durante este mes de enero, si bien su aprobación no reviste tanta urgencia porque no afecta al salario mínimo de 2017, que el Gobierno ha elevado hasta los 707 euros mensuales tras un pacto con el PSOE.

Más acuciante a nivel social es una proposición de ley del PSOE que comenzó a tramitarse en el último pleno, que pretende igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados a los de las empresas matriz y que fue aprobada con los votos de la izquierda y los nacionalistas. La proposición de ley pide la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para que los empleados que prestan servicios en un mismo sector tengan garantizado "el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo", pero su tramitación en el pleno –actualmente está en fase de enmiendas en la comisión de empleo– quedará paralizada hasta que se retomen las sesiones.

Asimismo, en el ámbito de la justicia también hay iniciativas cuya tramitación se verá retrasada un mes por el parón vacacional. Es el caso, por ejemplo, de una proposición de ley del PSOE para modificar la ley que regula el ejercicio del indulto, que actualmente está a la espera de ser votada por el pleno del Congreso para su toma en consideración y que no podrá seguir su tramitación al menos hasta febrero. La iniciativa pretende que el Gobierno esté obligado a motivar los indultos que conceda y también busca prohibir que se beneficien de la medida de gracia los condenados por corrupción y por violencia machista.

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