'Operación Lezo'

Los negocios del testaferro uruguayo con el que González planeaba invertir tres millones en negro

De izquierda a derecha el embajador de Uruguay en España, Francisco Bustillo; el exconsejero de Sanida y presidente de la Fundación Lafer, Manuel Lamela; y el abogado Fernando Belhot.

El testaferro uruguayo que según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco utilizaba Ignacio González para sus inversiones en negro, el abogado Fernando Belhot, ha participado en varios negocios en España y en Argentina.

El auto que redactó el magistrado para enviar a González destaca que los integrantes de la red corrupta planearon "sondear al abogado uruguayo Fernando Belhot, relacionado con el blanqueo de capitales de un determinado caso de corrupción en Argentina, para crear algún tipo de estructura financiera a largo plazo para canalizar capitales junto con Eduardo Zaplana, lo que indiciariamente apunta a la tenencia de activos financieros en el exterior", explica la resolución.

En una de las comunicaciones intervenidas, González propuso a Zaplana crear una estructura financiera "a través del abogado uruguayo", y como elemento positivo ambos excargos del PP resaltaron el hecho que este testaferro trabajara en Países Bajos, Estados Unidos o Uruguay. "El hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados", destaca el juez en su auto.

infoLibre ha comprobado que el uruguayo Belhot ha estado vinculado con al menos tres empresas en España: South Capital Participaciones, Rayet Construcciones y la firma Shieer Ibérica Biotec SL. La primera, South Capital Participaciones, es una filial de su firma uruguaya South Capital Partners. Ambas firmas aparecen en la investigación del juez Velasco, que temía que los directivos de estas sociedades pudieran alertar a los investigados.

"Capital indeterminado"

"Se ha evidenciado el ánimo de adquisición y constitución de sociedades dedicadas a diversos objetos sociales a través de destrezas financieras orientadas a velar la titularidad real de las mismas y aflorar así capital de origen indeterminado que podría guardar relación con sus supuestas actividades criminales", destaca el juez Velasco, que incluye entre estas iniciativas ilegales el proyecto de entrada en el capital de South Capital Participaciones y la compra de la firma Auditel.

En el auto de la Operación Lezo aparecen dos importantes inversiones de la trama liderada por González en las que se alude al testaferro argentino. La primera sería la compra del 50%, junto con el exministro del PP Eduardo Zaplana, de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyo despacho facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países- que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua. Se trataría de la sociedad Shieer Ibérica Biotec SL, encargada de la descontaminación de aguas.

La investigación ha revelado los planes de González para acometer esta inversión "a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la invesión", destaca el auto.

En concreto, y siempre según el juez, González planeó la adquisición de una parte del accionariado de la sociedad Auditel, que los hermanos González valoran en una suma que va de uno a tres millones. "Llama la atención que Pablo González asegure que Ignacio González estaba interesado en el negocio y que dé a entender que existe dinero para afrontar la inversión. Los hermanos González barajan aprovechar los servicios del abogado uruguayo Fernando Belhot como herramienta para materializar la inversión de Ignacio González, que según el juez "conoce de primera mano casos de corrupción relacionados con determinadas empresas licitadoras del sector público como fue el caso del videomarcador del Palacio de los Deportes de Madrid. Sobre esta concreta licitación existen indicios de que la manipuló en favor de los intereses de su hermano Pablo González y Auditel", asegura el auto de Velasco.

Pago de comisiones en el extranjero

Por eso, el juez pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en el registro de la firma Auditel buscara "información relacionada con el presunto pago de comisiones en el extranjero", según consta en un auto secreto al que ha tenido acceso infoLibre.

Asimismo, el abogado uruguayo Fernando Belhot fue apoderado de la constructora Rayet Construcciones entre los años 2010 y 2014. En esta firma también aparece como presidente el exconcejal del PP del Ayuntamiento de Madrid Sigfrido Herráez (2007-2010). 

Según el diario El País, el exconcejal de Vivienda del PP Sigfrido Herráez abandonó el Ayuntamiento de Madrid el 26 de septiembre de 2005, y, una semana más tarde, fichó por la constructora. Rayet construyó dos proyectos urbanísticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herráez como concejal. Además, la mujer de este exconcejal del PP, María Gálvez, apareció vinculada al hospital Infanta Leonor, también del Ensanche de Vallecas, y que acabó en manos del empresario José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel.

El exconsejero Lamela

Precisamente relacionado con la sanidad, el tesfaerro uruguayo participó en 2012 en una reunión con el embajador de Uruguay en Madrid, Francisco Bustillo, y el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, que entre 2003 y 2007 promovió siete hospitales de gestión privado bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Al abandonar la política, Lamela acabó trabajando para uno de estos hospitales, en concreto con el Hospital del Tajo (Aranjuez).  

infoLibre se ha puesto en contacto con Lamela, que ha negado que la Fundación Lafer, que él preside, mantenga relaciones de cualquier tipo con el testaferro uruguayo de González: "Tuvimos la oportunidad de conocerlo por una jornada en noviembre del 2012 organizada junto con la Embajada de Uruguay en España. Desde entonces no hemos tenido relación alguna profesional ni de otro tipo", especifica Lamela

El testaferro uruguayo tiene además cuentas pendientes con la justicia argentina, país en el que su nombre ha aparecido involucrado con el denominado caso Ciccone,caso Ciccone por el que fue procesado el exvicepresidente argentino Amado Boudou por blanqueo de capitales.

El abogado argentino Jorge Vitale denunció ante la Justicia de Uruguay que una de las empresas que aparece en el caso Gürtel como destino de una transferencia de un millón de euroscaso Gürtel del extesorero del PP Luis Bárcenas también está incluida en un caso de corrupción en Argentina. En este caso está siendo investigado el actual vicepresidente del país sudamericano, Amado Boudou, el número dos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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