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8M

El movimiento feminista y los sindicatos recurren la prohibición de manifestarse en Madrid: "No obedece a ninguna medida sanitaria"

Manifestación feminista en Pamplona, en una imagen de archivo.

La Comisión 8M Madrid, responsable de la organización de las concentraciones masivas de los últimos años en la capital, ha anunciado este viernes que recurrirá la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir todas las concentraciones solicitadas para el 7 y 8 de marzo, al tiempo que ha llamado a toda la ciudadanía a visibilizar su rechazo a este dictamen en el "espacio público". Además, ha solicitado la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. "La prohibición de Delegación no obedece a ninguna medida sanitaria. Ante esta situación queremos remarcar que el feminismo resiste. El feminismo siempre es la alternativa. Llamamos al apoyo popular. Esta situación va más allá de la Comisión 8M. Necesitamos a toda la ciudadanía visibilizando el rechazo a una prohibición sin contenido sanitario, necesitamos a las mujeres de otros territorios, a las mujeres de todos los movimientos sociales, a nuestras alianzas", subrayan.

Las feministas anuncian además que mantienen las convocatorias que sí están legalizadas. De este modo, se concentrarán este viernes por la tarde ante el CIE de Aluche. Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid ha anunciado que adaptará sus acciones previstas los días 7 y 8 de marzo para esquivar la prohibición e igualmente presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Para salvar los muebles, la organización ha decidido preparar acciones que no congreguen a más de una veintena de personas, el límite de asistencia para que un acto sea considerado concentración. Así lo harán, han explicado, en la acción que tienen prevista para el domingo a las 11.00 horas en la plaza Guardias de Corps, en la que leerán un manifiesto a favor de la abolición de la prostitución.

CCOO y UGT de la Comunidad de Madrid llevarán también a los tribunales la prohibición de su concentración, que habían convocado como cada año en la Plaza de Cibeles, ya que aseguran que se niega "de manera irregular". Ambos sindicatos critican que se trate de "demonizar y criminalizar" el movimiento feminista y defienden que un alto porcentaje de las concentraciones presentadas ante la Delegación están "ajustadas a derecho". También CGT lleva ante el TSJM la decisión de la Delegación del Gobierno

Más Madrid, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Podemos Comunidad de Madrid, UGT Madrid, Izquierda Unida Madrid, Equo y el PCE Madrid han firmado además un comunicado conjunto donde piden a Delegación de Gobierno en Madrid que "rectifique" por prohibir las movilizaciones el 8M. "Las organizaciones que suscribimos este comunicado no compartimos ni entendemos dicha prohibición, al entender que responde a una cuestión política y no sanitaria como se quiere hacer ver", han lamentado. A su juicio, el movimiento feminista lleva "mucho tiempo trabajando y planificando este 8 de marzo, siempre desde la perspectiva y el conocimiento de la preocupante situación sanitaria", para lo que ha establecido todas las medidas de seguridad pertinentes, apostando por la "deslocalización de la movilización y por aforos siempre menores a 500 personas".

Todo este clima de crispación surge un año después de que el feminismo volviera a inundar las calles. Aunque la pandemia apenas era entonces una amenaza, sus efectos ya se hicieron notar en las marchas. La participación en las manifestaciones se desplomó de forma generalizada, pero la caída no impidió que se sucedieran los mensajes de la derecha contra el movimiento feminista por haber salido. Los dardos fueron dirigidos contra las mujeres por haber tenido la osadía de ocupar las plazas. Y también contra al Gobierno, por haberlo permitido. Meses después, sería el Tribunal Supremo el que zanjara el conflicto: las muertes por coronavirus no guardaban ninguna relación, al menos demostrable, con la asistencia a las manifestaciones.

Ha pasado un año desde entonces, pero vuelven a resucitar los mismos fantasmas. En medio del debate sobre la conveniencia o no de salir a las calles, las autoridades frenaron este jueves en seco toda pretensión de manifestarse en Madrid. La Delegación del Gobierno prohibió cualquier concentración o manifestación, sin excepciones y por motivos de salud pública. Las organizaciones que habían convocado actos se reunieron de urgencia la noche del jueves para decidir qué hacer: desobedecer y salir, transformar los actos y cumplir con el mandato o recurrir la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá este fin de semana todos los recursos interpuestos.

Las primeras asambleas de cara a la organización del Día Internacional de la Mujer comenzaron en enero y febrero. Entonces, el principal debate se había trasladado a si las feministas debían o no renunciar a las calles. De forma generalizada y pese a los miedos lógicos de las activistas, la decisión fue la de mantener la actividad en el espacio público. Había más razones que nunca, argumentaban: una pandemia sin precedentes había hecho mella en la vida de las mujeres. La precarización del empleo, la crisis de los cuidados y el lastre de la violencia machista eran motivos de sobra. Las feministas tenían un precedente para armarse de seguridad: el 25 de noviembre. El Día para la Eliminación de la Violencia Machista, organizaciones feministas de distintas ciudades convocaron concentraciones que pudieron llevarse a cabo. No iba a ser tan sencillo el 8M.

Las feministas trabajaron por encontrar las fórmulas más seguras para mantener la protesta. En territorios como Galicia, Comunitat Valenciana y Madrid han optado por repartir las convocatorias para evitar aglomeraciones; en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Sevilla se han inclinado por concentraciones estáticas, con distancia de seguridad y en algunos casos previa inscripción. Pese a sus esfuerzos, las activistas no tardaron en ser objeto de severas críticas. Primero fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con un tajante "no ha lugar" al ser preguntada por la conveniencia de organizar este tipo de protestas. El Ministerio de Igualdad salió enseguida a aclarar que su apoyo al movimiento feminista no entraría en conflicto con respeto a las recomendaciones sanitarias. "Igualdad seguirá las recomendaciones de las autoridades sanitarias y se remite, como no puede ser de otra manera, a la ministra de Sanidad". La derecha aprovechó la ocasión para recuperar su ofensiva contra el movimiento feminista.

Este jueves, la Delegación del Gobierno en Madrid tomó la decisión de prohibir cualquier tipo de concentración y manifestación organizada para el domingo y el lunes en la región. Tan sólo una semana antes, el delegado, José Manuel Franco, ya había lanzado un aviso: no permitiría concentraciones con una asistencia superior a las 500 personas. Las feministas tomaron nota. La Comisión 8M de Madrid organizó concentraciones en cuatro plazas –Sol, Atocha, Embajadores y Cibeles– con el objetivo de segregar las convocatorias y controlar el aforo a través de este protocolo. Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid –integrado por plataformas como Fórum Feminista, Contra el Borrado y Espacio Feminista Radical– llamó a una concentración en Callao, cercada por barreras, con supervisión policial e inscripción previa. No fue suficiente.

Libros y películas para organizar una manifestación del 8M en el salón de casa

Libros y películas para organizar una manifestación del 8M en el salón de casa

La ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó este mismo jueves a quienes "quieren negar el derecho a la calle" a las mujeres y a los que a pesar de "hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias" están haciendo un "señalamiento" al feminismo. Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, añadió que el "mensaje de fondo es preocupante" y recalcó que "no pasó lo mismo en Vistalegre con 10.000 personas ni en la concentración falangista". En el extremo opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, valoró la decisión de "muy prudente" y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que "no es tiempo de manifestaciones ni de concentraciones masivas de personas". El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, recordó que "hay formas más allá de la manifestación y la concentración para conmemorar" la efeméride. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sorprendió al admitir que no comparte la decisión, ya que su partido defiende el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse "por cualquier motivo". El Sindicato de Estudiantes tachó la prohibición de "antidemocrática" y optó por mantener la manifestación prevista para el lunes.

Las organizaciones feministas del país lanzaron un grito de apoyo unánime a sus compañeras madrileñas. Desde la Assemblea Feminista de València, Teresa Meana recuerda que en su comunidad se autorizaron, a lo largo del año pasado, 900 manifestaciones. Así lo sostuvo la delegada en la región, Gloria Calero, quien este jueves confirmó que no hay motivos para suspender los eventos por el 8M: la manifestación es "un derecho fundamental" que no se puede "suspender así porque así". El delegado en Castilla y León, Javier Izquierdo, se mostró también sorprendido por la decisión y recordó que en su comunidad se han celebrado cerca de 1.700 concentraciones desde el final del primer estado de alarma.

En València, hay autorizadas tres concentraciones el lunes por la mañana y otras cuatro por la tarde. Descentralizar las acciones, argumentan las activistas, tiene el sentido no sólo de evitar aglomeraciones, sino también de reducir los desplazamientos al mínimo. También se mantienen las acciones acordadas, ya con el visto bueno de las delegaciones, en Zaragoza o Sevilla. En Cataluña, la organización Vaga Feminista ha hecho un llamamiento a "no quedarse en casa" y a secundar tanto la manifestación estática en la capital catalana como los paseos feministas organizados en distintas localidades de la región.

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