Economía

Dos multinacionales controlan el negocio de los artículos científicos en España

Imagen de las las XXIII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizadas por la CRUE en 2015.

Dos empresas multinacionales, Clarivate Analytics anteriormente una rama de la estadounidense Thomson Reuters– y la holandesa Elsevier, controlan el negocio de la publicación y consulta de artículos en revistas científicas en España. El Gobierno, a través de las normas establecidas por los ministerios de Economía y Educación, favorece e incentiva la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de referencia que utilizan estas compañías para valorar el impacto del trabajo científico: el Journal Citation of Reports (JCR), en el caso de Clarivate Analytics, y el Scimago Journal Rank (SCR), en el caso de Elsevier. Si un investigador quiere promocionar en su carrera universitaria en España, o acumular sexenios de investigación y por lo tanto ver incrementada su carga docente, se ve abocado a publicar artículos en las revistas indexadas por estas compañías. Una de estas compañías, Clarivate, es resultado de la venta por parte de Thomson Reuters de su negocio de propiedad intelectual y ciencia a dos sociedades de inversión.

A su vez, ambas empresas cobran a las universidades un canon anual por la licencia de uso de sus herramientas de búsqueda y bases de datos, en las que están incluidas estas publicaciones y que por lo tanto se convierten en otro peaje obligado: 4 millones de euros al año por el uso de la Web of Knowledge (WOK), antes de Thomson Reuters y ahora de Clarivate Analytics, y 1,5 millones por el uso de Scopus, de Elsevier, según datos ofrecidos a infoLibre por la Red de Bibliotecas Rebiun, una comisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que agrupa a 76 universidades y al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Las universidades y centros de investigación deben además comprar las revistas en las que se publican los artículos. Sólo en el caso de Elsevier, que también edita revistas, Rebiun ha cerrado un contrato con esta multinacional por el que sus miembros abonarán más de 24 millones de euros al año por las publicaciones incluidas en su paquete Science Direct, según los datos ofrecidos por esta comisión sectorial de la Conferencia de Rectores. La investigación científica financiada con fondos públicos acaba así publicándose en gran medida en revistas privadas y de acceso cerrado, que cobran a las instituciones públicas por poder leerlas. "Es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo quiero que en mi universidad lean el artículo que se ha hecho con fondos públicos de mi país, hay que suscribirse, porque si no la biblioteca no la va a tener en sus fondos", explica Vicent Climent, presidente de Rebiun y rector de la Universidad Jaume I.

El control del sistema por parte de Clarivate Analytics y Elsevier queda garantizado por las normativas aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), adscrita al Ministerio de Educación, y por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Cneai), adscrita al Ministerio de Economía. La producción científica del profesorado universitario español se encuentra sometida a la evaluación llevada a cabo por ambas agencias. Aneca se centra en los procesos de acreditación para acceder a contratos (ayudante doctor, contratado doctor) o plazas de funcionario (titular, catedrático); por su parte, Cneai se encarga de reconocer la labor investigadora a través de los sexenios.

Los criterios utilizados por estas agencias dan una prioridad casi absoluta a la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices JCR, de Clarivate Analytics, y SJR, de Elsevier. Éstas son las revistas, que se cuentan por miles, incluidas en las plataformas WOK y Scopus, por cuyas licencias salen cada año de las arcas públicas unos 5,5 millones. Ese dinero va rumbo a Clarivate y Elsevier.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Economía, gestiona las licencias de estas dos bases de referencias bibliográficas y citas, dando acceso a las mismas a las universidades, organismos de investigación, centros tecnológicos, parques científicos... Fecyt realiza actividades junto con Elsevier de promoción de la plataforma Scopus, para lograr que los centros de investigación contraten esta herramienta, que contiene 18.000 revistas publicadas por más de 5.000 editores.

Un duopolio asimétrico

No se trata de un duopolio simétrico. El índice de Clarivate Analytics, JCR, tiene prioridad en las normas que establecen tanto Aneca como Cneai, sobre todo en las ciencias experimentales. La última resolución de la Cneai, de noviembre de 2016, da una clara primacía a la publicación en revistas indexadas en el JCR en los campos de las matemáticas, la física, la biología y las ingenierías, entre otros. "Se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado correspondiente a su categoría científica en el Journal Citation Reports (JCR) Science Edition", señala la resolución para el campo de las matemáticas y la física, una formulación que se repite casi idénticamente en numerosos campos. En ámbitos científicos como las ciencias sociales, políticas, del comportamiento y de la educación, económicas y empresariales, se incluye también, junto al JCR de Clarivate Analytics, el SJR de Elsevier. 

El esquema se repite en el Programa de Acreditación Nacional para el Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios, el conocido como Programa Academia, con el cual Aneca regula los méritos para obtener calificaciones en actividad docente e investigadora. Hay decenas de ejemplos que ilustran cómo sobre todo Clarivate Analytics, pero también Elsevier, vuelven a salir ganando con esta normativa. Un mérito en el área de química es la "dirección de al menos tres tesis doctorales [...] con resultados publicados en revistas indexadas en el JCR". En ciencias biomédicas, al menos tres publicaciones deben aparecer en "revistas indexadas en JCR o SJR".

La fórmula se repite con pequeñas variaciones una y otra vez, campo a campo. Mérito para la acreditación en el campo de la ingeniería eléctrica: "Publicaciones en revistas docentes indexadas en el JCR". Mérito en ingeniería informática: "Publicaciones en revistas docentes de prestigio, incluidas en el JCR o SJR". La calificación A en actividad investigadora exige 85 artículos en revistas del JCR en el área de química y 65 en el área de biología. En algunas áreas, Aneca valora también la "pertenencia a consejos editoriales de revistas indexadas en JCR o SJR" o la "evaluación de artículos en revistas del JCR o SJR", como ocurre en ciencias económicas y empresariales. Los requisitos se han ido haciendo año a año cada vez más exigentes.

"Son un negocio, no una garantía de calidad"

Los criterios de evaluación de la Aneca han recibido contestación por parte de sectores universitarios. Una campaña en la plataforma de recogida de firmas Change ha logrado más de 3.200 apoyos a una solicitud de anulación de dichos criterios. "JSR y JCR son un negocio, no una garantía de calidad", afirma el texto que acompaña a la recogida de firmas, especialmente crítico con las implicaciones de estos requisitos para las ciencias sociales. "La investigación en educación podría tener en cuenta, además de las revistas indexadas en JCR y Scopus (dos bases de datos privadas, de pago), otras de acceso público (gratuitas)", añade. Y se pregunta: "¿Para qué sirve el sello de calidad de la Fecyt si no aparece en los criterios de ciencias de educación?".

"En las ciencias experimentales se ha privilegiado la publicación en las revistas de JCR. Esto tiene un motivo, y es que son disciplinas en las que se pueden realizar comparaciones internacionales", explica Elea Giménez, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, directora del grupo de investigación sobre el libro académico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) y autora del libro Malestar. Los investigadores ante su evaluación. El resultado es "un sistema selectivo, que depende de una gran compañía con muchos intereses, y que no siempre es adecuado para la evaluación científica ni para las distintas disciplinas", añade Giménez, autora de diversos artículos sobre la evaluación de publicaciones científicas que son una referencia para entender la cuestión. "[...] Con fondos públicos, se suscriben licencias nacionales para acceder a bases de datos bibliográficas y de citas, Web of Science de Thomson Reuters [ahora Clarivate Analytics] y Scopus de Elsevier", explica en su artículo Publicaciones científicas periféricas.

Citas e impactos

La importancia suprema otorgada por las autoridades a la posición de los artículos con respecto al JCR tiene menos lógica, según Giménez, en el campo de las humanidades, donde la necesidad de citar y ser citado inmediatamente es menor que, por ejemplo, en la investigación médica. Es decir, y poniendo un ejemplo extremo, un historiador puede apoyarse para elaborar un artículo en un texto del siglo XIX, no necesariamente en uno que acabe de salir, por lo que es más difícil medir el impacto de las publicaciones recientes. "En determinadas disciplinas es muy necesario que existan más alternativas. Existen, como Scopus, pero en un nivel secundario", añade Giménez, que recuerda que el sistema público DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) dejó de recibir financiación.

Aunque Clarivate Analytics es la empresa más beneficiada por la normativa, que privilegia su índice JCR, "Elsevier disfruta de una posición dominante en el mercado porque tiene una cantidad inmensa de revistas científicas, de las que son proveedores", explica Giménez, que recuerda que tanto las autoridades españolas como las europeas tienen el compromiso establecido de promover la publicación en revistas abiertas. En cambio, Clarivate no edita revistas, sino que las incluye en su base de datos, que es por lo que cobra las licencias. Estas revistas son de editoriales como la propia Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, Springer... infoLibre preguntó a Clarivate Analytics si cobra a estas revistas por indexarlas, y cuánto. La respuesta fue que ninguna revista paga para estar indexada en JCR.

Diversos profesores e investigadores consultados no discuten la calidad de las revistas incluidas en las plataformas Web of Knowledge –o Web of Science, en su rama científica– y Scopus, sobre todo las situadas en los primeros cuartiles de la clasificación. De hecho hay una creciente competencia por publicar en estas revistas. Lo que discuten los críticos es un modelo que propicia una cultura del impacto y la citación, y que además supone la salida de cantidades elevadas de dinero público para alimentar a empresas que en la práctica privatizan un conocimiento gestado con fondos públicos.

Una negociación a tres

Vicent Climent, presidente de Rebiun y rector de la Universidad Jaume I, ofrece una visión matizada. La actual posición dominante de los índices JCR –fundamentalmente–, pero también SJR, "no es algo que hayan permitido sólo los gobiernos, sino también la propia ciencia, con el prurito de que ahí están las mejores revistas", afirma. Climent sí es crítico con el hecho de que "científicos que en su gran mayoría trabajan para centros públicos publiquen al final en revistas privadas" a las que sólo se accede previo pago. A su juicio, existe un "oligopolio" y un sistema "desequilibrado", pero también destaca la calidad de las revistas indexadas y apunta: "[Estas empresas] no van sólo al negocio por el negocio. Han desarrollado otras herramientas de gran utilidad que permiten realizar análisis y búsquedas inmediatas", en referencia a la WOK y a Scopus.

Como presidente de Rebiun, Climent ha formado parte destacada a la negociación a tres bandas –Rebiun, Fecyt y Elsevier– sobre el nuevo contrato del paquete de revistas Science Direct, una vez expirado al anterior. El acuerdo ahora alcanzado, 2016-2020, incluye a todas las universidades de Rebiun –50 públicas y 26 privadas– y al CSIC. Cada miembro de Rebiun paga en función de las revistas que contrata según sus necesidades de investigación. El coste será de 24 millones el primer año, "subiendo luego al ritmo del 2% al año" hasta expirar el 31 de diciembre de 2020, explica Climent.

La posibilidad de un sistema español público

Climent se muestra razonablemente satisfecho con el resultado del acuerdo con Elsevier, teniendo en cuenta que –explica– la compañía holandesa partía con la pretensión de realizar una subida mayor. El presidente de Rebiun cree acertado el camino marcado por la Unión Europea en el llamado Horizonte 20-20, que conduce a un modelo de publicación de artículos en abierto (open access). Pero esto probablemente no supondrá que Clarivate y Elsevier se queden fuera de juego. El negocio se concentrará entonces –algo que, según Ciment, ya está ocurriendo– en cobrar por la publicación de los artículos en las revistas.

¿No pervierte eso el sistema? A juicio de Climent, y en contra de lo que pueda parecer, no. "A las revistas les va su prestigio en lo que publican. Existe un equilibrio de intereses que funciona", añade. Aunque señala que puede haber disfunciones, considera que predomina el "rigor". Climent aboga por "generar un sistema español de ciencia y tecnología" que corrija la posición dominante de las grandes multinacionales. Y recuerda que no son las empresas las que ponen el contenido, sino los investigadores. Preguntado acerca del coste total que los centros integrados en Rebiun asumen por la suscripción de revistas científicas de todas las editoriales, Climent afirma desconocerlo con detalle, porque según las compras cada universidad negocia con los comerciales de las compañías. Pero no duda que el montante total supera los 100 millones.

Sociedades inversoras

Las administraciones públicas, incluso en sus comunicaciones públicas, se siguen refiriendo a la empresa que comercializa la WOK y establece el índice JCR como Thomson Reuters. infoLibre trasladó sus cuestiones a esta empresa, que las derivó a Clarivate Analytics. "En octubre pasado Thomson Reuters vendió su negocio de propiedad intelectual y ciencia" a dos sociedades inversoras, concretamente Onex y Baring Asia. "Ahora somos conocidos como Clarivate Analytics", respondió la compañía. Es decir, tras la empresa que establece el principal índice que rige la evaluación de la investigación universitaria en España lo que hay son compañías inversoras externas. Tanto la WOK (a la que Clarivate llama Web of Science, WOS) como todos los contratos suscritos antes por Thomson Reuters han pasado a la nueva compañía, según explica Clarivate por correo electrónico. Esto incluye sus acuerdos con las distintas instituciones públicas españolas.

Clarivate Analytics se presenta como una empresa que "acelera el ritmo de la innovación proporcionando conocimientos y análisis de confianza a clientes de todo el mundo, permitiéndoles descubrir, proteger y comercializar nuevas ideas más rápidamente". "Poseemos y operamos una colección de negocios líderes basados ​​en suscripción enfocados en investigación científica y académica, análisis de patentes y estándares regulatorios, inteligencia farmacéutica y biotecnológica, protección de marcas, protección de marcas de dominio y propiedad intelectual", afirma la compañía de sí misma. Clarivate Analytics es desde 2016 "una empresa independiente [de Thomson Reuters] con más de 4.000 empleados, que opera en más de 100 países y posee marcas conocidas como Web of Science, Cortellis, Thomson Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor y Techstreet".

En cuanto a Elsevier, se trata de una empresa con sede central en Amsterdam y más de 7.000 trabajadores que trabajan en 24 países. Se define como "líder mundial en soluciones de información que mejoran el desarrollo de las ciencias, la tecnología y la salud".

  EL SILENCIO OFICIAL

Este medio ha tratado de recabar reiteradamente información, por teléfono y correo electrónico, de las distintas instituciones públicas con responsabilidades en el ámbito universitario, pero ni el Ministerio de Economía ni el de Educación han ofrecido respuestas a las preguntas planteadas, relativas al gasto público que supone este modelo y a sus implicaciones cualitativas.

Tampoco Fecyt, Aneca o Cneai han ofrecido información para este artículo, remitiéndose en algunos casos a otras instituciones públicas o a los propios ministerios de los que dependen.

Este medio también ha telefoneado y remitido sus preguntas por correo electrónico a Elsevier sobre sus ingresos públicos en España, así como su modelo de funcionamiento en relación al negocio de la evaluación de la investigación científica, sin respuesta.

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