Memoria histórica

Ofensiva conservadora en las cúpulas judicial y fiscal para frenar la Ley de Memoria Democrática

Fotografías de desaparecidos y asesinados en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, una de las mayores fosas del franquismo, ubicada en el cementerio de San Fernando (Sevilla).
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El paso del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática por los órganos consultivos del Gobierno no hace prever una tramitación precisamente tranquila. La elaboración de los informes preceptivos en el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha estado exenta de polémica y en ambos casos hay un denominador común: el sector conservador del organismo en cuestión se ha mostrado en contra del proyecto de ley, por unas razones o por otras, y mientras que en el primer caso su aprobación ha sido por la mínima, en el segundo el dictamen definitivo está atascado por falta de acuerdo entre los ponentes, uno conservador y otro progresista.

En el Consejo Fiscal, el informe preceptivo de una de las leyes que son seña de identidad del Gobierno de coalición ha sido aprobado este jueves por la mínima: seis votos contra cinco. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha votado la última desempatando la votación que ha evidenciado los apoyos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el rechazo de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera y de corte más conservador. El debate, sin embargo, no ha durado mucho, según fuentes del organismo consultadas por infoLibre: los vocales del colectivo conservador han expresado sus reticencias a la norma por las "indefiniciones" que, a su juicio, generan una inseguridad jurídica evidente que habría que modificar.

Después, la Asociación de Fiscales ha enviado un comunicado explicando que la redacción de la Ley de Memoria Democrática "resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria" y "da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal". Con esto último se refieren a la creación de una “Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, y para impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las víctimas. Para la asociación conservadora, esa Fiscalía de Sala resulta "absolutamente innecesaria".

Fuentes del sector progresista del Consejo Fiscal son muy críticas con esta postura. En su opinión, esta ley, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, es muy clara en sus planteamientos y, aunque a efectos prácticos las investigaciones sobre crímenes de guerra y de la dictadura no acabarían en condenas por el tiempo transcurrido, eso no quita para que puedan abrirse pesquisas que puedan ofrecer a las víctimas el "derecho a la verdad" que, según apuntan, implicaría dar cumplimiento a la normativa internacional que España ha ratificado. Aparte, sería esa Fiscalía de Sala la que lideraría los procesos de búsqueda y apertura de fosas que aún están por desenterrar.

Se trata, explican las fuentes consultadas, de evitar resoluciones como la recientemente dictada por el Tribunal Supremo que cerró la puerta a cualquier investigación penal sobre la llamada fosa de los maestros de Soria, los cinco profesores fusilados en el municipio de Cobertelada en 1936 por fuerzas franquistas. El alto tribunal determinó que las investigaciones sobre hechos relacionados con fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo no puede tener carácter penal, estableciendo las diferencias entre la verdad histórica y el proceso penal, cuyo objetivo es dirimir la culpabilidad o no de una determinada persona o personas. En nuestro sistema procesal, insistía, no es posible una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena.

Los progresistas lamentan que no sea más ambiciosa

Para la UPF, el anteproyectose queda incluso "corto" en sus aspiraciones para lograr un "derecho a la verdad" más de ochenta años después del inicio de la Guerra Civil que derivó en la dictadura franquista. Así, por ejemplo, lamentan que no hace mención expresa a las "víctimas de la represión de género", sólo ligada a la actividad política o sindical. Tampoco propone el acceso a los "archivos privados" como pueden ser los de la Fundación Francisco Franco, la Iglesia o Falange ni se plantea reformar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1969. El Gobierno defiende modificarla en un procedimiento aparte en el que aseguran que ya están trabajando varios ministerios y que está capitaneando el de Presidencia que dirige Carmen Calvo, el mismo que ha redactado la Ley de Memoria Democrática.

Según las fuentes del sector progresista del Consejo Fiscal, que tiene cuatro vocales, en la reunión de este jueves no han planteado estas sugerencias porque se trataba de buscar un consenso con la Asociación de Fiscales, que cuenta con cinco consejeros, pero este acuerdo no ha sido posible por la oposición de los conservadores al anteproyecto "por un único artículo", el de la Fiscalía de Sala. Por eso, se ha optado por votar el texto tal cual ha llegado del Consejo de Ministros, que ha obtenido los votos favorables de la UPF, el jefe de la Inspección Fiscal –que es miembro nato– y la fiscal general –el teniente fiscal, que también es miembro nato, no ha asistido a la reunión–, superando así al pronunciamiento en contra de la asociación mayoritaria, que ya ha adelantado que presentará un voto particular.

Reunión en el CGPJ para desbloquear el dictamen

Este voto no es vinculante para el dictamen final que ha salido del Consejo Fiscal, como tampoco lo es para la redacción final de la norma el propio informe de este órgano. Tampoco es vinculante el dictamen que está pendiente de elaborar el CGPJ, aunque en este caso la situación está más atascada. El anteproyecto de ley llegó al órgano de gobierno de los jueces la primera semana de marzo y la enjundia de la norma llevó al organismo a designar dos ponentes: Álvaro Cuesta, vocal elegido a propuesta del PSOE, y José Antonio Ballestero, suplente de la lista del PP que sustituyó en 2018 a Fernando Grande-Marlaska cuando éste fue nombrado ministro del Interior.

Según publicó infoLibre la semana pasada, el gabinete técnico del CGPJ elaboró un primer borrador de informe que entregaron a los ponentes para que éstos hicieran las apreciaciones que consideraran oportunas. Cuesta introdujo algunas matizaciones, pero en general se mostró de acuerdo con el texto para elevarlo al Pleno. Sus propuestas pasan por, por ejemplo, mejorar la definición de la parte referida a la extinción de fundaciones quehagan apología del franquismo para que la ley no choque con derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Sin embargo, en el caso de Ballestero, su postura ha sido totalmente contraria al borrador y, por tanto, también a las propuestas del otro ponente. En general, su posición es bastante "crítica" tanto con el texto de los servicios jurídicos como con el anteproyecto de ley de Memoria Democrática en sí, del que cuestiona incluso su constitucionalidad, según han explicado las fuentes consultadas.

Para desatascar la situación, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, citó a ambos vocales el pasado lunes, 26 de abril, pero la reunión tuvo que ser pospuesta y se ha fijado para el próximo 5 de mayo. Lesmes se ha comprometido con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a tener el informe listo antes de mediados de mayo, por lo que la intención del presidente es tratar de acercar posturas entre los dos ponentes para poder celebrar un Pleno la semana siguiente a la reunión. En caso de que no se pueda alcanzar un solo texto de consenso, ambos vocales harán su propuesta por separado y las dos se discutirán en el Pleno.

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