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Inmigración

ONG llaman al boicot contra las empresas que realizan deportaciones y exigen cambios en las políticas migratorias

Imagen de una concentración frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

El pasado lunes el aeropuerto de Barcelona se convirtió en pista de despegue de un vuelo en el que doce inmigrantes fueron deportados a Guinea Conakry. El vuelo –Madrid-Guinea Conakry con parada previa en la capital catalana– no estaba anunciado por ninguna fuente oficial pero diversas ONG se habían encargado de alertar sobre él a través de una campaña en redes sociales. El diario catalán Directa publicó este miércoles imágenes documentando la operación, capitaneada por la aerolínea Orbest, propiedad de Barceló Viajes.

La empresa es junto a Air Nostrum –que tiene una franquicia con Iberia desde 1997– una de las dos compañías que forman parte actualmente del acuerdo contractual con el Ministerio del Interior para realizar vuelos secretos de deportación de inmigrantes en situación irregular. En noviembre de 2016, el Gobierno concedió el contrato a la unión temporal de empresas formada por Air Nostrum y dos aerolíneas de Barceló Viajes –Orbest y Evelop Airlines–, para las que ha fijado una cifra de 1,8 millones de euros entre 2017 y 2018 como pago por las repatriaciones.

La campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, en torno a la que se organizan diversas ONG en defensa de los derechos humanos, apunta a ambas compañías para llamar al boicot ciudadano y exigir un cambio radical en las políticas migratorias. Fuentes próximas a la campaña recuerdan, en conversación con este diario, que "este tipo de prácticas las lleva haciendo el Ministerio del Interior desde hace años", y aluden a la "responsabilidad de las empresas que colaboran" porque "sin ellas no serían posibles las deportaciones". Con la presión que aspiran a realizar mediante el boicot y el consecuente impacto económico, "puede que las aerolíneas se lo piensen dos veces".

Así funcionan las deportaciones

Las deportaciones se producen a través de dos mecanismos: los macrovuelos organizados por las compañías seleccionadas previo concurso y los vuelos comerciales. Los primeros son llevados a cabo mediante "amplísimos dispositivos policiales, que doblan al número de personas expulsadas, actúan con impunidad y violencia, amparados en un Protocolo para las Repatriaciones literalmente brutal", denuncian los organizadores de la campaña. Según los mismos, el año pasado España fletó un total de 134 vuelos de deportación, exclusivamente dedicados a las expulsiones colectivas.

Los denunciantes ponen sobre la mesa no sólo la existencia de estos vuelos, sino también las condiciones en las que se realizan. Danae García, miembro de Sos Racismo en su Comisión CIE, relata en declaraciones a infoLibre la "opacidad en el procedimiento de deportación" y el modo en que las autoridades buscan llenar los aviones mediante "redadas policiales que se intensifican hasta 72 horas antes de la salida del vuelo" con el fin de "coger a cuanta más gente mejor".

Además, continúa García, el Protocolo para las Repatriaciones "lo máximo que establece es no matar a la persona, que no se pongan en riesgo sus órganos vitales, pero permite hacer de todo si ésta lleva a cabo resistencia pacífica", algo que resulta "muy alarmante en un protocolo de seguridad". Los autores de la campaña coinciden en que "las inmovilizaciones humillantes son sólo el paso previo a los golpes y palizas, mientras el uso de sedantes puede ser autorizado por el personal médico empotrado en el operativo policial".

Las dos compañías que actualmente se encargan de realizar los vuelos dedicados en exclusiva a las deportaciones marcaron, en su presentación a concurso, un presupuesto que contemplaba 7.030 euros por hora de vuelo en aviones de menos de 75 plazas; 8.215 euros en el caso de aviones con menos de 120 plazas y finalmente 17.160 euros en aquellos con más de 200 plazas disponibles.

No son, sin embargo, los únicos vuelos que deportan inmigrantes en situación irregular en el territorio español. Las devoluciones se suceden también en vuelos comerciales, que pueden tener lugar a través de cualquier compañía. El mecanismo consiste en aprovechar un trayecto de vuelo regular "para introducir en él a una persona –o a un grupo muy reducido de ellas– fuertemente escoltada, y realizar por la fuerza su deportación". Tal y como señala la campaña estatal, "la policía suele tratar de evitar que el resto de pasaje sea consciente de que en el mismo avión se está realizando una expulsión", de modo que habitualmente "introducen a la persona por la escalera de atrás, la colocan en la parte trasera separada del resto del pasaje y ejercen la violencia sobre ella, incluso amordazándola, para evitar que se sepa lo que está sucediendo".

El pasado 16 de julio varios pasajeros de un vuelo entre Barcelona y Dakar se negaron a volar en el avión de la compañía Vueling tras descubrir que uno de los pasajeros estaba siendo deportado. El acontecimiento saltó a los medios poniendo en primera línea la práctica de las deportaciones y la denuncia de organizaciones y sociedad civil. Finalmente, el vuelo partió con horas de retraso y el ciudadano senegalés fue deportado.

Boicot y cambio de políticas

Los organizadores de la campaña consideran imprescindible, dadas las circunstancias, el boicot por parte de la ciudadanía. Piden no viajar ni alojarse en vuelos y hoteles gestionados por Barceló Viajes, Air Nostrum e Iberia, y además instan a hacer público el boicot a dichas empresas. Recomiendan, en este sentido, escribir directamente a las compañías para que sean conocedoras del boicot.

También apuestan por la organización de charlas y otras actividades destinadas a difundir el material de la campaña, así como realizar protestas visibles en caso de viajar en un vuelo comercial que vaya a realizar una deportación, del mismo modo que ocurrió en Barcelona a mediados de julio: "Habla con el resto del pasaje, protesta a la tripulación, no te sientes hasta que hayan sacado del avión a la persona a la que pretendían expulsar", aconsejan.

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Finalmente, recuerdan la importancia de "ser conscientes de que las compañías sobre quienes estaba el boicot hasta 2016 siguen siendo partícipes en la industria de las deportaciones y seguirán compitiendo en las siguientes licitaciones, como Air Europa, Swift Air, Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Latitudes, Iberrail, Touring Club, Travelplan u Hoteles Be Live".

En cuanto a las empresas implicadas, fuentes de Barceló Viajes indicaron en declaraciones a infoLibre que la empresa no cuenta con un posicionamiento oficial ni prevé hacerlo a corto plazo. Por su parte, un portavoz de Iberia destacó que la compañía no se ha "presentado a concurso ni nada parecido relacionado con deportaciones". Además recordó, en conversación con este diario, que "todas las compañías tienen el deber de cumplir con el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil", de forma que "si te piden que traslades a un deportado por las causas que sean, tú lo tienes que hacer". En todo caso, añadió, cualquier traslado de dichas características Iberia lo realiza "de forma puntual y cuando se solicita". Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Air Nostrum.

Finalmente, y respecto a la otra parte implicada en las deportaciones, las organizaciones también han denunciado la actuación del Ministerio del Interior. Fuentes de la campaña destacan las manifestaciones contra la Ley de Extranjería, mientras que Danae García lamenta que los responsables gubernamentales "nunca mostraron voluntad" por frenar la situación, ya que son "los primeros interesados para que se fleten estos vuelos y las personas puedan ser deportadas de cualquier forma". Su demanda es clara y persistente: "Pedimos que cese esta situación y un cambio de las políticas migratorias por alternativas inclusivas".

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