Inmigración

La oposición y las ONG denuncian la opacidad de Interior en el internamiento de inmigrantes en la cárcel de Archidona

Furgones de la Policía Nacional salen este viernes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona (Málaga).

El Ministerio del Interior, y con él Juan Ignacio Zoido, vuelven a estar en el foco de la polémica. El epicentro, de nuevo la cárcel de Archidona (Málaga), que se estrenó hace poco más de un mes con el internamiento de más de un millar de inmigrantes ante la saturación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal y como justificó entonces el propio ministerio. Agentes de la Policía Nacional encontraron este viernes el cuerpo sin vida de una de las personas que se encontraban en el centro, un hombre de 36 años de edad y de nacionalidad argelina. El cadáver, que apareció ahorcado, fue hallado por funcionarios encargados de su custodia en el interior de su habitación individual. 

Con este hecho vuelven a avivarse las críticas que se vertieron desde varias organizaciones de derechos humanos y desde la oposición a la actuación de la institución que dirige Zoido, ministro reprobado por el incumplimiento del compromiso de España con la Unión Europea en materia de acogida de refugiados. Desde Unidos Podemos, desde ONG como Málaga Acoge y desde el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP no dudan en denunciar la "opacidad" y el "oscurantismo" de los que ha hecho gala el Ministerio del Interior. "Ni siquiera sabemos con exactitud cuántas personas hay ahí dentro", lamenta José Luis Pascual, presidente de ACAIP. "La relación con Interior ha sido absolutamente opaca", coincide Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados. 

Ante estas acusaciones, infoLibre trató de ponerse en contacto con el Ministerio que, sin embargo, no dio ninguna respuesta oficial y se limitó a remitirse al comunicado enviado por la Policía Nacional de Málaga este mismo viernes. En él, el cuerpo explicaba las circunstancias en las que se encontró el cadáver e informaba de que "ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del interno y se está a la espera de los resultados forenses". Según informó a este diario Arantxa Triguero, presidenta de la organización Málaga Acoge, un juzgado de instrucción de la ciudad también ha abierto diligencias para resolver lo ocurrido. 

Este hecho se produce en un escenario que ya de por sí había sembrado la polémica y había suscitado numerosas críticas y denuncias. "Siete juzgados de la región de Murcia han autorizado trasladar a un centro de Archidona (Málaga) a la mayor parte de los más de medio millar de inmigrantes que han llegado este fin de semana de manera irregular a las costas de Murcia". Así explicaba el Ministerio del Interior la decisión de trasladar a estas personas al centro penitenciario Málaga II, que todavía no se había estrenado. Sin embargo, precisamente ese detalle, la no utilización del término "penitenciario" fue lo que provocó las quejas, aunque también fue el principal argumento que empleó la institución para intentar restar importancia a lo ocurrido.

En este sentido, a los pocos días de conocerse la noticia, el titular de Interior aseguró en varias ocasiones que el centro de Archidona "todavía no es" una cárcel. Y lo cierto es que, técnicamente, todavía no lo era porque ni siquiera había sido inaugurada. Aunque su construcción se había terminado en el año 2011, su apertura se había retrasado en numerosas ocasiones y existían dudas sobre si los retrasos se debían a la falta de unas condiciones adecuadas para los reclusos y, por consiguiente, para los inmigrantes. Aun así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 18 de marzo contradijo al ministro. Según quedó recogido en su artículo primero, ese día se creaba, "en el término municipal de Archidona (Málaga), un nuevo Establecimiento Penitenciario con la denominación de 'Centro Penitenciario Málaga II'".

Unidos Podemos solicita reprobar a Zoido

Los diputados de Unidos Podemos Alberto Garzón y Eva García Sempere registraron este mismo viernes una proposición no de ley para que el Congreso repruebe al ministro del Interior por "la grave vulneración de los derechos humanos" en la cárcel de Archidona. El líder de Izquierda Unida ya anunció este jueves la intención de presentar el texto, tal y como explicó él mismo desde las puertas del centro. "Estamos ante un claro incumplimiento de los derechos humanos. Estas personas no han cometido ningún delito, salvo el de ser pobres", lamentó. 

 

La iniciativa lleva también las firmas de Ione Belarra y Marcelo Expósito y en ella plantean que "el Congreso considera que Juan Ignacio Zoido no puede continuar al frente del Ministerio del Interior, una institución que debe velar por el respeto a los derechos humanos y no por provocar su más directa vulneración". "El uso de Archidona como CIE es ilegal y eso lo que conlleva son consecuencias trágicas", afirmó a infoLibre Belarra. 

En este sentido, el Servicio Jesuita a Migrantes argumentó que el internamiento "viola el artículo 62 bis 1" de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que establece que "los centros de internamiento de extranjeros", a los que se deriva a las personas que intentan entrar en nuestro país de forma irregular, "son establecimientos públicos de carácter no penitenciario". Además, esta medida estaría incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, se trata de la resolución 115/1987 de 7 de julio, que falla que "el internamiento" de extranjeros "ha de ser en centros o locales 'que no tengan carácter penitenciario'".

La senadora de Podemos Maribel Mora, por su parte, presentó una petición de comparecencia del ministro en la Cámara Alta. A través de un audio enviado a los medios de comunicación, Mora manifestó que esa muerte es "una desgracia anunciada", teniendo en cuenta la situación "límite a la que se ha sometido a estos 500 inmigrantes". 

Del mismo modo, el portavoz del área de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, David Serrada, avanzó que pedirá la comparecencia de Zoido en el Congreso. "Esto ya es la gota que colma el vaso de la situación que se está viviendo en Archidona. Es el punto final que debe hacer recapacitar al Ministerio del Interior sobre que fue un error habilitar ese centro, ha sido un error la gestión y el desenlace se podía haber evitado", declaró a Europa Press.

Paralización inmediata de las devoluciones

Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, han exigido una investigación profunda y que se paralicen las devoluciones de los inmigrantes que se vienen produciendo desde hace aproximadamente dos semanas. "Exigimos que se paralicen las deportaciones porque esas personas son testigos de lo que ha pasado", explicó Triguero a este diario. 

José Luis Rodríguez, portavoz de la Junta Directiva de la organización, ha lamentado además que se estén "reproduciendo" en la cárcel de Archidona "todos los males que afectan a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): menores ingresados, solicitantes de asilo expulsados, denuncias por abusos y suicidios".

En este sentido, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, afirmó el pasado 1 de diciembre que el centro tiene numerosas carencias para funcionar como un CIE. Tras la visita sorpresa de dos técnicos de la institución, el organismo declaró tener "dudas sobre la idoneidad de su empleo" para acoger a estas personas, puesto que el centro había sido ya designado "como centro penitenciario". 

Según indicó la institución en un informe, "los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluidos los baños". De esta manera, con la falta de horarios y actividades, "se favorecen los incidentes entre los internos". Por otro lado, la gestión directa con los extranjeros está siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que hacen uso de su uniformidad e instrumentos habituales. 

Belarra, que visitó Archidona, coincide en que las condiciones en las que viven los inmigrantes allí internos no son las adecuadas. "Estaban vigilados por antidisturbios y la mayoría llevaba la misma ropa con la que se bajó de la patera", denuncia. 

"La cárcel no está para quien no ha cometido ningún delito", critica Pascual, que añade que esta situación "es intolerable en un estado democrático". "Esperamos que los responsables de esto asuman su parte y dejen su puesto", concluye. 

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