Viajes oficiales

Moncloa esconde cuánto costó el viaje de Sánchez al FIB de Castellón y solo hace públicos los gastos de protocolo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a uno de sus asesores en el avión presidencial Falcon.

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El Gobierno ha aclarado que no puede revelar el importe total del coste del viaje que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón el pasado mes de julio en virtud de la Ley de Secretos Oficiales; excepto los 282,92 euros que supusieron los gastos de protocolo.

Un portavoz del Ejecutivo ha explicado que todos los detalles del desplazamiento, incluida la comitiva que acompañó al presidente en el viaje, no pueden ser revelados porque "afectarían a los planes de protección" recogidos en la Ley de Secretos Oficiales. El único dato público es el de gastos de protocolo "los días previos", que ascienden a 282,92 euros. Así consta en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que responde a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre "el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento".

Este viaje de Pedro Sánchez generó polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el objeto del desplazamiento fue una visita a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Fuentes del Gobierno también destacan que toda la normativa sobre materia clasificada en los viajes del presidente es anterior al actual Gobierno "y ha sido utilizada por todos los Ejecutivos precedentes, ya sean de PP o de PSOE". La respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno fue formulada a instancias del Consejo de Transparencia, al que el asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, recurrió tras una primera respuesta en la que no se detallaban datos del viaje. En concreto, el Gobierno insistía en que, tratándose de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares" —como el Falcon en el que viajó Sánchez— "como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma" están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.

Queja al Defensor del Pueblo

Por su parte, Salom ha asegurado que presentará una nueva reclamación al Consejo de Transparencia y una queja al defensor del Pueblo, después de que el Gobierno solo haya aclarado los gastos de protocolo y no el montante total del viaje como el asesor del PP solicitó. "No me lo tomo en serio, volveré a presentar una nueva reclamación al Consejo de Transparencia y una queja al defensor del Pueblo", ha asegurado Salom en una entrevista en Onda Cero, en la que ha tachado de "burla" la respuesta del Ejecutivo.

En otras declaraciones el asesor ha considerado que es "una tomadura de pelo del Gobierno socialista" y "una broma de mal gusto" el hecho de "valorar en 282,92 euros el viaje privado en el Falcon a Castellón". "Esta es una nueva muestra del talante antidemocrático del Gobierno socialista del nuevo rico doctor Sánchez. Censuró al Parlamento declarando este viaje secreto oficial y miente a la ciudadanía cuando responde obligado por el Consejo de Transparencia en un documento público como es la respuesta firmada el día 28 de diciembre, que parece una inocentada valorar en 282,92€ el viaje privado el Falcon a Castellón", ha subrayado.

Comparecencia en el Congreso

El PP quiere que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca en el Congreso para explicar por qué el Ejecutivo socialista blinda los viajes del presidente, Pedro Sánchez, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. En concreto, el PP pide que Amorós acuda a la Comisión de Política Territorial y Función Pública "para informar sobre la censura y crítica al presidente del Gobierno, por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes".

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